De Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas., de 25 de Marzo de 2004
DE LEY GENERAL DE PROTECCION Y DESARROLLO DE LAS EXPLOTACIONES Y GRANJAS AVICOLAS Y PORCICOLAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto que expide la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En 1993 México firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que incluyó al sector agropecuario. En ese año se inició una desgravación lineal a 10 años de los aranceles al huevo, pollo y cerdo. En el caso de maíz amarillo o forrajero, que es exclusivamente de consumo animal, la desgravación se fijó a 15 años.
En vista de que México no es autosuficiente en la producción de este grano y depende de las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica, era evidente desde ese momento que habría un periodo entre los años 1993 y 2008 muy vulnerable y desventajoso para los productores nacionales, donde éstos tendrían que absorber los costos del arancel del maíz o, en su defecto, consumir sorgo, que es de una calidad nutricional muy inferior al maíz amarillo, y competir con los productos americanos libres o casi libres de aranceles.
En la actualidad el Gobierno de México otorga a los productores nacionales, a manera de paliativo, cupos muy limitados para la importación de maíz amarillo libre de arancel. No será hasta el año 2008 en que el acceso a tan preciado ingrediente podrá llegar alas bodegas de nuestros productores a precios internacionales.
Otro factor que le resta competitividad a México es la presencia de enfermedades en las granjas tecnificadas, que reducen los parámetros productivos de los animales y encarecen los costos de producción por la aplicación de tratamientos antimicrobianos. Dichas enfermedades son difíciles de controlar, debido a que comúnmente alrededor de estas granjas existen focos de infección.
Entre los más comunes están: los pequeños productores que tienen un nulo control sanitario, que no se apegan a las campañas zoosanitarias; los asentamientos humanos irregulares aledaños a las granjas también son un foco de contaminación, porque no cuentan con servicios sanitarios, drenajes y manejo de basura, y generalmente tienen animales de traspatio, que no se apegan a la normatividad de las campañas zoosanitarias, así como cernideros de gallinaza y cerdaza; tianguis de venta de animales, mataderos y rastros, entre otros.
Hablando del aspecto sanitario, para que un animal pueda crecer libre de enfermedades se tienen que dar varias condiciones. Que provenga de una fuente sana; que las condiciones de limpieza dentro de la granja sean las adecuadas; contar con un programa de vacunación, tener una logística de flujo de vehículos y personal correcta, y que las condiciones del espacio aledaño a las granjas sea limpio y libre de contaminantes, para reducir el riesgo de infección en los animales.
La razón de ello es que la transmisión de muchas enfermedades bacterianas y virales se pueden dar a través del aire, moscas e insectos y roedores, por lo que las medidas de bioseguridad que se tomen dentro de las granjas no son suficientes para garantizar que los animales no se infecten y enfermen. Es necesario que la zona que rodea a las granjas esté también libre de contaminantes.
Si los avicultores y porcicultores contaran con una legislación que les diera certidumbre sanitaria, podrían contrarrestar algunas de las desventajas competitivas que tienen con los países con los que nuestro país ha firmado tratados comerciales, con lo cual haríamos a México un centro atractivo para la inversión pecuaria. Esta legislación tendría que ofrecer además un cinturón de protección sanitaria alrededor de las explotaciones existentes o por establecerse.
Entre las amenazas a la avicultura y porcicultura nacional más inminentes están: Falta de una entidad del sector público única que coordine la actividad y opere la política agropecuaria en su conjunto.
Falta de políticas agropecuarias de mediano y largo plazo.
Falta de estructura financiera nacional, consecuente con el esquema de apertura.
Falta de normas específicas y homologadas así como su cumplimiento en materia sanitaria, de calidad y etiquetado para productos y subproductos nacionales e importados.
Discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación de cupos de importación.
Sistema aduanero deficiente.
Prácticas desleales de comercio y distorsiones de mercado por subsidios externos.
Falta de integración en la cadena productiva.
Falta de participación de los productores en el diseño e instrumentación de políticas públicas.
Falta de reconocimiento internacional a nuestro estatus sanitario. La actividad avícola genera 950,000 empleos, de los cuales 160,000 son directos y 790,000 son indirectos, además la tasa anual de los empleos generados por la avicultura es del 4%. En el caso de la porcicultura se generan 205,000 empleos, de los cuales 35,000 son directos y 170,000 son indirectos.
El primer productor internacional de carne de cerdo es China, abasteciendo el 50% del mercado mundial. México ocupa el décimo lugar, aportando sólo el 1% de ese mercado. Sólo como un ejemplo, el estado de Puebla ocupa el quinto lugar nacional, contado con una población tecnificada de 40,000 vientres, produciendo 60,000 cerdos mensualmente, con un promedio de 90 Kg que equivale a un total de 5?400,000 Kg de carne, que a precio actual de 14.80 /Kg arroja un saldo mensual de 79?920,000.
Es desmotivante para los avicultores y porcicultores invertir en la construcción de granjas en lugares aislados, con inversiones millonarias en instalaciones, equipos y animales sin ninguna garantía de que al lado no se vayan a establecer otras granjas, cernideros de excretas, plantas procesadoras, rastros o colonias habitacionales sin sistemas de drenaje y con animales de traspatio, que comprometan la bioseguridad de la granja.
Desde el punto de vista productivo, sabemos que para que los animales manifiesten su máximo potencial genético, velocidad de crecimiento, conformación muscular, calidad de canal, conversión alimenticia, producción de leche o huevo, etcétera, se deben dar las condiciones idóneas de nutrición, medio ambiente y salud. Si alguna de ellas falla, se pierde eficiencia productiva, los costos aumentan y se corre el riesgo de quedar fuera de la competencia.
Actualmente no existe una legislación que garantice a los productores que el medio ambiente alrededor de sus granjas esté libre de riesgos de infecciones para sus animales. Por ejemplo, hoy en día, si un empresario desea realizar una inversión millonaria en una unidad de producción pecuaria tecnificada en una región aislada, corre el riesgo de que el día de mañana se instale un vecino con tres animales sin control sanitario, ni una adecuada alimentación y, por lo tanto, es muy probable que esos animales puedan enfermar en cualquier momento y se convierten en un riesgo potencial de infección a dicha explotación.
El riesgo potencial al que se enfrenta nuestro país es que, al desaparecer la planta productiva nacional, desaparece la competencia y, como consiguiente, los precios al consumidor estarán sujetos a los establecidos por los brokers del mercado internacional.
En materia sanitaria existen normas oficiales que no se cumplen ni se acatan por todos los que están sujetos a estas disposiciones. Las autoridades acechan a los productores debidamente registrados como empresas y que están afiliados a asociaciones pecuarias o avícolas, pero no así a quienes trabajan fuera del marco de la ley y mucho menos a las explotaciones de traspatio.
Es más, la responsabilidad de estas explotaciones, en cuanto al cumplimiento de la normatividad...
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