Ley de Fomento para el Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas

LEY DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Ley publicada en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el sábado 16 de agosto de 2003.

DECRETO # 292

LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA

RESULTANDO PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio del año en curso, se dio lectura al Pleno de esta Asamblea Popular, de la Iniciativa de Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas, que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 65, fracción I de la Constitución Política del Estado y 132, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentaron los Diputados JOSÉ ESCOBEDO DOMÍNGUEZ, CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ ESCOBEDO, ISMAEL MURILLO MURILLO, FRANCISCO FLORES SANDOVAL y PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA.

RESULTANDO SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 56 y 59 párrafo 1, fracciones I y VI del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

CONSIDERANDO PRIMERO.- El 14 de septiembre de 1813, el insigne José María Morelos escribió en el punto 12 de los Sentimientos de la Nación: "... Que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre...". Sin embargo, éste postulado fundamental no se hizo presente en el devenir histórico en el que las instituciones y las leyes generadas en la joven nación independiente asomaran la intención de abatir la pobreza de un pueblo que por siglos había vivido sojuzgado y sumido en las peores condiciones de vida humana. De tal forma, que los acontecimientos políticos se sucedieron sin atender el desarrollo general como país, con la evidencia histórica que se encuentra ausente durante el siglo XIX, todo pensamiento económico y no se observa ninguna estrategia en materia económica que pueda considerarse como base o asiento estructural en nuestro país. El ejemplo se manifiesta en el Congreso Constituyente de 1857, en el que en el renglón económico, prevaleció el liberalismo clásico, en donde el Estado sólo se orienta hacia la protección de la propiedad privada, antes y sobre todo. Desde entonces la injusta distribución de la riqueza nacional es el signo que nos define y nos envuelve.

Las contradicciones económicas y sociales que se recrudecieron al principio del siglo XX condujeron al movimiento armado de 1910. Producto de esas contradicciones el programa central de la Revolución Mexicana se orientó en dos grandes líneas o vertientes de propósito: por un lado, el impulso decidido al desarrollo material del país, sobre la base de la recuperación nacional de los recursos básicos, la reforma agraria, las obras de infraestructura económica, la industrialización y la expansión del mercado interno. Por otro lado la satisfacción de las grandes demandas sociales del pueblo, que requería de una vasta labor educativa, asistencial y de seguridad social, así como considerables esfuerzos en materia de salud, vivienda, empleo y bienestar social.

En forma sucinta se pueden señalar las etapas que delimitaron las acciones posrevolucionarias, que finalmente fincaron el rumbo del país. La primera, que se considera de las transformaciones revolucionarias, y que sólo comprende los períodos de Obregón a Cárdenas, de los años 1922 a 1940. Y la segunda, que fue la etapa desarrollista que comprende de Ávila Camacho a Díaz Ordaz, de los años 1940 a 1970, la cual rompe los esquemas anteriores para impulsar sólo la promoción económica, subordinando a ella, la satisfacción de las demandas sociales. El principio de esta etapa, coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y México fue arrastrado por la economía de guerra.

Se generaron así los polos de desarrollo en el país, exigidos como prioridades económicas derivadas de las necesidades, militares ajenas a México. Con lo anterior, sólo se acentuaron las desigualdades regionales y sociales y se sentaron las bases de una creciente dependencia del país hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La concepción del desarrollo estabilizador, fórmula antisocial de crecimiento, se justificaba señalando que primero se tendría que desarrollar la riqueza de la nación, para lo cual habrían de seguir los principios de rentabilidad a corto plazo, lo más redituable para el punto de vista de la inversión privada. Sólo eso, la política del bienestar social, decían, vendría después. Lo importante para ese desarrollismo era mostrar las estadísticas que reflejaran el crecimiento económico y la expansión de capital en aras de fortalecer las economías centrales en el mundo.

La etapa posterior, de 1970 a la fecha, ha sido plena de desequilibrios económicos y financieros e inestabilidades sociales que han experimentado la presente generación, en todas sus expresiones y nos tienen en la actualidad, situados en indicadores socioeconómicos que son un reflejo de lo que ha sido la ruta histórica en nuestro país durante el último medio siglo.

Y así, aunque de acuerdo a la ONU somos la novena economía mundial, México también ocupa el lugar número 54 en cuanto a desarrollo humano y conocimientos y el nada honroso lugar número 69 en cuanto a distribución del ingreso.

Lo arriba expuesto, ha prevalecido a pesar de que ya existen reformas constitucionales en las que a partir del 28 de diciembre de 1982 se concede al Congreso de la Unión, facultades para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, que buscan ensanchar dilatadamente la rectoría económica del Estado estructurada en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución General de la República. Pero que en la práctica no se han reflejado en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de los mexicanos.

CONSIDERANDO SEGUNDO.- Que dadas las contradicciones conceptuales y la inconclusa aplicación de los ordenamientos constitucionales antes señalados, se requiere clarificar el significado del término desarrollo, sobre la bondad de las teorías económicas occidentales, en el que se tenga el pleno acuerdo de que el concepto desarrollo significa algo más que crecimiento económico, y que aquellos indicadores tradicionales como el producto interno bruto, tasas de inversión, productividad y todos los agregados que atiende la macroeconomía, no signifiquen por sí solos el desarrollo de una nación, sino que de acuerdo a los criterios de la ONU, aquel debe ser medido primero por el nivel de distribución de la riqueza en la sociedad, de tal forma que se valore el grado de justicia social, lo mismo que encauzar los esfuerzos del Estado y de la sociedad, en materia de rectoría económica.

En segundo lugar, el crecimiento y el desarrollo económico, deben considerar las variables cuantificables del pleno empleo, con sistemas de información estadística debidamente organizada, de tal forma que la fuerza laboral, en sus distintas modalidades de empleo y desempleo reflejen la realidad y permitan la cabal atención a este delicado renglón;

En tercer lugar, no debe soslayarse el desarrollo humano, en cuanto signifique la oportunidad de elegir entre diferentes alternativas de existencia, en donde las múltiples variables midan el mayor o menor grado de libre expresión en el campo cultural, artístico, político, económico, social, laboral, religioso, lingüístico y en todos (sic) aquéllas que dignifiquen la condición humana.

CONSIDERANDO TERCERO.- Que en el ámbito estatal, con las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado, publicadas y puestas en vigor en 1998, se incorporó el título relativo al sistema económico con el objeto de dar vigencia a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que como ya se dijo, en el artículo 25 se establece la rectoría económica del Estado, con lo cual se viene a subsanar, la omisión constitucional en el ámbito local, respecto a la obligación del Estado en materia de desarrollo económico, en la que además, se define y señala con precisión, el papel de los sectores público social y privado, con el propósito de alcanzar un desarrollo democrático de la sociedad en forma sostenida y sustentable como elemento fundamental para transitar hacia mejores niveles de bienestar social, cultural, político y económico en el Estado de Zacatecas.

CONSIDERANDO CUARTO.- Dentro del proceso de transición iniciado en la entidad en 1998 y luego en el ámbito nacional en el 2000, una de las tareas más complejas ha sido la reconstrucción del andamiaje político-institucional, en consonancia con la necesidad del cambio a un nuevo modelo económico que responda a las aspiraciones de la sociedad actual.

Se reconoce que ambos aspectos no pueden ser motivo de un reemplazo inmediato, dado que el proceso de la economía, en el primer caso, no debe sufrir vacíos generados por el Estado a los sistemas productivos, comerciales y de servicios y en el segundo, ya no se resistirían nuevas y repentinas irrupciones de normas y órganos regulatorios que compliquen aún más, el nivel de vida social y laboral derivado del sistema de mercados que impera en el país.

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