Ley de Atencion y Proteccion a Victimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Ley publicada en el No. Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el sábado 3 de mayo del 2014.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.

MARIANO GONZALEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed:

Que por conducto de la Secretaría Parlamentaría del Honorable Congreso del Estado con esta fecha se me ha comunicado lo siguiente:

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA.

DECRETO No. 15

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES Artículos 1 a 104

(REFORMADO, P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Artículo 1 La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

Tiene por objeto garantizar a las víctimas y ofendidos de los delitos y de violaciones a los derechos humanos que les reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables; así como establecer las bases para la implementación y funcionamiento de las medidas para su atención y protección, y asegurar la restitución de sus derechos de manera prioritaria y de ser posible, inmediata.

Esta Ley será de aplicación complementaria y, en su caso, supletoria a la Ley General de Víctimas.

La presente Ley obliga, a sus respectivas competencias, a las autoridades del Gobierno del Estado, de los Municipios, así como de sus poderes constitucionales, y a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas cuyas facultades, funciones o atribuciones estén relacionadas con la ayuda, asistencia, protección o reparación integral a las víctimas.

Artículo 2 La presente Ley tiene los siguientes objetivos:
  1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral del daño, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

  2. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral del daño;

  3. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en el estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

  4. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas, y

  5. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

    (ADICIONADA, P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

  6. Determinar la intervención y coordinación que en términos de la Ley General de Víctimas deberán observar las autoridades del Estado, los Municipios, las organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos que intervengan en los procedimientos relacionados con las víctimas, y

    (ADICIONADA, P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

  7. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas para la protección de las víctimas en términos de lo previsto en la Ley General de Víctimas.

Artículo 3 La calidad de víctima no se encuentra sujeta a que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al responsable del daño, así como a la existencia de cualquier relación de parentesco, laboral o afectiva entre el responsable y aquella.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Artículo 4

Para los efectos de esta Ley, se consideran víctimas aquellas personas físicas que hayan sufrido directa o indirectamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general, cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, legislación penal vigente y demás normatividad aplicable, derivada de una averiguación previa, un procedimiento penal, o administrativo, o en su caso de una carpeta de investigación.

También se consideran víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieren sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de sus derechos humanos.

La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o bien de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo derivado de aquel.

Se consideraran ofendidos, aquellos individuos que sufren en forma indirecta un daño material o moral con motivo de la comisión de un delito.

(ADICIONADO, P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Artículo 4 bis Para efectos de esta Ley, el otorgamiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
  1. Por el órgano jurisdiccional durante el trámite del procedimiento penal o de justicia para adolescentes;

  2. Por el órgano jurisdiccional mediante sentencia ejecutoriada;

  3. El juez en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

  4. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:

  1. El Ministerio Público;

b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que esta pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones correlativas.

La Comisión Ejecutiva deberá estudiar el caso y, de ser procedente, dar el reconocimiento formal de la condición de víctima. A dicho efecto deberá tener en cuenta los informes de la autoridad competente, de los que se desprendan las situaciones para determinar que la persona que lo ha solicitado, podrá adquirir la condición de víctima.

Artículo 5 En las políticas, programas, estrategias, lineamientos, acciones, mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, y demás ordenamientos aplicables serán diseñados, ejecutados, evaluados y aplicados los principios siguientes:
  1. Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedad por parte del Estado o de los particulares. Cuando sea el caso de arbitrariedad y abuso por parte del Estado, éste estará obligado a reparar el daño, de manera mancomunada con el servidor público que haya violado la Ley.

    En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

  2. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

  3. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos previstos en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

    Tanto las reparaciones del daño individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

  4. Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias en el menor tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda...

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