Lecciones aprendidas en Nuevo León sobre las prácticas anticorrupción
| Autor | Ernesto Canales |
| Páginas | 37-46 |
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Ernesto Canales*
“UN POLÍTICO pobre es un pobre político”, “la corrupción somos todos”, “la mordida es aceite para la burocracia”, “nadie aguanta un cañonazo de cincuenta mil pesos”, “la corrupción es parte de nuestra cultura”, “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, “no robo por necesidad, sino por vicio”, “el uso de la partida es… secreta”, “no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”, y un largo etcétera.
Todo lo anterior es el sustrato en que se ha movido la sociedad mexicana, causa y efecto directo de que no ha existido en el país una política pública integral de combate a la corrupción; causa y efecto que se retroalimentan al infinito.
Como producto de un sistema político unipartidista, basado en una red de complicidades, el combate a la corrupción ha aflorado como venganza política, no como preocupación del gobierno por el Estado de Derecho; el altísimo grado de impunidad —más del 98% de los delitos quedan sin castigo— se basa en los cimientos de la falta de voluntad política para combatir la corrupción: México no ha castigado el enriquecimiento ilegítimo de los políticos.
Los grandes problemas nacionales —narcotráFico, inseguridad pública, monopolios, concesiones de obra pública— que cito por emblemáticos, hasta la desigualdad social, siempre tocada por “clientelismos” oscuros, y la mismísima educación con “acuerdos gremiales” por “abajo del agua”, todos tienen un mismo tronco, erguido por raíces profundas de corrupción.
Existe el narcotráfico porque tenemos fuerzas de seguridad y autoridades que son corruptas, en un entramado mantenido por colusión de
* Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León.
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funcionarios y empresarios deshonestos, que apuntan a la cúspide de la pirámide mexicana, en donde el factor que aglutina es la corrupción.
La elección de un gobernador independiente en Nuevo León, ganador por insólita y abrumadora mayoría, quien hizo especial énfasis en campaña de “arrasar” con la corrupción, ha dado inicio a una práctica jurídica desde la procuración de justicia, de “combatir judicialmente” los delitos que vulneran el servicio público y causan detrimento al patrimonio estatal; los dos últimos sexenios en la entidad tuvieron una pésima fama respecto al manejo de los dineros estatales.
El gobierno de Nuevo León, sin filiación a partidos políticos, se ha propuesto llevar a juicio aquellos casos en los cuales se verifique corrupción, entendida como enriquecimiento ilegítimo, desvío de recursos públicos o abuso de autoridad; al efecto creó, dentro de la estructura de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, una Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, con autonomía de gestión, la cual presido.
El propósito, en el marco del nuevo sistema penal de juicios orales, es someter a juicio penal conductas de funcionarios que hayan dañado ilegalmente al patrimonio del estado; ante la imposibilidad de conseguir cambios normativos dado el control del Poder Legislativo por los partidos políticos, Nuevo León decidió “hacer de cenar con lo que hay en el refrigerador” y combatir la corrupción aplicando las leyes vigentes, sin esperar cambios estructurales que facilitaran este combate.
¿Qué lecciones podemos derivar de este ejercicio del poder neoleonés?
La lección fundamental ha sido la falta de voluntad tanto de la sociedad como de los políticos, que han dejado sin castigo los desfalcos contra el patrimonio de todos.
Nuevo León está demostrando que aun con el andamiaje actual, terriblemente ineficiente porque no fue diseñado para ello, se ha podido conseguir someter a proceso penal a los más altos empleados del estado, empezando por el ex gobernador Medina y la ex alcaldesa de Monterrey Margarita Arrellanes, por conductas ilícitas que dañan económicamente al estado.
En diez meses, la Subprocuraduría Especializada para el Combate a la Corrupción ha logrado judicializar centenares de conductas consideradas constitutivas de delito; ha conseguido identificar acciones —en modo, tiempo y lugar— y funcionarios —nombres y apellidos— con presunta responsabilidad; la voluntad del gobierno del estado ac-
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tual, respondiendo a presión social, ha sido clave para contrarrestar los múltiplos obstáculos encontrados para conseguir llevarlos a juicio penal.
Otra lección importante es el comprobar que la falta de política de Estado para castigar la corrupción dejó un lastre de barreras institucionales que dificultan enormemente el perseguirla; de forma sistémica los políticos fueron hábiles en obtener de la sociedad trabas que hicieran difícil imponer condenas por robar dineros públicos.
Al respecto, las rocas a remover para investigar y construir casos de corrupción, fueron colocándose como resultado al ambiente generalizado y permisivo de deshonestidad pública; cada obstáculo presenta su propia justificación con su “mini” universo de legitimidad. Como ejemplo de ello, “...la tres de tres no puede ser aprobada porque pone en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos” señala el presidente del Senado Emilio Gamboa, anteponiendo la “seguridad personal” de los funcionarios públicos sobre el combate a la corrupción; no se permite Gamboa reconocer que los problemas de seguridad son precisamente porque las policías “se...
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