Justicia Penal Alternativa en México
| Autor | Rafael Estrada Michel |
| Cargo | Abogado por la Escuela Libre de Derecho, Universidad de Salamanca |
| Páginas | 257-258 |
Quid Iuris, Año 9, Volumen 29, junio-agosto 2015 255
Recomendaciones editoriales
*Abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho
por la Universidad de Salamanca. Actualmente es Director General del Instituto Nacional de
Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República (INACIPE).
JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA
EN MÉXICO
Reseña: Rafael Estrada Michel*
RAMÍREZ Franco, César Fernando, Justicia
penal alternativa en México, México, Editorial
Porrúa, 2014, 329 pp.
La justicia alternativa en materia penal es un tema
presente en nuestro país desde 1997, año en
que por primera vez se estableció una ley sobre
la materia en Quintana Roo. Desde entonces
diferentes estados de la República, como
Sonora, Guanajuato, Colima, Oaxaca,
Aguascalientes, Nuevo León, Durango, Coahuila, Veracruz, Chihuahua,
Tlaxcala, Jalisco, Tamaulipas y Baja California, no sólo legislaron en el
mismo sentido, sino también instituyeron centros estatales de medios
alternativos para la solución de conflictos.
Este proceso –no exento de desaciertos al momento de replicar
experiencias locales- vino a ordenarse y consolidarse apropiadamente en
el ámbito federal en 2008 con las reformas constitucionales al Sistema de
Justicia que, entre otros conceptos, introdujeron en los artículos 17 y 18
los mecanismos alternativos de solución de controversias generadas por
el delito, como mandato que muy pronto deberá cumplirse en todos los
ámbitos del país.
Resulta claro que la justicia penal alternativa es una necesidad insoslayable
ante la crisis de un sistema jurídico rebasado por la enorme demanda en la
resolución de litigios, la saturación de los centros penitenciarios y, en general,
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