El juicio de amparo contra leyes
| Autor | J. Guadalupe Tafoya Hernández |
| Páginas | 595-621 |
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EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES
J. Guadalupe
TAFOYA HERNÁNDEZ
*
S
UMARIO
: I. Introducción. II. Control constitucional de las leyes. III. El
origen del amparo contra leyes en México. IV. El Supremo Poder Conserva-
dor. V. Acta Constitutiva y de Refor mas de 1847. VI. El sistema del juicio
de amparo de la Constitución Federal de 1857. VII. Constitución federal de
1917. VIII. Las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011 y la nueva
I.
INTRODUCCIÓN
El amparo mexicano es un juicio constitucional1 por el que los gobernados
pueden impugnar una norma general, un acto concreto o una omisión atri-
buida a una autoridad, cuando con ellos vulneren derechos humanos y ga-
rantías individuales, reconocidos los primeros y otorgados los segundos por la
Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte.2
El juicio de amparo aparece en el sistema jurídico mexicano, con la
3 Nace
como un medio de control parcial de la Constitución, sólo para proteger las
garantías individuales4 contenidas en los primero 29 artículos, y aquellos
preceptos que establecían la competencia de la Federación y la de las enti-
dades federativas.5
En su origen, la procedencia de este medio protector de garantías indi-
viduales se reducía expresamente a la impugnación de las leyes y de los actos
*
Consejero de la Judicatura Federal.
1
2
3
Tafoya Hernández, J. Guadalupe, El amparo de la justicia local, México, Consejo de la
Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura Federal, 2007, p. 94.
4
Ibidem, p. 141.
5
Artículo 101 de la Constitución de 1857.
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J. GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ
de autoridad, en sentido estricto. De la primera hipótesis de procedencia, es
decir, del amparo contra las leyes, se ocupará este breve estudio, que busca-
rá informar de su inicio, de su evolución, de su naturaleza, de su regulación
vigente y de los cambios que le incorporó la reforma constitucional del 6 de
junio de 2011 y la Ley de Amparo, publicada en el -
ción el 2 de abril de 2013.
Las reglas que rigen la procedencia del amparo contra leyes, estableci-
das en la Constitución de 1857, a casi 160 años de su promulgación, han
sufrido pocos cambios trascendentales; no fue sino hasta las reformas cons-
titucionales del 6 de junio de 2011 cuando tuvieron la transformación más
importante, entre otros aspectos, en el principio de relatividad de la senten-
cia, que fue la fórmula ideada por Otero.
En contraste con las reglas de procedencia del amparo contra leyes, la
procedencia del juicio de amparo contra actos concretos ha sufrido cambios
importantes. El Constituyente de 1857 creó un medio de control parcial de
relativos a la competencia de los estados y de la Federación. El Constitu-
yente de 1857 propuso y aprobó un amparo que sólo debía proceder por
la violación directa a las garantías individuales; por ejemplo, cuando fuera
reclamada una orden de aprehensión no dictada por autoridad judicial, una
pena de muerte ordenada por un alcalde, los destierros ordenados por los
gobernadores y los abusos de las comandancias militares; empero, nunca se
imaginaron que el juicio de amparo sería un instrumento para proteger la
legalidad de los actos de autoridad y menos para revisar una resolución de
carácter judicial, pues para corregir los errores de los jueces, los legisladores
sabían que existían los recursos ordinarios.6
Hoy, a 160 años de existencia, el amparo procede contra la más varia-
da gama de actos desplegados por las autoridades de todo orden, lo mismo
contra una sanción de carácter administrativo (multa, arresto, clausura o
suspensión de una obra) que contra una ley, reglamento, una resolución del
presidente de la República o una sentencia judicial.7
El amparo contra leyes es, sin duda, la nota que le otorga a nuestra pres-
tigiada institución el carácter de verdadero medio de control constitucional,
porque nada amenaza más a la pureza de una Constitución que la expedi-
ción de una ley que contradiga los principios y los designios plasmados en la
6
Tafoya, Hernández, J. Guadalupe, op. cit., pp. 141-143.
7
Ibidem, p. 17.
8
Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, 2a. ed., trad. de Eduardo García
Máynez, México, UNAM, 1995, pp. 146-148.
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