El juez, ¿un protector de los derechos sociales? Algunas notas para México
| Autor | Selene Villanueva Sossa |
| Cargo | Alumno del segundo año de Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, ambos por el Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas', Universidad Carlos III de Madrid |
| Páginas | 21-37 |
Derechos Fundamentales a Debate/Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 21
* Alumno del segundo año de
Doctorado en Estudios Avanzados
en Derechos Humanos. Máster en
Estudios Avanzados en Derechos
Humanos, ambos por el Instituto de
Derechos Humanos “Bartolomé de
las Casas”, Universidad Carlos III de
Madrid.
El juez, ¿un protector de los derechos sociales?
Algunas notas para México
Villanueva Sossa Selene
Sumario: I. Introducción. II. El juez y el constitucionalismo. III. El rol de los
jueces en la efectividad de los derechos sociales: ¿un sueño difícil de cumplir? IV.
Suprema Corte de Justicia de la Nación: decisiones importantes. V. Conclusión.
VI. Fuentes.
El juez no es un sujeto político y tampoco un órgano de representación, pues
le compete el desempeño de una función de garantía en última instancia de
la efectividad de los derechos fundamentales y, en general, de la observancia
de la legalidad; de lo que se sigue como corolario, la exclusiva sujeción a la
Constitución y a la ley y la ajenidad al sistema de partidos (Ibáñez, 2002: p. 9).
I. Introducción
Los derechos sociales han tenido un recorrido poco relevante para todos aquellos
que se deberían de encargar en conseguir su protección, sin tener en cuenta que
la violación a estos derechos representa la máxima violación a todos los demás,
incluyendo en ellos los económicos, políticos, civiles y culturales.
Uno de los máximos garantes de los derechos sociales es (o debería ser) el
juez, el cual se desenvuelve dentro del constitucionalismo; este último concepto
puede entenderse, de forma muy general, como el conjunto de doctrinas que
analiza y debate en torno a los distintos mecanismos que ofrece el Derecho para
limitar al poder y, por tanto, buscar la protección de los derechos humanos. Es en
las distintas versiones o clasicaciones de lo que es el constitucionalismo, ya sea
moderno o también conocido como neoconstitucionalismo, donde se debate de
forma crítica o defensiva con respecto a su actuación.
La presente investigación se encarga de explicar cómo a pesar de que el papel
del juez debería representar una cha importante para lograr ser el defensor de
los derechos sociales, este se ve inmiscuido en diversos obstáculos para lograr
hacer efectiva tal protección. Entre las causas más importantes se subrayan: la
Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos
22
falta de formación desde las universidades, el poco interés que se tiene por los
valores de dignidad, libertad y justicia (dejando de lado la garantía y salvaguarda
de los derechos humanos), el trayecto tan complicado por parte de las personas
que se encuentran mayormente desfavorecidas para acceder a los tribunales y,
por si fuera poco, el gran debilitamiento en el que se han visto inmiscuidos los
derechos sociales.
En la última parte del trabajo veremos que el Estado no queda fuera de esta
cadena de problemas, sigue sin existir una tradición garantista de los derechos
sociales, pues aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el máximo
tribunal del Estado) ha demostrado (sólo en algunas sentencias) ser progresista
en la justiciabilidad de tales derechos, aún queda un largo camino por recorrer,
ya que la protección de los derechos sociales no sólo recae en los jueces y en su
actuar.
II. El juez y el constitucionalismo
Pensar sobre la labor del juez en el constitucionalismo no es un tema actual,
esta necesidad surge aproximadamente desde mediados del siglo XX
(Suárez, 2014: p.103), logrando ser siempre un debate profundo. Respecto al
tema tratado en la investigación, el siglo XX se caracteriza por el desarrollo
de los primeros rasgos que acreditan la superación de un entendimiento
tradicional del juez pasivo, por un juez más activo, de ello se hablará con
mayor detenimiento más adelante (Carbonell, 2004: p. 51).1
El rol o el papel que ha logrado el juez tiene un cambio indiscutible
con el paso del tiempo. En la transición del Estado liberal al constitucional
ya no sólo se persigue un sistema de reglas, sino también de principios,
donde el juez alcanza un papel fundamental para la creación del derecho
(Roscada, 2013: p. 216). Dicho cambio, o responsabilidad adquirida en el
constitucionalismo actual, tiene que ver precisamente con la transformación
del derecho por el proceso de “rematerialización”2 que caracteriza el
derecho moderno (Ansuátegui, 2012: p. 27).
Si se menciona de forma muy somera, para no extendernos en el tema
podemos referir que el transcurso del tiempo ha reconocido tres tipos de
jueces: el discrecional, conservador y progresista, como bien alude Wilson
Yesid Suarez (2014: 106-109).
El juez discrecional se caracteriza por llevar inmersos amplios poderes
de decisión, sin ostentar parámetros de racionalidad claros. Por el contrario,
el juez conservador es aquel que trabaja bajo una discrecionalidad judicial.
Su principal función es declarativa del derecho existente, en contraste con
1. Haciendo un paréntesis, se puede
apuntar que México no queda fuera
a la hora de reconocer el papel del
juez. El poder Judicial empieza a
ocupar un lugar importante dentro
de la dinámica del Estado mexicano
a partir de la reforma que se logró
en 1994, cuando Zedillo ocupaba la
presidencia (Vázquez, 2010: p.382).
2. El autor considera el proceso
de “rematerialización” al cambio
de Estado de derecho por Estado
constitucional, entendiendo este
primero como un Estado en el
que la ley contaba con validez y
legitimación, autofundamentándose
y autojusticándose, sin la necesidad
de recurrir a fuentes extralegales
o a contenidos normativos. Por el
contrario, el Estado constitucional es
visto de tal modo cuando la ley está
denida y subordinada a criterios
sustantivos y cuando su formulación
explícita está sancionada por la
Constitución, dejando de ver esta
como una mera manifestación de la
voluntad (La Torre, 1993: 70).
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