Judicatura federal indaga a 5 funcionarios
Diana Lastiri
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene abierta una investigación en la que se intervinieron equipos de cómputo, se revisan teléfonos celulares y el patrimonio de los cinco servidores públicos cesados debido al hallazgo de dinero en la cajuela de un vehículo oficial.
Fuentes del gobierno federal confirmaron que hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de dinero que fue hallado en el automóvil adjudicado a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, puesto que desde el momento en que revisaron el vehículo, el viernes pasado, derivado de una denuncia anónima, evitaron tocarlo para no alterar las evidencias.
Entre el viernes y el sábado, la Contraloría del CJF tomó las declaraciones de los funcionarios involucrados en el uso del vehículo, así como en el registro de sus entradas y salidas, una vez hecho lo anterior, el automotor fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que tiene asegurado el automóvil y el dinero, y se encargará de determinar la cantidad.
EL UNIVERSAL confirmó que el dinero se encontraba en una bolsa de basura en la cajuela del vehículo y que el Ministerio Público tomó registro fotográfico del mismo y de las entradas y salidas del edificio del CJF en el que se encontraba.
Derivado de ello, Francisco Javier Pérez Maqueda, director General de Inmuebles y Mantenimiento, y cuatro funcionarios cercanos a él, incluido Juan Carlos Hernández Paredes, chofer de Pérez Maqueda, fueron cesados para evitar entorpecer las pesquisas que realiza tanto la Contraloría del CJF como la PGR.
Las otras personas que fueron suspendidas de sus funciones son: Ricardo Michel Hidalgo González, coordinador técnico; Paola Graciela Silva Larios y Rodolfo Martínez Quintero, ambos con el cargo de secretarios técnicos, cuyas funciones estaban involucradas en la toma de decisiones del área encabezada por Pérez Maqueda y encargada de las licitaciones.
Como parte de la indagatoria administrativa, la Contraloría revisa las licitaciones más significativas de la gestión de Pérez Maqueda, que se refieren a la remodelación y construcción de los centros de Justicia Penal a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tijuana, Oaxaca y Tlaxcala.
Hasta el momento, la contraloría no ha encontrado irregularidades en la adjudicación de los contratos del Centro de Justicia de Apizaco, Tlaxcala, confirmaron fuentes federales.
Indicaron que al igual que la...
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