José Roble Flores F. / ¿A quién pertenecen las elecciones?

AutorJosé Roble Flores F.

Uno de los pilares de los avances democráticos-electorales en México, sin duda, ha sido la autonomía de los órganos electorales (OE), que de alguna manera inició con la reforma electoral de 1977 y culminó en 1996 con su ciudadanización.

A partir de ese momento, y con la participación ciudadana en la organización de los procesos electorales, se movió el centro de gravedad, pues ya no sería el Estado ni los partidos políticos los responsables de la organización de las elecciones.

Este cambio no fue gratuito, sino fruto del esfuerzo y sacrificio de muchas personas, derivado de la enorme desconfianza que provocaba la participación del Estado en el proceso electoral.

En efecto, tuvo que correr mucha sangre y se tuvo que gastar mucha tinta para tomar conciencia de la manipulación que el Estado ejercía en el sistema electoral y para presionar por la apertura democrática.

Recordemos el momento que se vivía en ese tiempo: un partido político controlaba el Poder Ejecutivo Federal, la mayoría del Congreso de la Unión y la mayoría de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los Gobiernos Estatales (cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia).

"Casualmente", consumada la transición de los OE del Gobierno a los ciudadanos en 1996, en los comicios de 1997, el partido en el Gobierno perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y en el 2000 perdió el Poder Ejecutivo.

Con ello se inició una evolución hacia la normalización democrática-electoral que ha permitido la alternancia de tres partidos en el Poder Ejecutivo Federal, diversas configuraciones del Congreso de la Unión y un sinnúmero de cambios de partidos en los Gobiernos estatales, Alcaldías y Congresos estatales.

Ahora es fundamental el fortalecimiento de los OE y que los políticos respeten las decisiones de éstos, pues aún quedan muchos retos por superar. El más importante de ellos, considero, es robustecer los mecanismos de fiscalización de los recursos que fluyen durante los procesos electorales.

Basta mencionar que, según estudios, durante los meses previos a los procesos electorales del 2012 y 2015, hubo un aumento de más 33 mil millones de pesos en el flujo de efectivo circulante en el País.

En otros estudios se considera que por cada peso que un candidato a Gobernador reporta y que los OE fiscalizan, hay 15 pesos más que no se reportan ni fiscalizan. Traslademos ese dato a una elección presidencial, de Diputados o cualquier otra y dimensionemos el tamaño del desafío...

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