Jorge Fernando Negrete P. / La 4T ¿una empresa telecom?

AutorJorge Fernando Negrete P.

¿El error del Presidente está en sus ganas? ¿En su entusiasmo por conectar a la sociedad? ¿En el legítimo deseo de ayudar a los pobres? No, el error está en el menosprecio a lo realizado, a la extraordinaria arquitectura institucional con la que cuenta; al abandono de sus asesores estrella.

México tiene que conectar a todos los mexicanos. Garantizar el acceso a Internet y de servicios de telecomunicaciones. Esto es un mandato constitucional. Cuando existe asimetría en el consumo de bienes y servicios, el Estado convoca una de sus más fascinantes facultades de acción pública: la rectoría económica. En 1984 surgió el capítulo económico de la Constitución y se incorporaron una serie de herramientas para dirigir la actuación del Gobierno cuando tiene que actuar ante una situación de vulnerabilidad social o marginación económica.

Desde la Economía Política, una perspectiva de análisis y enfoque sobre lo público, se fundamentó para generar estas herramientas. Si se quiere ver desde el lado político, este enfoque es eminentemente marxista, con la intención de incidir, con lucidez, frente al mercado. ¿De qué se trata? El Estado cuenta con facultades de orientación o política pública; estímulos, de tipo fiscal o fondos de inversión; regulación, al crear órganos regulatorios, sobre todo de competencia; y de sustitución, como la empresa pública.

Para efectos del sector de telecomunicaciones, hemos tenido de todo: una política fiscal mal diseñada con el IEPS, viejos fondos de acceso universal que nadie sabe dónde están y empresas públicas como Telecomm, Satmex (desincorporada) y facultades de cobertura propias de la Subsecretaría de Comunicaciones.

La Subsecretaría de Comunicaciones desarrolló un espléndido trabajo con el programa México Conectado, hubo momentos relevantes de cobertura de Internet satelital y servicios financieros por parte de Telecomm de México, y recientemente, la Reforma de Telecomunicaciones creó una asociación público-privada bajo la forma de una Red Compartida.

Es decir, tres acciones de política pública se orientaron a garantizar el derecho de acceso a Internet y servicios de telecomunicaciones establecidos en la Constitución.

Desde el lado regulatorio, los operadores de telecomunicaciones como Movistar, AT&T y América Móvil cuentan con un título habilitante, una concesión. Este instrumento es un poderoso documento del derecho mexicano que en la nueva legislación incorpora el concepto de servicio público. Es una acción impuesta...

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