JAQUE MATE / Libertad de ofender
| Autor | Sergio Sarmiento |
"¿Qué es la libertad de expresión?
Sin la libertad de ofender no existe".
Salman Rushdie
Nadie cuestiona que haya legislación que sancione el daño moral, la difamación o la calumnia. Pero hay que castigar las faltas y no utilizar las leyes como herramientas para que los poderosos coarten la libertad de expresión. Este uso lo vimos en el caso de Lydia Cacho y por eso se eliminó la difamación de los códigos penales. Ahora lo vemos en la demanda civil por daño moral que Humberto Moreira ha promovido contra Sergio Aguayo.
Aguayo, académico del Colegio de México, columnista y comentarista, fue demandado por Moreira en 2016 por un artículo en el que hablaba del "hedor corrupto" del exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. Moreira había sido detenido en España por presuntos actos de lavado de dinero y corrupción, aunque el caso fue sobreseído posteriormente.
Aguayo fue absuelto en primera instancia en 2019, pero la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX revocó la absolución y lo condenó a pagar una indemnización por 10 millones de pesos. En el tribunal participaba el magistrado José Huber Olea Contró, cuyo hermano recibió una notaría en Coahuila de Rubén Moreira, hermano de Humberto, según publicó Luis Carlos Plata en el periódico Zócalo de Coahuila.
Parte del problema es que el artículo 1916 del Código Civil establece que el daño moral se comete cuando se comunica una imputación a una tercera persona, física o moral, "de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien". La clave es que el hecho imputado sea cierto o falso. Esto significa que la verdad no es defensa.
En 2007 se añadió el artículo 1916 Bis para aclarar: "No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6º y 7º de la Constitución General de la República".
Aguayo está buscando ahora un amparo directo al fallo del tribunal. El juez de primera instancia autorizó el embargo de las propiedades de Aguayo para cubrir el pago de 10 millones de pesos de la sentencia del tribunal. Ayer Aguayo informó que la amenaza de embargo ha sido conjurada tras haber transferido 450 mil pesos que servirán de garantía para proceder al juicio de amparo.
En los países democráticos las leyes castigan la difamación y la calumnia...
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