Introducción
| Autor | Gonzalo Altamirano Dimas |
| Páginas | 3-3 |
3
Estudio
Gobierno de coalición
INTRODUCCIÓN
Las modificaciones a las reglas del juego electoral y la incidencia de pluralidad político-
partidista en los procesos electorales han visto la luz durante las casi dos décadas de la
presencia del gobierno dividido en México; esto es, que el Presidente de la República
cuenta con un Congreso fragmentado. Esta realidad motivó en 2010 que el Presidente de
la República, Felipe Calderón Hinojosa, concibiera una propuesta de reforma política
orientada a resolver esta nueva realidad del presidencialismo mexicano, y en 2011, con el
mismo objetivo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sometió a la consideración de
los entonces candidatos presidenciales una propuesta que se denominó gobierno de
coalición. Sin embargo, ninguna fue aprobada, empero con posterioridad al triunfo del PRI
en la contienda electoral del 2012, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
impulsó y logró que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática
(PRD) se adhirieran al PRI para impulsar una nueva agenda de acuerdos legislativos
denominada “Pacto por México”.
En los gobiernos presidenciales, tener posiciones en el poder Ejecutivo federal no es
suficiente, sino que es necesario, igualmente, tener la presencia suficiente tanto en el poder
Legislativo federal (Congreso de la Unión) como en los Ejecutivos de los estados; figura
trascendente en tanto que las reformas constitucionales requieren la aprobación por
mayoría calificada del Congreso de la Unión y además la aprobación de al menos las dos
terceras partes de los legislaturas estatales.
En la esfera académica se ha denominado “gobierno sin mayoría o gobierno dividido” en
el que “ningún partido tiene la mayoría en la asamblea, el partido del presidente no tiene la
mayoría y el partido del gobierno central no controla la mayor parte de los gobiernos
regionales o locales” (Colomer, 2001: 179). La formación de las coaliciones podría dividirse
como pre y post electoral. Y ocurren porque existe un incentivo de cálculo estratégico para
influir en el poder. El aspecto fundamental es analizar la disposición de los actores políticos
asumir el costo implícito u optar por apostar a los resultados de los procesos electorales.
Desde la óptica racional del comportamiento político se percibe a los partidos como entes
que “ya no son vistos como cuerpo de un principio específico, sino más bien como
maximizadores de votos sin auténticas ideologías propias.” (Daalder, 2002: 64). Esto es,
que la ausencia de cooperación se produce porque el partido en el poder persigue el único
interés de mantenerse en el gobierno, y bajo esa lógica toma decisiones de bajo costo
político para obtener altos beneficios, y los partidos en o de oposición aspiran la asunción
al poder en el siguiente período, y por ende su comportamiento podría ser el mismo. De
este modo las políticas públicas se instrumentan persiguiendo la captación del voto dejando
la ideología en segundo término.
De otro modo, es deseable que los gobiernos de coalición se materialicen con aquellos
partidos políticos de menor distancia ideológica entre sí, y en momentos coyunturales. O
en situaciones de emergencia, entre todos los partidos involucrados.
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