El inquilino y la señora Wallace
| Autor | Ricardo Raphael |
En octubre del año pasado el grupo de trabajo de la ONU contra la detención arbitraria festejó la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a Brenda Quevedo Cruz, una de las personas acusadas, mediante fabricación de pruebas, por el secuestro del hijo de la señora Wallace.
Han transcurrido seis meses sin que tal promesa se cumpla; mientras tanto, continúa la impunidad que ha protegido a esta influyente mujer, a pesar de que hay evidencia relevante para suponer que ella fraguó una de las mentiras más escandalosas en la historia criminal mexicana.
Entre las piezas de evidencia, presuntamente inventadas, destacan una gota de sangre, hallada el martes 14 de febrero de 2006 en la regadera del departamento 4 del edificio ubicado en la calle de Perugino 6, colonia Insurgentes Mixcoac. También, en la misma diligencia de cateo, habría aparecido una licencia vencida a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien en realidad se llama Hugo Alberto León Miranda.
Impone dudas sobre estos dos hallazgos el hecho de que ninguna de estas pruebas haya sido detectada cuando se celebró el primer cateo en ese mismo departamento, siete meses antes, el viernes 15 de julio de 2005.
A la luz de los datos aportados por investigaciones más recientes, cabe aventurar una nueva teoría criminal del caso Wallace, la cual no apuntaría hacia los supuestos secuestradores, sino contra quienes fabricaron la acusación.
La clave de esta historia recae en la persona que rentó el departamento 4 de Perugino 6 entre octubre de 2005 y febrero de 2006: Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez.
Jacqueline Galván López -la administradora del inmueble donde presumiblemente habría sido plagiado y descuartizado el hijo de la señora Wallace- hizo declaraciones importantes a este respecto ante la SIEDO y frente al juez de la causa.
En ambas ocasiones dijo que en septiembre de 2005 -dos meses después del plagio denunciado- ella solicitó permiso a un comandante de apellido Franco, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para rentar de nuevo el inmueble donde habría ocurrido el crimen denunciado por la señora Wallace.
Asegura también la administradora haber recibido permiso para firmar un contrato con el nuevo inquilino que, a partir de octubre de 2005, ocuparía el inmueble aludido. En sus declaraciones, ella refirió el nombre del nuevo arrendatario: Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez.
Nueva evidencia, en posesión de este periodista y...
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