Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Banco de México y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
| Fecha de registro | 06 Noviembre 2008 |
| Estatus | Concluida Art. 219 |
| Tipo de proyecto | Modificaciones a leyes existentes |
Iniciativas que se mantienen vigentes en la Legislatura LXII (Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen)
Los suscritos, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, Senadores de la República en la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Banco de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actual crisis financiera mundial otorga la razón a las críticas históricas de la izquierda mexicana entorno a las limitaciones y peligros de un paradigma de pensamiento económico que traslado al mercado responsabilidades tradicionalmente depositadas en el Estado, por su importancia para el interés público, como el crecimiento económico, la generación de empleo, la justicia económica, la distribución del ingreso y la estabilidad.
En el ámbito de la política monetaria, los cambios de enfoque no sólo abarcan el diseño de las políticas, sino el de las instituciones. La noción neoliberal destaca la necesidad de disolver los problemas de la llamada inconsistencia temporal, esto es, las incongruencias gubernamentales entre anunciar políticas de combate a la inflación y luego contradecirlas en función de ganancias políticas y electorales que la teoría económica usualmente presupone transitorias. El descrédito real o imaginario de los gobiernos, lleva a declarar la independencia de los bancos centrales para que persigan sin contaminación política objetivos de estabilidad de precios; la credibilidad externa se torna predominante. En suma, el anclaje simultáneo fiscal y monetario constituye una postura destinada a ganar credibilidad externa en torno a las acciones estabilizadoras de los gobiernos, que reduce en alto grado los márgenes de maniobra de las políticas públicas internas y les imprime un carácter marcadamente procíclico. En términos de resultados en México y América Latina las políticas neoliberales llevan más de 20 años de implementación sin que éstas pudieran reactivar el camino del crecimiento sostenido con desarrollo social.
Para enfrentar la crisis los países que han defendido al neoliberalismo y su implementación en los países en desarrollo, paradójicamente, han retornado a políticas de intervención directa del Estado para rescatar a los bancos y empresas del sector financiero y automotriz.
El actual modelo económico es incapaz de alcanzar una tasa de crecimiento del 6% sostenido, mucho menos la generación de 1.2 millones de empleos que requieren los jóvenes y la población en general. En este sentido, es tiempo de que el Congreso de la Unión abra un debate serio, profesional y con visión de largo plazo, sobre todo frente a la recesión de los Estados Unidos y sus efectos a nivel mundial, que contraerá el crecimiento económico mundial y nacional.
El agotamiento del paradigma neoliberal obligará al retorno ordenado de la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales en sectores como el campo y la industria; la regulación de la banca extranjera; una reforma fiscal que fortalezca el gasto público, así como la coordinación de las políticas fiscales y monetarias para controlar la inflación, pero con promoción del empleo, y un sistema financiero competitivo.
Se requiere el reestablecimiento efectivo de los principios constitucionales que señala nuestra carta magna en materia de rectoría económica del Estado, para reactivar los motores internos de crecimiento conforme lo establece el artículo 25 constitucional. Esta tesis es un viraje de forma y fondo de la concepción neoliberal que prevalece en la administración pública y en el Banco de México, que obliga al Congreso de la Unión a abrir de manera urgente e inmediata un debate con el Ejecutivo sobre el replanteamiento del andamiaje institucional del Estado para lograr los objetivos de crecimiento y empleo.
La tormenta económica que enfrentamos y que se recrudecerá en 2009, según los organismos internacionales, no requiere de más experimentos falaces de políticas contracíclicas. La nación demanda del Ejecutivo la implementación de acciones que respondan con eficiencia ante la magnitud de la crisis más importante desde 1929. Asumamos las exigencias sociales para explorar políticas económicas alternativas de Estado.
En este sentido, y conscientes de las limitaciones de la actual política económica para reactivar el desarrollo nacional, se propone una reforma integral para fortalecer la política monetaria y la política fiscal en la promoción del crecimiento económico y del empleo, a través de la coordinación del gasto público con el manejo estratégico del tipo de cambio y de la tasas de interés de largo plazo, el uso de las reservas internacionales para financiar proyectos productivos y energéticos, así como el mejoramiento de la transparencia en la política monetaria.
Transición del mandato único al mandato dual
Los proponentes de esta iniciativa consideramos agotado el esquema del mandato único del Banco de México para las necesidades de una economía que no ha experimentado un crecimiento sostenido como el logrado desde el desarrollo estabilizador. La autonomía que ha asumido el Banco de México es un blindaje que protege un paradigma de pensamiento en función de las necesidades del mercado. El actual diseño institucional que rige la política monetaria requiere integrarse no sólo a los objetivos de ofrecer condiciones de crecimiento económico y generación de empleo, sino a una cooperación institucional para coordinar la política fiscal y monetaria.
El objetivo de la autonomía del Banco de México en la reforma constitucional de 1993 se fundó en restringir el arbitrio del régimen presidencialista que utilizó al banco central como emisor de crédito para financiar el exceso de gasto gubernamental por arriba de su capacidad real de pago. Desde la óptica monetarista, las espirales inflacionarias fueron causadas por el exceso de crédito[1] del banco central. Así se expresa en la iniciativa de Ley de 1993, que se cita:
"La autonomía del Banco de México implica que ninguna autoridad pueda exigirle la concesión de crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero (billetes y monedas) en circulación. La finalidad de la autonomía es que la operación del banco central sea conducente a la conservación del poder adquisitivo de la moneda nacional. Esto quiere decir que los precios de todas las cosas se mantengan estables a lo largo del tiempo."
La reforma constitucional de 1993 concibe la autonomía del banco central como la separación en la toma de decisiones de política monetaria, de criterios y necesidades del Ejecutivo para determinar del monto y manejo de su propio crédito, tal como quedó expresado en el artículo 28 Constitucional:
"El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento."
La autonomía otorgada al Banco de México forma parte de una estrategia para el establecimiento de un esquema tradicional de Metas de Inflación. En dicha reforma se sustenta la autonomía bajo tres principales ideas: a) un mandato constitucional que establece como prioritario[2] el objetivo "de la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda[3]"; b) la integración de la Junta de gobierno sin capacidad de renovación discrecional del Ejecutivo, y c) La independencia administrativa.
La descoordinación de la política fiscal y monetaria genera una ineficiencia estructural para reactivar el ciclo económico de la economía mexicana
La presente iniciativa es el replanteamiento del diseño institucional en que opera el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de coordinación de la política fiscal y monetaria con el fin de potenciar el crecimiento económico y el empleo. En el presente año se planteó un programa económico con fundamento en la teoría de la demanda agregada de Keynes, pero en su esencia contradictoria, ineficaz y descoordinada para enfrentar la desaceleración económica de los Estados Unidos.
Las políticas económicas contracíclicas tienen su origen en la teoría de la demanda agregada de Keynes, que parte del principio de que frente a la incapacidad de la economía de reactivarse el Estado participa generando consumo a través del gasto y la inversión pública, reactivando la producción de bienes y servicios. Una verdadera política contracíclica tiene, por una parte, una política monetaria que reduzca las tasas de interés para liberar el financiamiento, la liquidez y el consumo, y por el lado del gasto, una política fiscal de reducción de impuestos y ampliación del gasto público para incentivar la demanda agregada del mercado interno.
El gobierno federal anuncio a principio de año, una política contracíclica para enfrentar los efectos de la desaceleración de los Estados Unidos, mientras aplicaba nuevas cargas fiscales como el Impuesto sobre Depósitos (IDE), y el Impuesto Especial de Tasa Única (IETU) que han impactado directamente sobre la generación de empleo y la demanda agregada. El Subsecretario de Egresos de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome...
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