Iniciativa parlamentaria que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código Nacional de Procedimientos Penales., de 13 de Junio de 2018
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2018
El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a la siguiente Exposición de motivos
Recientemente, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y EQUIS: Justicia para las Mujeres, presentaron el informe “51%, Una agenda para la igualdad”, que “explora las barreras que enfrentan las mujeres en México en seis temas fundamentales”: 1 • Maternidad forzada; • Criminalización de mujeres por aborto y relacionadas con drogas; • Acceso a la justicia; • Violencia obstétrica y muerte materna; • Seguridad social, conciliación y derechos laborales; y • Democracia paritaria.
El referido informe indica que en “México, no necesitamos inventar más políticas “rosas” o instituciones nuevas. Necesitamos asegurar que los mecanismos existentes funcionan y que los derechos plasmados en el ordenamiento jurídico se garanticen. Necesitamos procesos de diseño de políticas públicas que incluya la voz de las mujeres, especialmente la de quienes han vivido violencia y mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación que permitan conocer si los programas están funcionando”. 2 por lo que plantean, es indispensable realizar cambios “para alcanzar la igualdad de género y, con eso, contar con una sociedad más justa y democrática”.
Así, respecto al acceso a la justicia, las organizaciones señalan que, a pesar de la inversión de gran cantidad de recursos para crear mecanismos institucionales para prevenir, atender y sancionar la violencia de género, “las mujeres enfrentan procesos lentos, largos e ineficientes para acceder a la justicia, que involucran a policías, ministerios públicos y jueces que operan con base en prejuicios y que fallan sistemáticamente en incorporar la perspectiva de género a su trabajo”. 3
La situación, y el acceso a la justicia, por parte de las mujeres resulta alarmante: “De los más de 40 millones de mujeres que hay en México, 66.1 por ciento ha enfrentado algún tipo de violencia [...]. Sin embargo, cada año sólo se presentan 150 mil denuncias por violencia de género, de las cuales, 11 por ciento resultan en investigaciones por parte del Ministerio Público. De éstas únicamente 2.4 por ciento reciben sentencias condenatorias”. 4
Lo anterior deriva de “un sistema que [...] revictimiza [a las mujeres], les impone obstáculos y condiciones arbitrarias y las somete a procedimientos tardados y complejos”. 5 Además, existe un restringido acceso a las sentencias, que impide “evaluar si las medidas [...] [adoptadas por el Poder Judicial] están dando resultados”: 6 de las “pocas sentencias que sí...
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