Iniciativa parlamentaria que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público., de 4 de Diciembre de 2007

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, Cuauhtémoc Velasco Oliva, en mi carácter de diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 28, 31, 34 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma y los artículos 27, 29, 32 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El tema de la corrupción nos remite necesariamente a abordar uno de los aspectos más negativos de la sociedad actual. La corrupción estableció sus cauces en la actividad política: formó una cultura, institucionalizó la deshonestidad, determinó la forma de hacer carrera dentro del poder público, condicionó la forma de hacer negocios, delineó la forma de ser periodista, líder sindical, dirigente partidista y ciudadano.

En ese marco, se fue gestando una dañina politización de la administración pública en nuestro país, marcada por una fusión entre las élites políticas, la alta burocracia y los empresarios, favoreciendo el desarrollo de una corrupción institucionalizada, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada con fines privados, el clientelismo, el abuso de autoridad, y el nepotismo, por citar algunos ejemplos.

La vida del país se sustentó en diferentes prácticas que hasta nuestros días se mantienen, y que favorecen, incentivan, y alimentan fuertemente la práctica de la corrupción en nuestro país, como son: A) la discrecionalidad en el ejercicio de gobierno; B) la impunidad; C) la burocratización y falta de profesionalización de los funcionarios de la administración pública, D) la sobreregulación, E) el influyentismo, F) la conformación y abuso de poder, G) el nepotismo, H) el amiguismo, I) las cofradías y mafias, J) la transa. Todas estas prácticas se han arraigado en el país desde el periodo de la Revolución mexicana (como parte del clientelismo y del corporativismo), y lamentablemente para México, hoy más que nunca están vigentes y prevalecen en la vida cotidiana de nuestra sociedad.

Lo más delicado de la corrupción en nuestro país, no sólo es que invade todos los sectores tanto públicos como privados; sino los costos tan grandes que genera para la sociedad mexicana.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, los actos de corrupción cuestan a México en total 60 mil millones de dólares anuales o el equivalente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras, lo que representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) .

El mismo Banco Mundial y diversos estudiosos del tema mencionan que entre las distorsiones de carácter económico y las consecuencias más relevantes que genera la corrupción y de los cuales nuestro país no escapa, se encuentran las siguientes: 1. Aumenta los costos de transacción y la incertidumbre de la economía.

  1. Desalienta las inversiones productivas y favorece las inversiones especulativas.

  2. Provoca incentivos negativos para qué los negocios busquen favorecerse más del amparo del poder que de las mejoras de su productividad y competitividad.

  3. Prohíja los mercados monopólicos u oligopólicos y desprotege a los consumidores.

  4. Mina la legalidad, el Estado de Derecho y favorece la impunidad.

  5. Desvía los recursos y las prioridades de inversión -por el contratismo- hacia actividades poco rentables desde el punto de vista social y económico (elefantes blancos).

  6. Estimula las actividades ilícitas y prohíja la delincuencia organizada.

  7. Propicia la elusión y evasión fiscal, disminuyendo la capacidad de captación fiscal del gobierno.

  8. Reduce la capacidad del Estado para proveer servicios y promover el crecimiento.

  9. La corrupción opera como un impuesto regresivo contra los sectores económicos y sociales más débiles.

  10. La corrupción genera más trabas burocráticas.

  11. Deteriora la calidad de los servicios del gobierno.

  12. Desvía los beneficios de los programas sociales de sus destinatarios.

  13. Favorece la desigualdad económica y la creciente concentración del ingreso.

  14. Debilita las finanzas públicas.

  15. Aumenta el Riesgo-país. Debemos subrayar: Los altos costos socioeconómicos que la corrupción genera justifican la urgencia de acciones concretas para combatirla en tanto disminuye las posibilidades reales de desarrollo nacional.

Adicionalmente, conforme al Índice de Percepción de la Corrupción 2007, de Transparencia Internacional, los países más pobres son los que más sufren bajo el yugo de la corrupción y en última instancia es su responsabilidad encarar el problema.

El organismo señaló que pese a algunos logros en esa materia el fenómeno continúa implicando un enorme escape de recursos vitales para la educación, salud e infraestructura y señaló la necesidad de contar con un sistema judicial e independiente para eliminar la impunidad, hacer cumplir el Estado de derecho y promover la confianza de los ciudadanos, donantes e inversores.

El informe 2007 de TI, establece, según el grado de corrupción existente entre los funcionarios públicos y políticos, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) va de 10 para un Estado considerado como "limpio" a 0 para un Estado considerado "corrupto".

El informe otorga a Chile 7 puntos, España y Uruguay 6.7, Costa Rica 5, Cuba 4.2, Salvador 4.0, Colombia 3.8, Brasil, México y Perú 3.5, Argentina 2.9, Bolivia 2,9, Nicaragua 2.6, Paraguay 2.4, Ecuador 2.1, Venezuela 2.0 y Haití 1.6.

Según ese índice de percepción de la corrupción, establecido también con base en informes del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial y de organizaciones independientes, México mejoró su calificación, que pasó de 3.3 puntos en el 2006 a 3.5 puntos en el 2007.

Las conductas contrarias a la Ley se presentan en casi todos los niveles de gobierno y en el caso de la licitación de obras, el manejo discrecional de asignación de contratos es campo fértil para acciones corruptas.

Por ejemplo, las empresas que ganan las licitaciones posteriormente subcontratan a otros que no cumplen con las normas de seguridad y sus empleados ni siquiera cuentan con las herramientas y capacitación necesarias para llevar a cabo sus tareas.

En el caso de Pemex, por citar alguna de las empresas públicas que se han visto saqueadas por la corrupción, se muestra incapaz de impulsar el crecimiento económico y desarrollo nacional, producto del gradual desmantelamiento y la asfixia fiscal que padece, a lo que se agrega la incapacidad de los funcionarios, la corrupción y complicidad de éstos con inescrupulosos contratistas que por medio de licitaciones "arregladas" vía el "tráfico de influencias" y, por supuesto, nada transparentes, se adueñan de la operación estratégica de la empresa.

Así, resulta preocupante que Pemex, una empresa estratégica para el país, se vea presa de la ambición de diversos grupos de contratistas y funcionarios corruptos e ineficaces, que además de llevar a la empresa a un acelerado proceso de deterioro de su infraestructura y capacidades productivas, ahora la han convertido en un riesgo latente.

El mismo director de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza, aceptó implícitamente que hay irregularidades, deficiencias y negligencias en los servicios que las compañías privadas venden, mismas que actualmente controlan la operación estratégica de la paraestatal.

Es común escuchar denuncias por que se entregan contratos sin licitar o con licitaciones amañadas a empresas que no reúnen los requisitos, convirtiendo a Pemex en mera administradora de contratos.

En septiembre de 2006, la Secretaría de la Función Pública recibió la denuncia DE-167/2006 que involucra a funcionarios de alto nivel de Pemex en los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y violaciones a las leyes de obra pública y de responsabilidades para favorecer a empresas con adjudicaciones directas, millonarios incrementos y asignación discrecional de contratos de servicios y obra pública en el complejo petrolero de Cantarell.

Las empresas vinculadas en estos ilegales beneficios son: Condux, Protexa y Construcciones Marítimas Mexicanas (CMM), del Grupo Protexa; Constructora y Arrendadora de México y Servicios Marítimos de Campeche, del Grupo Río San Juan; Oceanografía (empresa señalada por corrupción en la obtención de contratos); Construcciones Integrales del Carmen; Cotemar; Subtec, y Mantenimiento Marino de México (MMM), filial de Halliburton.

De acuerdo con la denuncia, una veintena de contratos adjudicados a estas empresas se otorgaron a cambio de millonarios sobornos en la Sonda de Campeche, por lo que sigue pendiente que la Secretaría de la Función Pública realice las auditorías respectivas y finque responsabilidades a los responsables a la luz de los lamentables sucesos que costaron la vida a más de 22 trabajadores .

Desde 2004 la compañía Perforadora Central contaba con antecedentes de que trabaja en pésimas condiciones laborales, debido a innumerables fallas en seguridad de sus equipos, así como por el sobrecupo sistemático en sus lanchas de transporte personal. No obstante Perforadora Central, arrendadora de la plataforma denominada Usumacinta en la Sonda de Campeche, obtuvo por parte de Pemex Exploración y Producción, durante la administración de Vicente Fox más de 30 contratos por un monto superior a los 11 mil millones de pesos.

Aunque Pemex corroboró los datos la empresa privada siguió operando...

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