Iniciativa parlamentaria que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro., de 9 de Agosto de 2006

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS SERGIO VÁZQUEZ GARCÍA Y JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2006

El que suscribe, Sergio Vázquez García, diputado federal del estado de Jalisco, y diputado José Antonio de la Vega Asmitia, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable pleno la iniciativa que reforma los artículos 1, 2, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 40, 41, 52, 55, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 78, 79, 80, 91, 106, 107, 121, 129, 131 y 133 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La economía, entendida como disciplina encargada de la administración de la casa, debe de ser guía en la realización de los fines del Estado. Actualmente el sistema económico mexicano ha logrado una normalidad sostenida con sujeción estricta a las grandes variables económicas, como la inflación, las tasas de interés, que se han caracterizado por ser las más bajas de las últimas décadas, el crecimiento del Producto Interno Bruto al 3.9 por ciento, el aumento del presupuesto destinado a pobreza, educación, salud, campo y seguridad, la constante entrada de divisas y otras más.

México tiene una posición privilegiada en el continente americano, tal situación debe ser capitalizada mediante el fortalecimiento de sus instituciones para, de esa manera, crear las condiciones necesarias para el crecimiento del país y la consiguiente prosperidad de sus habitantes. En la estructura del sistema jurídico mexicano existen instituciones que buscan el correcto funcionamiento de la economía y de garantizarla no sólo patrimonialmente sino que respondan económicamente por los percances y problemas de tipo económico, tal es el caso de esta iniciativa.

En la misma tesitura se encuentra la opinión de Juan Nozal, quien refiere: "si miras a Latinoamérica desde el punto de vista económico, está claro cuáles son las economías más fuertes: Argentina, Brasil y México. Inicialmente ubicaba a Brasil como un país de lo doble de tamaño en materia económica que México, y a Argentina como de la mitad de México". 1

El sistema financiero mexicano ha logrado recuperase de una grave crisis que se presentó en 1994, actualmente se le reconoce por su viabilidad económica, gozando de una proyección internacional y un prestigio forjado a través de los años por personas visionarias como don Manuel Espinosa Iglesias, quien dedicó gran parte de su vida al fortalecimiento de una parte del sistema bancario.

El Estado tiene autoridad, no propiedad, en la economía nacional ha de urgir todas las actividades adecuadas para la firmeza y la prosperidad de esa economía, ha de ordenar esas actividades para que concurran a hacer estable y fecunda la vida económica; ha de corregir las injusticias que en la aplicación de la renta nacional existan, y debe evitar o reprimir los actos negativos o destructores que comprometan o debiliten el porvenir o la estructura económica de la nación.

Está obligado a crear y a manejar honradamente los medios y las instituciones públicos indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía, a procurar el mejor y más amplio aprovechamiento de los recursos naturales del país y la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la nación.

Debe especialmente velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía, y garantizar, al contrario, que la estructura y el resultado de las actividades económicas queden siempre subordinadas y al servicio de los valores humanos que son superiores.

El humanismo económico impulsa una economía eficiente y moderna, equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios; una economía social de mercado, sustentada en el trabajo libre, respetuoso de la dignidad humana y del medio ambiente, que tenga su raíz en la libertad y en la iniciativa de las personas; una economía que busca construir un México más próspero, más libre y más humano.

El acceso de las personas a la propiedad y a la formación de un patrimonio es la base material de su desarrollo integral y la garantía de su dignidad. Ello tiene que apoyarse en un marco institucional que garantice el derecho a la propiedad y que dé certeza jurídica a la persona en su participación en las actividades económicas.

Las políticas públicas que nacen del humanismo económico buscan promover el desarrollo integral, equilibran la participación de las regiones del país y armonizan responsablemente los objetivos distributivos con las exigencias del crecimiento; reconocen que el desarrollo es promovido por el mayor grado deinversión posible, no sólo en infraestructura y bienes de capital sino, sobre todo, en las capacidades de las personas, esto es, la inversión en valor humano. Para ello es fundamental la inversión de recursos públicos y privados en la formación y desarrollo integral de las personas y específicamente en los rubros de educación, salud, vivienda, seguridad y calidad de vida. Debe promoverse la inversión en la formación y el fortalecimiento de las capacidades humanas que permitan a las personas colaborar, proponer, deliberar y participar en las decisiones de su trabajo.

Estos son los principios que deben imperar en la formación de leyes que tienen vinculación estrecha con los factores económicos, que de manera directa o indirecta participan del crecimiento de nuestra nación. Así se pronunció en el siglo XIX don José María Morelos y Pavón, al expresar que "como la ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso serán tales que obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia e indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que modere sus costumbres y alivie la ignorancia, la rapiña y el hurto". 2

La propuesta de reforma está encaminada a mejorar la legislación vinculada con un sector de la economía que otorga la confianza a través de un contrato de seguro a quienes por ejemplo adquieren algún vehículo automotor y pretenden protegerse de cualquier percance, o a los que de alguna manera contemplan la duración de su estadía en esta vida, o las personas morales que tienen por objeto la transportación o a los que prevén algún siniestro en las siembras, etcétera.

La ley que rige actualmente la figura jurídica del contrato de seguro tiene serias deficiencias en parte por haber sido promulgada en el siglo pasado y por la otra porque no se ha adecuado a las exigencias de la vida actual, provocando con ello que existan conflictos entre los usuarios de los servicios de las aseguradoras y estas últimas, situaciones que en muchos de los casos se podrían evitar con una ley clara que no deje lugar a interpretaciones erróneas, alejadas del verdadero espíritu de justicia que debe integrar a un país como el nuestro que ha estado plagado de desigualdades sociales durante gran parte de su existencia.

El espíritu reformador de las leyes tiene que surgir del pensamiento ecuánime y visionario del legislador y nunca como resultado del afán superfluo de satisfacción de inquietudes que estén sostenidas en el devenir cotidiano intrascendente, de cualquier sociedad.

La función de las instituciones de seguros se realiza mediante la captación de recursos del público a través de la venta de un contrato de póliza de seguros que tiene establecido el cobro de una prima o cantidad de dinero durante un tiempo definido. El servicio de aseguramiento comprende...

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