Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 2, 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social mediante la universalidad, progresividad y exigibilidad de los programas sociales sin condicionamientos., de 18 de Octubre de 2018

Que reforma los artículos 2, 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Luis Fernando Salazar Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos

La política social constituye el conjunto de programas institucionales que desarrolla el Estado para fortalecer el nivel de vida de la población, principalmente en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo.

En el país, el principal reto de la política social ha sido superar la desigualdad social, reducir el desempleo y la pobreza que durante años han padecido miles de hogares mexicanos. Frente a ello, el Estado ha estado obligado a producir nuevas soluciones para la problemática social, producto de la inequidad de las estructuras políticas, económicas y jurídicas, que viven diversas regiones y localidades.

Así, se ha dado prioridad a sectores vulnerables y se ha establecido como objetivo principal que el desarrollo de los derechos y necesidades básicas de los mexicanos sean atendidas y subsidiadas con recursos del Estado a través de programas sociales.

Dichos programas deben cumplir una tarea vital en el aparato estatal. Éstos se diseñan a fin de cumplir objetivos o metas que las instituciones estatales no pueden realizar directamente, o bien para solventar las fallas o vacíos propios del sistema gubernamental.

Los programas y las políticas sociales constituyen mecanismos de redistribución de recursos que buscan compensar las desigualdades sociales, puesto que tienen como fundamental propósito mejorar las condiciones de vida de la población.

Desafortunadamente, este objetivo no ha podido ser alcanzado de manera efectiva, dada la práctica común en el país de utilizar de manera clientelar y corporativa los programas sociales, principalmente durante tiempos electorales.

Este uso electoral de los apoyos y programas sociales dificulta el avance que, con ellos, puede lograrse para contribuir a superar la pobreza y constituye un atentado al desarrollo social, a la participación política, al ejercicio de los derechos y libertades de las personas que viven en esta condición.

Esta situación deriva, además, en el mal uso de recursos públicos y en la ineficiencia e ineficacia de los programas, asentando la idea de que el Estado gasta inútilmente y que por...

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