Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción., de 11 de Octubre de 2018
Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito diputado, Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente Exposición de Motivos
La corrupción es un fenómeno social, político y económico que hoy afecta a todas las naciones del mundo, perjudicando instituciones democráticas, desacelerando el desarrollo económico y contribuyendo a generar inestabilidad política y social.
En sus diferentes modalidades como el soborno, fraude, apropiación indebida y otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, así como el nepotismo, extorción, tráfico de influencias, uso indebido de información, compra y venta de decisiones judiciales, son prácticas que también lastiman a nuestro país.
En México, no podemos evitar hablar del tema de la corrupción, porque es un problema complejo que lamentablemente ha acompañado en las últimas décadas todos los ámbitos del quehacer de la sociedad mexicana causando una severa descomposición social, política y económica generalizada. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional establece que México retrocedió lugares en comparación al mismo reporte elaborado en 2016, pasando del sitio 123 al puesto 135 entre 180 países a nivel mundial, con una calificación de 29, un punto menos que el año anterior. México se encuentra empatado con República Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y Laos.
El propio informe de Transparencia Internacional, califica a México como el peor evaluado tanto en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como el G20, en corrupción.
Tan sólo en lo que va del último gobierno mexicano, los casos de corrupción han estado a la luz del día, casos como los sobornos de Odebrecht, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Paso Exprés, la corrupción de los gobernadores y ex gobernadores (Javier Duarte, Cesar Duarte y Guillermo Padres) La Casa Blanca, La Estafa Maestra y los diferentes actos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel, han causado graves repercusiones económicas en perjuicio del desarrollo y progreso de la nación.
Ante la presencia de este mal contemporáneo y la molestia generalizada de nuestra sociedad, es conveniente recordar que en las últimas décadas México ha experimentado un proceso de transformación normativa con el involucramiento de los diferentes órdenes del gobierno mexicano, actores políticos, académicos, especialistas y sociedad civil encaminados a impulsar acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
En este sentido, la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción, ha sentado las bases para la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que distribuyó nuevas responsabilidades a los órganos existentes, fortaleciendo la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno con la finalidad principal de establecer una coordinación entre las diferentes instancias del gobierno y la propia sociedad encaminadas a luchar contra la corrupción.
Es preciso señalar que previamente a las reformas constitucionales de 2015, un año antes en febrero de 2014, se reforma el artículo 6° de la ley fundamental encaminada a fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales que existen en el país, bajo tres ejes principales: I. El fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública. Se amplió el catálogo de sujetos obligados a transparentar su información, ahora los ciudadanos podrán conocer la información que poseen los partidos políticos y sindicatos, así como los órganos autónomos fideicomisos y fondos públicos, además de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, y las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o que realicen actos de autoridad. II. La consolidación de un sistema nacional de transparencia. La reforma...
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