Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer la democracia directa, de 27 de Febrero de 2018

Núm.5825
Fecha de apertura27 de Febrero de 2018
PeriodoSegundo Periodo Ordinario
EtapaDesechada
LegislaturaLXIII

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

La alta injerencia del titular del ejecutivo en el poder legislativo ha producido un fenómeno muy conocido en México pero que aún en el argot de los políticos no se emplea.

La deslegislación, 1 o proceso de cesión al poder gubernativo, o asunción por su parte, de la función legisladora, se realiza de diversos modos y en todas y cada una de las tres fases de la elaboración del derecho (prelegislativa o preparación de la ley, legislativa, poslegislativa o ejecución de la ley).

Tal proceso violenta la división de poderes o función de poderes, realidad tan marcada en normas suprema de distintos países, que si bien atienen o tiene un Estado de Derecho donde se marcan dos trazos de distinción y reconocimiento de tener dicha figura jurídica; La predicción de la aplicación de la ley y la igualdad del ciudadano ante cualquier marco jurídico que pueda o afecte su esfera jurídica.

No es lo mismo en nuestro país donde la ley es ley cuando conviene y cuando no conviene es todo menos ley. Existe una formula lapidaria o sacra pronunciada en los tres ámbitos de gobierno por parte de los servidores público que repiten con ahínco, pero faltos del saber a lo que conlleva su pronunciamiento, caso específico es el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 2

Tal guardar, proteger, defender y guiarse de conformidad a la Constitución y sus leyes que derivan de ella, permite al ciudadano realizar una interpretación y al mismo tiempo hacer una reformulación del artículo donde si el funcionario público,

Es omiso en la observancia, aplicación y guarda de la norma suprema puede y debe el ciudadano pedir su revocación de mandato o remoción del cargo público que ostenta. Tal aseveración ya es una realidad en la reciente Constitución Política de la Ciudad de México en el capítulo II de la Democracia directa, participativa y representativa artículo25, inciso G. 3

Desarrollo

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), en septiembre de 2017 realizo un texto titulado “En Contexto – Revocación de Mandato–”, 4 se transcribe parte de sus párrafos para dar contexto al tema.

La revocación de mandato es uno de los instrumentos de la...

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