Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 109 y adiciona un inciso b) al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer un esquema de registro de proyectos estatales y municipales con recursos presupuestales, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de 20 de Julio de 2016 - Iniciativas de la Cámara de Diputados - Iniciativas Legislativas - VLEX 645762137

Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 109 y adiciona un inciso b) al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer un esquema de registro de proyectos estatales y municipales con recursos presupuestales, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de 20 de Julio de 2016

Núm.:1699
Fecha de apertura:20 de Julio de 2016
Periodo:Segundo Periodo
Etapa:Aprobada
Legislatura:LXIII
 
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Que reforma el artículo 109 y adiciona un inciso b) al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, recibida del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de julio de 2016

Quien suscribe, Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 y se adiciona el inciso B al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos

Propósito de la iniciativa

En el país, urgido de hacer un mejor uso de todos los recursos, incluyendo los que se destinan a inversión física, que son los que pueden mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de los ciudadanos y propiciar mayor eficiencia en la operación de las empresas, se requiere que la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, contribuya responsablemente a crear las condiciones más adecuadas para que las decisiones relacionadas con la inversión que usa recursos presupuestales de la federación en proyectos de escala estatal y municipal, se adopten con la mayor transparencia en beneficio de los ciudadanos.

No debe continuar lo que se ha hecho en los últimos años, en los que esos recursos se distribuyen en medio de una rebatinga de ver quién lleva más obras a sus estados y municipios, en un ejercicio que busca presencia política y no resolver problemas.

Esta propuesta pretende que la Cámara de Diputados cuente con los elementos básicos para ejercer su facultad exclusiva, así como establecer las condiciones para que haya una mayor transparencia a disposición de la sociedad, acerca del uso de recursos públicos en proyectos de esta escala, por parte de los diferentes niveles de gobierno.

Sin duda, esto permitirá una mejor relación de los gobiernos con sus ciudadanos y con los empresarios de los sectores social y privado, como usuarios, como contratistas o como proveedores e incluso como consultores para respaldar y ofertar transparentemente servicios de diseño de proyectos. Se requiere establecer un nuevo esquema de asignación de recursos presupuestales a entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que permitan que su ejercicio se concrete realmente en mejores condiciones de vida para la población.

Problemática

A pesar de que se encuentra establecido en la Constitución la función que le corresponde a la Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos, no cabe duda que ese es uno de los aspectos más complejos de la relación entre el Ejecutivo y esta instancia legislativa.

Todo indica que un parteaguas de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este campo, fue la decisión de la Cámara de Diputados de modificar la iniciativa de Presupuesto para 2005, ante lo cual la Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional. Ese diferendo se resolvió a favor del Ejecutivo que, no obstante, en los hechos puso en práctica algunas de las propuestas del presupuesto modificado.

Aunque ese diferendo se dio en el contexto de una determinada correlación de fuerzas, posterior a la gran movilización de El Campo no aguanta más, es posible afirmar que desde entonces la relación entre los dos poderes siguió un proceso de perversión progresiva. Sea por necesidad o como resultado de una estrategia deliberada para evitar que nuevamente el Legislativo se atreviera a modificar el presupuesto, cada vez fue más clara la decisión del Ejecutivo de limitar la potestad constitucional de la Cámara de Diputados, negociando por separado con las distintas fracciones y promoviendo esquemas de distribución de recursos que adquieren la forma de sobornos, los cuales han sido calificados como “moches”.

Desafortunadamente, por las carencias de los municipios de nuestro país, ante los rezagos que sufren las diferentes regiones, cada año, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando se hace el análisis y se pone a discusión el presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio, a la Cámara de Diputados llegan funcionarios estatales, municipales y todo tipo de representantes de sectores y de organizaciones sociales, que con muchos documentos vienen a gestionar recursos para sus estados, sus municipios o sus representados: una carretera, la pavimentación de calles, obras de agua potable o de drenaje, plantas de tratamientos de aguas o de potabilización y hasta recursos para concluir presas o estadios, escuelas, hospitales, clínicas, mercados, auditorios, deportivos.

Sin duda, todas ellas son obras necesarias, pero con diferentes prioridades. El problema está en que, considerando el conjunto de solicitudes e ignorando los antecedentes de cada uno de los proyectos, no es posible evaluar en poco más de un mes cuál es más necesario o cómo aprovechar mejor el impacto de la realización de cada uno de esos proyectos.

En general, los demandantes de recursos presentan los proyectos de manera aislada, sin considerar la integralidad de su problemática. Los peticionarios acompañan sus proyectos con una estimación del impacto socioeconómico, que fundamentalmente explica que la obra va a proporcionar beneficios a un grupo de la población, pero éste no trasciende el corto plazo porque carece de una visión de las prioridades y sus proyecciones, y no explica si forma parte de un programa progresivo de desarrollo integral.

En esas circunstancias, hay...

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