Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., de 9 de Marzo de 2010
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RODRIGO PÉREZ ALONSO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Rodrigo Pérez Alonso González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracciones XXV y XXIX-F, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 64 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 constitucional, a fin de establecer el interés público en la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en los procesos de planeación nacional, que se fundamenta y motiva con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desarrollo nacional
De acuerdo con los principios plasmados en nuestra Constitución Política, el Estado mexicano es el rector del desarrollo nacional. Al respecto, es él quien debe garantizar la integralidad y sustentabilidad del desarrollo nacional, es éste quien debe fortalecer la soberanía de la nación y nuestro régimen democrático, y permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, a través del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza.
En ese sentido, el párrafo segundo del artículo 25 constitucional señala a la letra lo siguiente: "Artículo 25.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución." Actualmente, la economía mundial enfrenta cambios vertiginosos. A nivel internacional, la competencia, el comercio internacional, los procesos tecnológicos, las telecomunicaciones y el transporte, la orientación del desarrollo y la competitividad se enfocan hacia actividades altamente especializadas basadas en el acceso a la ciencia y la tecnología, y la investigación y desarrollo como elementos primordiales del crecimiento y la productividad. La mejoría en estos indicadores constituyen factores que inciden en una ventaja competitiva de la economía de un país con respecto a las de otros países.
Ello obliga a nuestro país a reconocer estos procesos, so pena de quedar rezagado en el concierto internacional en materia de competitividad, desarrollo, crecimiento, justicia y equidad, así como de la construcción de un estado de derecho y de consolidación de las garantías individuales y sociales y derechos humanos fundamentales plasmados en la Constitución Política. Es por ello necesario orientar el marco jurídico, las políticas públicas y los procesos de conducción que habrá de llevar el Estado como órgano rector de la planeación democrática acorde con las transformaciones culturales, sociales y económicas mundiales.
Lamentablemente, los principios dogmáticos establecidos en este artículo y varios otros de nuestra Carta Magna se incumplen y la realidad supera las intenciones de su texto. La realidad de la planeación nacional se encuentra desarticulada por sectores y la sustentabilidad de las acciones parece ser desplazada en algunos casos por el asistencialismo fugaz, nuestra soberanía es violentada por el crimen organizado, el crecimiento económico y el empleo se enfrentan a una de las crisis más graves, y el principio de libertad y dignidad de las personas y grupos sociales va en retroceso al lidiar con nuevas desigualdades que profundizan las ya existentes, ampliando la brecha en la distribución de riqueza y oportunidades de desarrollo económico y social de los ciudadanos.
Ante esta coyuntura, es urgente que el Estado modifique sus procesos de planeación nacional para cerrar las brechas y carencias existentes en las materias antes señaladas. El presupuesto que se invierte año con año, a pesar de las carencias recaudatorias, suma billones de pesos que se destinan a programas públicos de la federación, estados y municipios y, no obstante ello, nos topamos con que, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, el 48 por ciento de la población del país se encuentra en niveles de pobreza; es decir, más de 52 millones de mexicanos no cuentan con oportunidades suficientes para cubrir sus necesidades de una educación de calidad y el rango de movilidad social que esto significa.
En el país la pobreza se mide en tres categorías: alimentaria o extrema, que aglutina a quienes no pueden adquirir una canasta básica de alimentos; de capacidades, que afecta a los que carecen de los necesario para gastos en salud y educación: y patrimonial, que afecta a los que son incapaces de cubrir las necesidades de vivienda, vestido, calzado y transporte para los miembros del hogar.
Para 2006, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2006, estimaba que 14.4 millones de personas vivían en pobreza alimentaria, mientras que 21.7 millones de personas se encontraban en pobreza de capacidades, en tanto que 44.7 millones de personas se encontraban en pobreza patrimonial. 1
Sin embargo, el deterioro es cada vez más rápido y evidente. Para 2008, la pobreza alimentaria o extrema se disparó con 6 millones de personas más afectadas como consecuencia de la aguda crisis que atraviesa México, donde ya afecta al 18.2 por ciento de la población. Esto implica que unos 19.4 millones de personas padecen pobreza alimentaria y 50.6 millones son pobres de patrimonio, según el Coneval a partir de datos de la ENIGH 2008. 2
De esta forma, es importante reconocer que México se enfrenta a un entorno global más competido y requiere instrumentar mejores mecanismos para alcanzar el desarrollo de otras naciones.
Por ello, se considera necesario que la Constitución considere a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación como sectores de alta prioridad en los procesos de planeación del desarrollo para cumplir con los principios de justicia social, económica y de crecimiento de nuestra economía que establece el propio artículo 25 constitucional.
Los cambios propuestos pretenden armonizar las disposiciones constitucionales y a partir de ello, la Ley de Planeación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que refiere y da la importancia necesaria a los temas de acceso a las tecnologías de la información, la ciencia, la innovación y el conocimiento.
Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación
De esta manera, se pretende promover el marco jurídico en materia de planeación de las políticas públicas y, con ello, estimular para los próximos años el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, al instar al Estado a incorporar la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en los planes de desarrollo y sus respectivos programas sectoriales, conociendo los beneficios que conllevan en el desarrollo nacional, dejando la puerta abierta para nuevos tipos de tecnología que se pueda desarrollar en...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba