Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones., de 24 de Noviembre de 2005
Gaceta Parlamentaria, año VIII, número 1881-I, viernes 11 de noviembre de 2005 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1881-I, viernes 11 de noviembre de 2005.
Iniciativas De Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM. Que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del PT. Que adiciona las fracciones VII, VIII y IX al artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT. Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT.
Iniciativas
DE LEY DE PLANEACIÓN PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO CRUZ LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Presentación
La creciente dependencia agroalimentaria de la Nación, la pérdida de rentabilidad, competitividad y productividad que afecta a la mayoría de productores y campesinos y genera la migración de la población rural, la reducción de sus ingresos y empleos, la creciente pérdida de recursos productivos y su apropiación por empresas transnacionales y la desnutrición que lastima a la población más pobre del país, exigen una respuesta del Estado mexicano para revertir de manera definitiva esta situación.
El marco constitucional establece la obligación para el Estado mexicano, con base en la participación de los sectores privado, público y social, de planear las actividades económicas, con el objeto de garantizar el logro de los objetivos nacionales.
Uno de los objetivos que debe garantizar esta acción concurrente es la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria de la Nación y la nutrición adecuada de todos sus habitantes.
En el contexto de las fuerzas económicas globales caracterizadas por fuerte intervención de los estados nacionales, a través de apoyos internos, subsidios y otros mecanismos de promoción y protección de sus productores, es indispensable una acción propia, basada en los recursos de la Nación, para garantizar un derecho humano, como lo es la alimentación y la nutrición, como condición para el pleno desarrollo de todos los habitantes, que les permita el ejercicio de sus derechos humanos al trabajo, la salud, la educación y la cultura.
Esta iniciativa de Ley propone por ello el establecimiento de un conjunto de normas que deben guiar los procesos de planeación y la toma de decisiones; un sistema de planeación para lograr los objetivos nacionales de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; un sistema de apoyos e incentivos; y las responsabilidades y sanciones para quienes intervienen en estas actividades.
La vida humana ha sido reducida a un medio y no a una finalidad. Esta economía política niega el valor de la dignidad y oportunidades reales para todas las personas, pues como se ha mostrado, las ?fuerzas del mercado? en realidad no lo son, lo que limita la posibilidad de promover una vida digna para los campesinos mexicanos y somete a la Nación a una dependencia alimentaria inaceptable. Este modelo es concentrador y generador de desigualdades, tanto internas como externas.
Se afirma que la idea de soberanía es obsoleta y que la globalización impide la existencia de la soberanía de ninguna nación. Sin embargo los hechos contradicen esta afirmación, pues aunque estas naciones forman parte de la OMC, nadie puede afirmar que Estados Unidos, la Unión Europea, Japón o China, dan prioridad al mercado, sobre las políticas estatales que de hecho aplican en esta materia.
Los países desarrollados no han reducido ni reducirán muy probablemente los subsidios que desvinculan a los productores de las señales del mercado, y tienen leyes y presupuestos multianuales, los que distorsionan estructuralmente las relaciones comerciales, generando situaciones injustas para los productores nacionales, en virtud de los tratados de libre comercio y/o asociación económica que se han firmado.
Ningún tratado comercial y de inversión debe tener prelación sobre el derecho a la vida y seguridad de las personas. Existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido la mayor jerarquía y prelación de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos, en particular de la alimentación, sobre cualquier otro tipo de tratado internacional.
Estas políticas deben dar respuesta eficaz a los desafíos de la interrelación geoeconómica con los países de Norteamérica, y con otras naciones con las que se han suscrito tratados de libre comercio, en virtud de las políticas públicas vigentes en estos países, que impactan de manera directa la rentabilidad de los productores agropecuarios mexicanos y las cadenas de valor y comercialización del país.
Ante tal situación es urgente y prioritario el establecimiento de un marco jurídico que dé certidumbre a las políticas agropecuarias y agroalimentarias de México, como base de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la nación mexicana.
De no hacerlo, los costos políticos, sociales y económicos son muy altos: perdida de soberanía política, costo social por el deterioro de las condiciones de vida y de salud de la población mexicana, especialmente de grupos vulnerables, perdida de rentabilidad y competitividad del sector productivo agropecuario al deteriorarse la planta productiva nacional; costos económicos por la creciente erogación de divisas destinadas al pago de importaciones, lo que provoca una balanza comercial crónicamente deficitaria para México; costos ambientales que se traducen en la destrucción de la base natural de la producción y en el deterioro de las condiciones de vida, por el uso inadecuado de los recursos.
Los escenarios y sus causas arriba indicadas son sumamente graves por las consecuencias negativas para la Nación Mexicana, que debe afirmar su voluntad de elevar el nivel de vida de toda su población y garantiza las libertades particulares y del conjunto social. Lo anterior justifica la existencia de una Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, además de que:
El Estado, en uso de sus atribuciones y mediante sus instrumentos, debe influir para revertir los escenarios arriba indicados que minan la seguridad y soberanía alimentaría y nutricional, pero como premisa para un cambio en las tendencias actuales se debe considerar las causas de los hechos estructurales arriba indicados, las cuales a continuación se indican.
La Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional deberá evitar las causas y hechos que impidan a la nación mexicana lograr su soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, estableciendo condiciones equivalentes para los productores nacionales, a las que tienen los productores agroalimentarios de las naciones con las que el país ha suscrito tratados de libre comercio; así como establecer instituciones y mecanismos de planeación y previsiones presupuestales multianuales equivalentes a los que han sido establecidos en las naciones desarrolladas y así reducir las asimetrías de competitividad y en beneficio de la soberanía alimentaria.
El desarrollo del medio rural debe hacerse con un enfoque territorial que reconozca el desarrollo regional, que incluya no sólo el aspecto productivo sino socioeconómico, ambiental y cultural para crear oportunidades para elevar el nivel de vida de sus habitantes y evitar la expulsión de personas a otras regiones o países en condiciones inaceptables para el desarrollo actual de la sociedad mexicana.
Iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional
Los suscritos diputados federales Cruz López Aguilar y Víctor Suárez Carrera integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracciones XXIX-D y XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, con la siguiente
Exposición de Motivos
Funciones múltiples de la agricultura y la gestión del territorio en el desarrollo de la nación
La agricultura constituye una actividad sustancial para la existencia de nuestra Nación. La producción de alimentos y materias primas para la producción es el fundamento de la economía y bienestar de toda la población. Su razón de ser, es la producción de alimentos inocuos, suficientes, oportunos y accesibles para el abasto seguro de la población de mexicana, para garantizar la alimentación y la nutrición de cada uno de sus habitantes presentes y futuros.
La agricultura y el conjunto de actividades que se desarrollan en el territorio, tanto rural como no rural, que incluye las extractivas, de transformación y servicios, constituyen un complejo en el que históricamente han confluido las sociedades humanas, las condiciones climáticas, ambientales, de recursos naturales, biodiversidad y formas culturales y de organización productiva específicas.
Las contribuciones de la agricultura a la existencia y desarrollo de las naciones son...
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