Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Morena, de 23 de Enero de 2019 - Iniciativas de la Cámara de Diputados - Iniciativas Legislativas - VLEX 762128597

Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Morena, de 23 de Enero de 2019

Núm.:8XX
Fecha de apertura:23 de Enero de 2019
Periodo:Primer Periodo
Legislatura:LXIV
 
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Que expide la Ley General para regular el Uso de la Fuerza, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRDEl que suscribe, Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador de la república con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a consideración de este pleno el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para regular el Uso de la Fuerza, con base en la siguiente Exposición de Motivos1. Consideraciones teóricasLa seguridad pública y la protección ciudadana son tareas fundamentales del Estado constitucional (Reichstatt) y el Imperio de la ley (Rule of Law). Al ser bienes públicos, se considera que su provisión está a cargo de las instituciones jurídicas y al ser bienes jurídicos protegidos, son susceptibles de ser protegidos aún contra la voluntad de ciertas personas.Lo anterior da lugar a que la seguridad pública y la protección den lugar a la necesidad de ejercer acciones que pueden limitar de manera parcial o total la capacidad de los individuos de ejercer su libertad.Esta limitación de la libertad, que se encuentra prohibida de manera general para los ciudadanos salvo en casos especificados por las normas, solo puede ser ejercida de manera legítima por las instituciones que el mismo sistema jurídico indica, y solamente en los términos que el mismo establece.A este modo “monopolístico” de ejercer esta limitación de capacidades y libertades se le llama en los estados de derecho “El uso legítimo de la fuerza”.El uso de término “legítimo”, en la doctrina política y jurídica, se utiliza para distinguir el uso de la fuerza que lleva a cabo el Estado en contraposición a la que ejercen particulares.Esta capacidad de Estado ha sido considerada por muchos teóricos del Estado y del derecho, el fundamento de la autoridad política y jurídica. Thomas Hobbes, en el Leviatán, sostiene que el Estado es tal, en tanto tiene la capacidad de “monopolizar el uso de la fuerza”. Hans Kelsen fundamenta su Teoría Positiva del Derecho, en el concepto de sanción, y en que solamente aquellas autoridades facultadas por las normas jurídicas válidas pueden ejercer esta coacción de una manera jurídicamente válida.2. Derecho comparado2.1. El derecho interamericanoLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una posición muy clara sobre el uso legítimo de la fuerza y sus limitaciones para los estados firmantes.Al respecto, la Corte Interamericana cuenta con doctrina, que puede verse en el extracto del Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C número 150: “80. En todo caso de uso de fuerza que haya producido la muerte o lesiones a una o más personas corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados”.De esta manera, la Corte señala que los cuerpos del orden que ejerzan el uso de la fuerza, así como las demás instituciones del Estado, deben probar que sus acciones estuvieron justificadas.El Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C número 281, se establecen por parte de la Corte los lineamientos para el actuar de las autoridades que utilicen armas de fuego, en términos de su obligación de identificarse como tal, y de advertir a las personas que están incurriendo en conductas que pueden ameritar el uso de fuerza letal: “35. Es imperante que, con el objetivo de evitar confusión e inseguridad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identifiquen como tales y den una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego[174] en todo momento; sobre todo cuando se encuentran realizando operativos y, en especial, en situaciones que por su naturaleza pongan en peligro los derechos fundamentales de las personas. ... [174] En los supuestos señalados en el Principio número 9, se considera que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán identificarse como tales y advertirán, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta dicha advertencia, de manera clara su intención de hacer uso de armas de fuego, siempre que ello no pusiera indebidamente en peligro a dichos, no creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Cfr. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra, Principio número 9”.Así mismo, el trabajo del tribunal interamericano ha establecido de manera muy clara los principios que el sistema interamericano considera necesarios para el uso legítimo de la fuerza, cómo se señala en el párrafo 85 del Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C número 251: “85. A fin de observar las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad: i. Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo; en este caso detener el vehículo que desacató un alto en un puesto de control. Frente a ello, la legislación y entrenamiento debían prever la forma de actuación en dicha situación[124], lo cual no existía en el presente caso (supra párrafo 79). ii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso[125]. El Tribunal Europeo ha señalado que no se puede concluir que se acredite el requisito de “absoluta necesidad” para utilizar la fuerza contra personas que no representen un peligro directo, “inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la perdida de la oportunidad de captura”[126]. Si bien los hechos en este caso, en teoría, se podrían encuadrar en el supuesto de oponer resistencia a la autoridad e impedir la fuga, la Corte considera que, aún cuando la abstención del uso de la fuerza hubiera permitido la huida de las personas objeto de la acción estatal, los agentes no debieron emplear la fuerza letal frente a las personas que no representaban una amenaza o peligro real o inminente de los agentes o terceros. En consecuencia, dicho acontecimiento no constituyó, en definitiva, una situación de absoluta necesidad. iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido[127]. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda[128]”.La doctrina interamericana, establece además que los estados firmantes tienen la obligación de establecer los protocolos de uso de la fuerza, especialmente del uso de la fuerza letal como señala la sentencia del Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C número 237: “49. En razón de lo anterior, de manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en otros casos acerca de los criterios que determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. A la luz de esos criterios son analizados los hechos de este caso. Al respecto, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales: a) debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control; b) el uso de la fuerza letal y las armas de fuego contra las personas debe estar prohibido como regla general, y su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler; c) debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad. La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida, y d) la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales, así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la misma. La obligación de iniciar una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva ante el conocimiento de que agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones[45]”.2.2. El derecho americanoEn el caso Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985), la Corte determinó que bajo la cuarta enmienda, un policía no estaba facultado a dispararle a una persona que corriera para escapar, sin que mediara una causa probable que hiciera pensar al oficial que se ponía en riesgo la integridad física de otros oficiales o personas.En el caso Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989), la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, estableció la necesidad de un...

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