Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso para expedir la ley general de programas de comercialización y precios agrícolas., de 23 de Octubre de 2018
Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Casimiro Zamora Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena
Casimiro Zamora Valdez, en mi carácter de diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos
A mediados del siglo XX el Estado mexicano inició la política pública de participar en la regulación del mercado agrícola, sobre todo en lo que a granos se refiere.
En sintonía con dicha regulación se establecen los precios de garantía. En 1953 se establece el primero para el frijol. El segundo fue para el maíz en 1956. En 1960 se incorporan a este instrumento de política agrícola el arroz palay y el trigo, en 1961 el sorgo, en 1965 el cártamo y el frijol soya, en 1966 la semilla de algodón y el ajonjolí, en 1971 la cebada y el girasol, y en 1975 la copra.
Tal política progresista se reflejó en el resto de la economía mexicana al registrarse en las cuatro décadas posteriores, entre 1963 y 1981, un alto crecimiento del producto interno bruto (PIB) a una tase de 6.2 por ciento anual y del PIB por habitante a un ritmo de 2.3 por ciento al año.
Lamentablemente, para todo el país, esta política agrícola progresista empieza a ser drásticamente sustituida a partir de 1981 con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, OMC) y se consolida con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la Ronda Uruguay del GATT de 1995.
Las consecuencias fueron la privatización de las empresas públicas de transformación y comercialización de productos agrícolas, la eliminación de los subsidios a la producción y su remplazo por pagos directos a los productores, y la liberación del comercio exterior de casi todos los bienes agrícolas llevando a los productores agroalimentarios mexicanos a enfrentar una competencia ruinosa con sus competidores extranjeros que reciben cuantiosos subsidios de sus gobiernos, particularmente los de Estados Unidos.
Estos efectos negativos no han afectado sólo a los...
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