Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable., de 23 de Febrero de 2017
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Jesús Rafael Méndez Salas, diputado a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
Desde el pasado 20 de enero, cuando Donald Trump tomó posesión del cargo como presidente de los Estados Unidos de América (EUA), la sociedad de nuestro país vive en la incertidumbre, debido a que desde su campaña amenazó con implementar una deportación masiva de mexicanos. Lo anterior no sólo preocupa a los directamente implicados y a sus familias, sino que nos ocupa a todos en general, particularmente a quienes tenemos la obligación de representar a los ciudadanos mexicanos.
Inicialmente, Donald Trump señaló que los primeros afectados serían aquellos mexicanos con antecedentes penales, lo cual afectaría a 820 mil personas aproximadamente. 1 Sin embargo, recientemente se difundió una nueva orden ejecutiva, la cual estableció que cualquier inmigrante indocumentado, incluso aquellos que no sean acusados, pero que se considere que han cometido “actos que constituyan un crimen imputable”, 2 serán los primeros en ser deportados; con esta medida prácticamente cualquiera de los casi 11 millones de inmigrantes podrían resultar afectados.
Esas medidas no sólo dañan a los migrantes expulsados por EUA y a sus familias, como ya se ha mencionado, también afectan a todo el entorno social, pues si revisamos las razones por las cuales los ciudadanos mexicanos deciden emigrar al vecino país del norte, encontraremos que la primera causa es laboral (67.8 por ciento) y la segunda es por reunirse con familiares que ya se han establecido en aquella nación (14.4 por ciento). 3
El riesgo consiste en que si los migrantes mexicanos salieron del país debido a que no tuvieron la posibilidad de encontrar una fuente de empleo, difícilmente lo harán ahora, cuando la competencia en nuestro país es mayor; aunado a ello, debemos sumar el que pertenecen a un núcleo familiar roto, debido a la alta probabilidad de que algunos integrantes de su familia permanezcan en el país vecino.
El problema es mayúsculo cuando observamos que los estados de la República que más migrantes expulsan a EUA son aquellos en los cuales se presentan los mayores índices no sólo de pobreza, sino de delincuencia organizada, lo cual representa un latente peligro, ya que en el caso de que las instituciones no logren reintegrar a los mexicanos recién repatriados y, ante las dificultades de que éstos puedan retornar al país del norte, se corre el riesgo de que quienes lleguen repatriados se sumen a las filas del crimen organizado, lo cual pondría en peligro el entramado social.
Considerando los estados de donde provienen la mayoría de los compatriotas que emigran a EUA, así como las actividades a las que se dedicaban antes de salir del país, se observará una notoria prevalencia de su origen rural, de ahí la urgente necesidad de promover estos necesarios ajustes en una de las legislaciones involucradas con el desarrollo rural, a fin de dar cobijo a los ciudadanos que por políticas y factores externos retornan al país, así como fomentar el mantenimiento de la gobernabilidad, a través del proceso de reasimilación a sus...
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