Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona los artículos 3o., 31, 60 y 79 de la Ley Federal de Competencia Económica, para fortalecer las acciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la concentración y los monopolios, e impulsar la competitividad., de 29 de Noviembre de 2016

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 31, 60 y 79 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Ricardo David García Portilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o., fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, y fortalece las acciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la concentración y los monopolios e impulsa la competitividad, con base en la siguiente: Exposición de Motivos

En diversos países de Latinoamérica se planteó durante los últimos años la necesidad de promover acciones y políticas para fomentar la competencia, con lo cual el tema de los monopolios se convirtió en un asunto de la agenda pública de la región, pues está claro que una política de fomento a la competencia resulta necesaria, aunque esto requiera enfrentar los interese de diversos grupos de poder, y que esta política debe contemplar a todos aquellos sectores, sobre todo en los que se mantiene la presencia sólo de algunos pocos jugadores. Existe la coincidencia, en que la falta de competencia constituye uno de los factores que inciden en el incremento de los precios de productos y servicios, y por eso muchos de los gobiernos de Latinoamérica, han promovido reformas para combatir los monopolios.

En México, de acuerdo con un estudio del año 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los 100 principales grupos económicos aportaban 22.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), sin embargo, estos conglomerados sólo empleaban a 3.5 por ciento de la población económicamente activa. En el mismo estudio se observa que incluso dentro de estos cien grupos, se observa un fenómeno de concentración en favor de los primeros 10, ya que éstos concentran más de 60 por ciento de los activos totales, pasivos y patrimonio de los 100. Estos diez conglomerados están constituidos por el del empresario Carlos Slim, (el Grupo Carso, con América Móvil y la financiera Inbursa); Cemex, de Lorenzo Zambrano Treviño; Coca-Cola Femsa, de José Antonio Fernández Carbajal; el Grupo Alfa, de Dionisio Garza Medina; el minero Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco; la alimentaria Gruma y Banorte, de Roberto González Barrera; Bimbo, de Daniel Servitje Montull; el diversificado Grupo Bal, de Alberto Bailléres González; el Grupo Salinas Elektra (electrodomésticos, finanzas y TV Azteca), de Ricardo Salinas Pliego; la cadena de supermercados Organización Soriana, de Ricardo Martín Bringas, y Televisa, de Emilio Azcárraga Jean.

Uno de los aspectos relevantes del estudio de la Cepal, se refiere a la tendencia de estos grupos a “sobre invertir como una forma de obstruir la entrada de otros competidores”. Es decir, que por ejemplo, América Móvil SAB, propiedad de Slim, controlaba 75 por ciento de las líneas de telefonía fija y 70 por ciento de sus teléfonos móviles y banda ancha. A su vez, Grupo Televisa SAB y TV Azteca SAB, forman un duopolio televisivo que acapara todavía 95 por ciento de los televidentes ya que se han resistido a los intentos por generar una mayor competencia por no convenir a sus intereses, sin importar que esta concentración monopólica castigue la economía de las familias mexicanas. Pues al no haber competencia por el mercado, se han recibido servicios y bienes de baja calidad, resultando sin embargo ser los más caros del mundo.

Ante este escenario a más de tres años de aprobada la nueva Ley de Competencia, México continúa enfrentando el problema del predominio de empresas en varias industrias y servicios, no obstante, en la actualidad, si estas empresas intentan recurrir a prácticas anticompetitivas, el órgano regulador ya cuenta con mayores recursos para intervenir y establecer mejores condiciones de competencia. De hecho, desde la reforma de 2013, la Comisión Federal de Competencia cuenta con mayores facultades para garantizar la protección de la competencia, además de que en la misma reforma, se eliminó la posibilidad del uso por parte de los monopolios, de medidas cautelares para protegerse –una de las herramientas favoritas de las empresas dominantes– y retrasar de forma indefinida el cumplimiento de cualquier fallo de los órganos reguladores de competencia y del sector de telecomunicaciones. Ahora este recurso de aplazamiento, sólo puede ser recurrido ante una resolución que tenga como objeto la desincorporación de activos o disolución de la compañía.

La Ley Federal de Competencia Económica, vigente desde el 8 de julio de 2014, Reglamentaria del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expidió con el objeto de promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, previendo para ello, la definición de conceptos como agente económico, autoridad investigadora, autoridad pública, barreras a la competencia y libre concurrencia, información confidencial, información pública, información reservada, entre otros.

En el contenido de la ley se determinó que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) la autoridad en materia de competencia económica para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como órgano regulador de la competencia en otros sectores que idealmente, tiene como meta única, permitir el funcionamiento del mercado, que la inversión prospere y que la economía pueda crecer en forma sostenida, lo anterior bajo el principio de que la competencia, además, dota de condiciones para democratizar la productividad y ensanchar el tamaño del mercado, y lo hace al proteger que los agentes económicos se enfrenten sin subterfugios a la preferencia de los consumidores, para lo cual deben competir entre ellos con base a la calidad, la innovación, precios bajos, eficiencia logística, alternativas de financiamiento y otros factores diversos que implican una inversión sustantiva en el mercado doméstico, la creación de empleos y la generación de sinergias que...

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