Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de discapacidad., de 6 de Octubre de 2016
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por las diputadas Claudia Edith Anaya Mota y Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, diputadas Claudia Edith Anaya Mota y Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a esta soberanía la siguiente iniciativa, de acuerdo con el siguiente
Planteamiento del problema
La discapacidad es una condición que resulta de la interacción de las personas con su entorno, donde suman las limitación que éste impone a las personas según sus características, no existe una limitación derivada de las capacidades individuales siempre que la sociedad se encamina a la inclusión plena de todos los grupos e individuos.
Es un hecho que la mayoría de las personas con discapacidad viven en diferentes grados de marginación, exclusión y pobreza; pero reiterando estas condiciones no son producto de sus características, sino de un aislamiento sistemático producto de la omisión directa o indirecta de este grupo social en las políticas encaminadas al desarrollo, es útil reconocer que la pobreza hoy día se define como la ausencia de acceso pleno a derechos, que conlleva a vivir en carencia de satisfactores básicos, primeramente para la supervivencia y en segundo término para el desarrollo pleno.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que 54.4 por ciento de personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza; 28.8 por ciento tienen al menos 3 carencias sociales; 31.1 por ciento, tiene carencia respecto a el acceso a la alimentación; 42.9 por ciento carece de seguridad social; 2 millones de personas con discapacidad tienen un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo, que representan 25.6 por ciento; y sin embargo 60.3 por ciento, 4.6 millones de personas se tienen un ingreso debajo de la línea de bienestar.
Por lo que resulta necesaria una revisión a la norma que regula las políticas públicas de desarrollo social que asuman una línea de inclusión que permita la superación de la pobreza de entre las personas con discapacidad.
Argumentos
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), las personas con discapacidad se consideran uno de los grupos con más carencias sociales, en su informe titulado Anexo estadístico de la pobreza en México 1 , se desprenden los siguientes datos, correspondientes al año de 2014: • 54.4 por ciento es decir 4.1 millones de personas se encuentran en situación de Pobreza. • 28.8 por ciento igual a 2.2 millones de personas tienen al menos 3 carencias sociales. • 31.1 por ciento, 2.54 millones de personas tiene carencia respecto a el acceso a la alimentación. • 42.9 por ciento carece de seguridad social, es decir 3.3 millones. • 2.0 millones de personas con discapacidad, tienen un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo, que representan el 25.6 por ciento. • Sin embargo 60.3 por ciento, 4.6 millones de personas tienen un ingreso debajo de la línea de bienestar.
Estos datos revelan la enorme desigualdad que las personas con discapacidad enfrentan cotidianamente, de la cual pareciera que se considera únicamente la falta de desarrollo económico como la causa directa de la pobreza, sin embargo las políticas convencionales no consideran el entorno que vive este conjunto social, principalmente su invisibilidad en las decisiones públicas, donde no se considera que una persona con discapacidad necesitará más recursos para superar la barrera de la pobreza que una persona sin discapacidad. Principalmente porque se enfrentan condiciones adversas en la movilidad, la comunicación, la autonomía entre otros factores.
Es por ello que se resalta que el término “ línea de bienestar ”, es inexacto para medir el ingreso por el cual una persona con discapacidad puede superar la línea de la pobreza, puesto que como se ha mencionado, este grupo social requiere acciones afirmativas más contundentes y efectivas, rediseños de políticas con ajustes razonables con perspectiva de la discapacidad.
Las políticas que dirija el estado de atención a la pobreza deben contener acciones específicas sobre las personas con discapacidad, de tal modo que puedan adquirir empleos decentes, como lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), habilidades a través de la capacitación que les permita contribuir en la sociedad, para obtener una retribución proporcional a la de sus pares sin discapacidad, por lo que el estado debe considerar que lo anterior redundaría en el impacto de los costes adicionales, sobre todo en materia de movilidad, transporte público, salud, educación, rehabilitación, etcétera.
La ausencia de mecanismos de accesibilidad en los factores anteriormente listados, es una de las causas principales del aislamiento del desarrollo, de las personas con discapacidad.
Por ejemplo, la Ley General de Desarrollo Social considera que la ausencia de caminos que conecten a las comunidades es un factor directo de marginación y pobreza; sin embargo a pesar de la existencia de una carrera asfaltada, las personas con discapacidad seguirán confinadas en sus comunidades ante la carencia de un modelo de transporte público accesible y de coste accesible.
Igualmente, en una lógica de inclusión, las necesidades de vivienda, alimentación y salud, no consideran a las personas con discapacidad y sus características, por lo que los vectores convencionales para la medición de la pobreza son inexactos y por lo tanto las políticas que se desprenden de ellos no atienden debidamente a este sector social.
En el año 2000 el Banco Mundial auspició un estudio titulado La voz de los pobres 2 , una de las coincidencias sobre la relación entre pobreza y discapacidad, radica en que las personas con mala salud o discapacidad, no tienen cabida en los mundos laborales de los países en vías de desarrollo , es decir las actividades económicas primarias excluyen a las personas con discapacidad; orillando a una pobreza continua en los medios rurales. Este mismo trabajo señala que la capacidad de tener un transporte propio (no necesariamente un automóvil, sino una bicicleta), marca la diferencia entre una persona con posibilidades de movilidad económica y otra que no tiene oportunidades de desarrollo, en México la pobreza se concentra fundamentalmente en comunidades rurales, según datos de Coneval, lo que conduce a suponer que las personas con discapacidad que viven en comunidades rurales, estarán excluidas del desarrollo al no tener la capacidad de participar en las actividades económicas primarias, (agricultura, pesca, ganadería), donde sin duda las mujeres se encontrarán en una desventaja mucho mayor.
Es claro que la discapacidad genera una desigualdad inicial, respecto a las personas sin discapacidad. El Banco Mundial en su Informe de Desarrollo Mundial 2000/2001, muestra cómo una fuerte desigualdad inicial disminuye los efectos del crecimiento económico sobre la pobreza . Ante una población desfavorecida por las barreras existentes, como en el caso de las personas con discapacidad, resulta imprescindible la elaboración de políticas de acción positiva para lograr reducir las diferencias existentes que proceden de una situación de partida desigual, de forma que todas las personas tengan las mismas oportunidades 3 .
Más aún, las políticas actuales en materia de desarrollo social no consideran las necesidades propias de las familias con una o más personas con discapacidad, estandarizando las acciones en materia, no reconociendo la desventaja inicial que esta condición representa para la persona y la familia.
Es necesario que cada programa considere acciones particulares y reconozca la necesidad de apoyos adicionales...
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