Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal., de 11 de Octubre de 2005
Gaceta Parlamentaria, año VIII, número 1854-IV, martes 4 de octubre de 2005 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1854-IV, martes 4 de octubre de 2005.
Iniciativas Que reforma y adiciona los artículos 71 y 72, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del PAN. Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, con relación a los delitos de homicidio y de privación ilegal de la libertad, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el adjetivo de supremo con que se califica el Poder Ejecutivo de la Unión, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con relación a enfermedades degenerativas, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. Que reforma el artículo 363 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de juicio político, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del PRI. Que adiciona el artículo 221 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI. Que adiciona un artículo 307 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del PRI.
Iniciativas
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 71 Y 72, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME DEL CONDE UGARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Jaime Del Conde Ugarte, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 72 inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reformas que se proponen al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El gobierno democrático, es el único capaz de generar una arraigada legitimidad social con base en el respeto a las libertades, la igualdad, la justicia y la tolerancia entre individuos y grupos.
En la actualidad pensar en la gobernabilidad al margen de la democracia, estimula el germen del autoritarismo en aras, en el mejor de los casos, del gobierno eficiente pero sin legitimidad ciudadana. De la misma manera, postular la democracia sin considerar a la gobernabilidad, puede derivar en situaciones de inestabilidad política. Por estas razones, es pertinente la reflexión simultánea en torno a la gobernabilidad democrática y a la democracia gobernable. Con ello se alude a dos niveles fundamentales de la política: los procesos democráticos para la conformación de gobiernos legítimos y el ejercicio gubernamental eficiente con vocación de servicio ciudadano.
Compañeros es tiempo de que México encuentre punto de equilibrio, donde estabilidad y cambio, libertad y orden, expansión de la participación política y eficacia en la toma de decisiones, obligaciones gubernamentales y responsabilidad ciudadana, entre otros factores, no sean vistos como términos excluyentes, sino como elementos que deben ser conjugados en justa medida. Para lograr construir un orden político que se traduzca en un orden democrático legítimo y eficaz.
En este orden de ideas tenemos que reconocer que en nuestro país, proliferan "anomalías" sociales, económicas o políticas, situación que abre una "crisis de gobernabilidad", que sólo será posible superar mediante una nueva formulación del modelo de relaciones entre los Poderes del Estado y del Estado con la sociedad.
Pues el logro de una adecuada gobernabilidad depende de una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes, los grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana. Cuando esos acuerdos se estabilicen y tomen un carácter institucional, habremos avanzado hacia lo que se llama la conformación de un "modelo" o "paradigma de gobernabilidad".
El asunto no sólo tiene importancia teórica, sino que también adquiere relevancia práctica: la responsabilidad por mantener condiciones adecuadas de gobernabilidad no es una cuestión que recae, de manera unilateral, en el gobierno o en la sociedad. De este modo, gobierno y oposición, partidos y organizaciones ciudadanas; habremos de comprometernos de manera conjunta a la hora de conservar un nivel aceptable de gobernabilidad.
De tal suerte que los desafíos a la gobernabilidad de nuestra democracia no provienen ya de la existencia de sistemas políticos alternativos, sino de la necesidad de corregir y perfeccionar las instituciones de la democracia, con el fin de superar algunos problemas inherentes a su propio funcionamiento, y complementar sus mecanismos de representación y agregación de intereses, con el objeto de superar sus limitaciones "externas".
Por lo que es necesario que las instituciones clásicas de la democracia representativa sean "complementadas" con una serie de esquemas de agregación de intereses, de mecanismos de toma de decisiones, de acuerdos y pactos que doten al gobierno, a los grupos estratégicos y a los propios ciudadanos, de instrumentos eficaces y legítimos de intervención política en los problemas de la sociedad.
En tal sentido, nace la urgencia de fortalecer al Poder Legislativo, a fin de que pueda contar con los recursos necesarios para asumir una eficaz "gerencia pública del desarrollo legislativo"; una gerencia capaz de diseñar y poner en práctica políticas sociales que alcancen a los sectores tradicionalmente postergados y a aquellos que han sido marginados por los procesos de ajuste. Lo anterior implica la rearticulación o modificación de nuestra legislación interna, para lograr una más eficiente actividad legislativa, y la formación sistemática de un mejor marco de gobernabilidad.
Toda vez que el flujo eficaz y legitimado de las decisiones políticas, en nuestro país, requiere necesariamente del equilibrio y el fortalecimiento de las instituciones de liderazgo, tanto en el nivel del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Es decir el Congreso tiene que desempeñar un papel de gobierno efectivo, distinto del papel crítico y de oposición que hasta la fecha ha venido desarrollando, tiene que ser capaz de formular metas generales, determinar prioridades e iniciar programas, con base en mayorías estables y consistentes, para dotar al Poder Ejecutivo de capacidad operativa para una conducción efectiva de la política externa, el control de la burocracia y el establecimiento de metas generales y de política. Pues en un sistema presidencial como lo es el nuestro no podemos negar que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de asegurar la acción nacional en situaciones críticas de política económica y externa. Responsabilidad que no podrá asumir si está amarrado por una cadena de restricciones y prohibiciones legislativas de escaso significado.
Por lo que debemos de reconocer que tanto los diputados que integraron la pasada Legislatura, como los que integramos la actual, hemos adoptado una actitud que si bien busca contraer de forma legitima la actividad presidencial a sus marcos constitucionales, en la práctica hemos dejado a un lado la verdadera razón de ser, es decir la razón de representación nacional, de nuestro papel de representantes a favor de la sociedad, de la función por lo cual fuimos electos, y esto es por el bien común de todos los mexicanos.
En este sentido, los diputados de Acción Nacional, creemos que es menester, desarrollar una nueva cultura legislativa, acorde con los tiempos que corren, y que sirva de marco general a la agenda de la gobernabilidad de nuestra democracia.
Se trata de establecer una cultura que incorpore a los valores tradicionales de la democracia (libertad, tolerancia, respeto a las minorías, etc.), las condiciones exigidas por las necesidades de gobernar a las sociedades complejas; una cultura de pesos y contrapesos, de demandas ciudadanas responsables frente a un Estado obligado a rendir cuentas, pero también de una participación ampliada mediante canales institucionalizados; una cultura que tolere las diferencias, pero que sea capaz de resguardar espacios para ciertas decisiones unificadoras; una cultura que, en definitiva, logre integrar orden y libertad, justicia y...
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