Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Penal Federal; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional., de 4 de Noviembre de 2008
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona a la Constitución general de la República y otras leyes:
Exposición de Motivos
I
Uno de los primeros derechos del ser humano es a un trabajo digno. Es decir, a un trabajo de planta, con acceso a los derechos mínimos previstos en el marco jurídico aplicable y a la seguridad social. Sólo así se garantiza un estado de bienestar mínimo para el trabajador y su familia; lo que también es base para el desarrollo económico y social de un país.
Al respecto el artículo 123 constitucional, ordena: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil..." Para lograrlo se ha creado tanto el Derecho Laboral como de la Seguridad Social, que consagran los derechos mínimos y los medios para su defensa.
Sin embargo, los patrones en el ánimo de aumentar su tasa de ganancia, han buscado cambios profundos en la administración de las empresas, con el afán de buscar ahorros a costa del bienestar de la mano de obra. Siendo una de las medidas aplicadas a este respecto el llamado outsourcing o subcontratación de la mano de obra, en virtud de la cual una empresa lleva a cabo la contratación externa de diversas actividades y servicios.
Es decir, un trabajador siendo formalmente empleado de una empresa, presta sus servicios a otro patrón, el que por tanto se desliga de toda responsabilidad laboral. Lo cual abre la puerta para la precarización de los empleos.
Esto desde el momento en que se les sujeta a una cadena de contrataciones temporales que les impide acumular antigüedad y por tanto, los derechos inherentes a la misma, como vacaciones, prima vacacional, ascensos, entre otros; se les suprime el derecho a reclamar el despido y la terminación injustificadas de la relación de trabajo. Además se les otorga un trato discriminatorio respecto a los demás trabajadores del respectivo centro de trabajo con un salario menor por el desempeño de la misma actividad, son excluidos de los sindicatos y contratos colectivos vigentes, sufren condiciones precarias en materia de seguridad e higiene. Todo esto, acaba golpeando los derechos colectivos fundamentales de los trabajadores, como la sindicalización y la huelga.
Se alegan como causas para su aplicación el alcanzar mayor eficiencia, productividad y el no tener que invertir en nuevas tecnologías. La razón de fondo es obtener ahorros a costo de los derechos de los trabajadores, para impulsar el enriquecimiento de unos cuantos. Lo que además golpea, la esfera de poder de clase trabajadora en el seno del Estado.
En el outsourcing, se ha llegado al colmo de que las propias empresas crean empresas subsidiarias, jurídicamente independientes, para obtener personal en condiciones laborales más precarias. Es decir...
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