Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable., de 8 de Noviembre de 2011
Gaceta Parlamentaria, año XIV, núMero 3385-IX, martes 8 de noviembre de 2011 Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3385-IX, martes 8 de noviembre de 2011 Iniciativas Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de Sofía Castro Ríos y suscrita por Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputadas del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN De decreto, por el que se integra un fondo especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas de sequía en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en Tlaxcala, Puebla, México e Hidalgo; y por inundaciones en Tabasco, a cargo del diputado Óscar Javier Lara Aréchiga, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN Que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN Que adiciona el artículo 39 Bis a la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN Que reforma el artículo 4o. y adiciona el 4o. Bis a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN Iniciativas Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Gastón Luken Garza, diputado de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la siguiente Exposición de Motivos
El objeto de la presente iniciativa es reducir el presupuesto que se destina a los partidos políticos nacionales, a fin de reducir el costo público que representa dichos institutos políticos, lo que deriva de una exigencia social de mayor eficacia y eficiencia en el uso de recursos públicos para las actividades político-electorales, donde existe la percepción ciudadana de que existe un gran dispendio que no se justifica con la actuación de los partidos políticos ante las necesidades de sus representados.
Actualmente, el presupuesto que se les destina deriva de una formula prevista en el artículo 41 constitucional que dispone de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65 por ciento del salario general mínimo vigente, y lo que propone el presente proyecto es una nueva fórmula económica: que considere 75 por ciento del padrón electoral y no 100 por ciento de los electores inscritos, ya que en promedio en gran parte de los procesos electorales los índices de participación ciudadana están por debajo de 60 por ciento, de acuerdo a las estadísticas que proporciona el Instituto Federal Electoral.
Asimismo, cabe señalar que dicho gasto se aumenta en 50 por ciento cada que se eligen a diputados, senadores o presidente de la república, por lo que se propone igualmente reducirlo a 35 por ciento, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija a dichos representantes populares.
Tan sólo en la elección presidencial de 2006 el porcentaje de participación fue de 58.55 por ciento, mientras que en la elección para diputados federales del 2003 fue de 41.68 por ciento, lo que refleja que existe poca participación ciudadana del total del padrón electoral, sin que dicha totalidad efectivamente vote, de ahí la propuesta de reducir la formula económica de asignación de recursos a los partidos políticos; a continuación se replican dos tablas estadísticas del Instituto Federal Electoral, con los datos señalados:
En seguimiento, la finalidad de la iniciativa es no desperdiciar recursos públicos, cuya determinación toma en cuenta a una población que no necesariamente es activa, en específico lo que se propone es considerar únicamente el número real o neto de ciudadanos que votan, y no al número bruto o total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Lo anterior, ya que se recalca el hecho de que debemos optimizar los recursos del sistema electoral, siendo uno de ellos el costo público del financiamiento a los partidos políticos, bajo la concepción de que el sistema democrático del país no tiene por qué sustentarse en un gran gasto público, sino en valores y compromisos ciudadanos.
Asimismo, la propuesta coincide con la posición del Partido Acción Nacional de sustentar la democracia desde las personas y la acción política que representan, no así por la visión económica que sostiene al sistema político.
Por tanto, el presente proyecto legislativo atiende a un argumento de congruencia con la efectiva participación ciudadana, aligerar el costo económico en beneficio de los ciudadanos, amen de dichos recursos se destinen a otros rubros como educación, salud, medio ambiente.
En apoyo, existe opinión académica a favor de tratar de reducir el costo del sistema de partidos, al respecto el maestro Marco A. Mena Rodríguez del Centro de Investigación y Docencia Económicas. AC (CIDE), formuló en octubre de 2010, un estudio denominado ¿Cuestan demasiado las elecciones en México? , donde al responder la pregunta ¿Se gasta demasiado en elecciones? Se manifiesta lo siguiente:
"Durante las pasadas elecciones de 2009 el gasto electoral fue de 20 mil 887 millones de pesos, lo que equivale al 10 por ciento del gasto en educación pública1 o al 85 por ciento del gasto en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de ese año.2 Este monto incluye: a. 3 mil 632 millones de pesos por concepto de prerrogativas federales a partidos políticos; b. 8 mil 350 millones de gastos de operación del Instituto Federal Electoral (IFE); c. 2 mil 551 millones por financiamiento público de las entidades federativas a los partidos políticos; d. 4 mil 322 millones en gastos de operación de los institutos electorales de las entidades federativas; e. 1 mil 933 millones destinados a la sala superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y; f. 98 millones de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade).
Esto representó un gasto promedio por elector de 268 pesos por ciudadano inscrito en el Padrón Electoral del IFE. Para 2011, el IFE ha solicitado ya 10 mil 499 millones, de los cuales 7 mil 163 millones corresponden al gasto de operación del Instituto y 3 mil 335 millones a prerrogativas para los partidos políticos. Las elecciones federales de 2000 fueron las más costosas en América Latina (Griner y Zovato, 2004), ubicación que no cambió para 2004, cuando un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) colocó a México como el país con mayor costo electoral no únicamente de América Latina sino de una lista de 36 países, tanto de África, Asia y Europa (PNUD-IFES, 2006).
¿Cuestan demasiado las elecciones en México? ¿Podemos gastar menos en ellas? ¿El monto es aceptable, pero se está ejerciendo de modo inadecuado? ¿Qué obtenemos por esta magnitud de gasto en comparación con otros países? ¿Vale la pena realizar un esfuerzo presupuestal de este volumen para las características económicas y políticas de México?
Si bien existe la tentación de optar por respuestas cortas a estas preguntas, el sistema electoral mexicano se ha transformado a lo largo de los años en una estructura abigarrada de regulaciones excesivas que exige revisar sus componentes por separado para poder valorar si cuestan en realidad lo que pagamos. Basta decir que es sustancialmente distinto discutir el presupuesto del Registro Federal de Electores, las prerrogativas asignadas al financiamiento de los partidos políticos, el costo de operación de los institutos electorales estatales, o bien los gastos erogados por actividades ordenadas por la ley, pertinentes o no, como el voto de los mexicanos en el extranjero.
Sin embargo, hay un común denominador. El origen de este volumen de gasto, en gran parte generado por nuestra pesadísima regulación...
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