Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales., de 17 de Febrero de 2009
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA PATRICIA VILLANUEVA ABRAJÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Patricia Villanueva Abraján, diputada federal a la LX Legislatura, con base en las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Federal y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presenta ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
El sistema de procuración y administración de justicia mexicano, históricamente ha carecido de celeridad y eficacia, lo cual ha obligado al Estado a impulsar una serie de políticas públicas y reformas legales sobre todo a lo largo de los últimos años, pues la inseguridad ha sufrido un aumento significativo de la década de los ochenta a la fecha, el sorprendente crecimiento y expansión de la delincuencia organizada y que se agrava sin duda con la crisis económica mundial, del que México no es ajeno.
Ante este panorama es ineludible el compromiso que como diputados federales tenemos, en contribuir con el proceso de transformación de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia penal, para hacerlos más eficientes; ello se logrará tomando diferentes medidas que impulsen dicho proceso, entre las que debemos destacar la conformación de un marco normativo que garantice la justicia pronta y eficaz, pues no debemos olvidar que la ley, dentro de un gobierno democrático, es el instrumento a través del cual se plasman los esfuerzos gubernamentales por restablecer el orden y la paz pública.
Por ello la presente iniciativa pretende hacer más eficientes los sistemas y procedimientos con que cuenta la institución del ministerio público en la integración de la averiguación previa; garantizar la protección de los derechos de quienes resultan afectados por la delincuencia y asegurar que quienes cometan ilícitos serán castigados aún cuando, por temor o desconfianza las víctimas no presenten la querella correspondiente y desde luego se pretende que tanto en averiguación previa como en el proceso penal, ante la indudable notoriedad del ilícito cometido, el ministerio público no tenga la carga de recabar mayor prueba, que aquellas dirigidas a demostrar la identidad del delincuente, en cuyo caso se estará...
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