Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos., de 24 de Abril de 2008
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SUSCRITA POR LEGISLADORES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Exposición de Motivos
Hoy en día nos encontramos como país en una coyuntura política y social que ha sido motivo de que muchas voces se levanten con el objeto de exigir cambios estructurales en las leyes que rigen a los mexicanos y mexicanas. Dada esta situación, se hace necesaria una revisión al ordenamiento constitucional vigente, a fin de poder lograr acuerdos que se vean plasmados en reformas que beneficien a la población de este país.
En este sentido, en el marco de la Reforma del Estado presentamos una serie de propuestas de reformas a la Constitución en diversos temas relativos a los derechos humanos. Este rubro no puede pasarse por alto en el transcurso de los cambios en los que nos encontramos inmersos, y es por esta razón que los legisladores miembros del Grupo de Garantías Sociales de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión concretamos nuestros esfuerzos en redactar reformas específicas que causen un importante impacto en la vida social y política del país.
Históricamente, la violencia ha afectado principalmente a las mujeres de todas las edades. Diversos tratados y organismos internacionales han reconocido la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación y una violación grave a los derechos humanos. Así por ejemplo, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) incluyó la violencia contra la mujer como "una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre", por lo que recomendó a los Estados parte "adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo", así como garantizar que "las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad." En este sentido, el Comité CEDAW subraya que el Estado no es responsable únicamente de actos de discriminación cometidos por el gobierno, sino también por no tomar las medidas necesarias para impedir la violencia practicada por cualquier persona.
Debido a que el problema de...
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