Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal., de 22 de Diciembre de 2006
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA OLIVA FRAGOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 73, fracción XXI, párrafos primero y segundo, y 122, párrafo sexto, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, apartado 2, fracción XX, y 40, apartado 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada Silvia Oliva Fragoso, perteneciente al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, y solicita que sea turnada para el estudio y elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la del Distrito Federal, la siguiente iniciativa de reformas al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Se dice que "no es sino hasta los últimos años que el tema de la explotación sexual comercial infantil (ESCI) ha cobrado relevancia en la consideración político estratégica de los Estados" y que en la medida en la que "la cantidad de niños y niñas que se suman a la fuerza trabajadora de la región se va incrementando, el número de ellos y ellas que cae en las diferentes redes de la industria de la explotación sexual, cualesquiera sea el motivo, también aumenta". 1
En México, como en casi todos los países del mundo, resulta muy difícil establecer cifras exactas acerca de la cantidad de niñas, niños y adolescentes involucrados actualmente en actividades relacionadas con la ESCI debido a la complejidad del fenómeno y sus muy diversas manifestaciones.
Según un estudio realizado en el 2000 por Elena Azaola, en colaboración con el UNICEF, el Sistema Nacional DIF y el CIESAS, denominado Infancia robada, desarrollado en seis ciudades de México, existen aproximadamente 16 mil personas menores de edad explotadas por el comercio sexual. 2
A pesar de que aspectos como las desigualdades respecto a las oportunidades que existen entre los diversos municipios, ciudades y zonas del país crean flujos migratorios donde las zonas más pobres expulsan a sus residentes hacia lugares con mejores fuentes de trabajo, específicamente a las ciudades, el fenómeno no es exclusivo de las zonas urbanas.
Quizás uno de los factores más importante lo constituye el desconocimiento por parte de la población sobre la existencia de esta problemática en el país y sus consecuencias.
Además, se dice que otro factor preponderante es el turismo: ...la industria del turismo también juega un papel muy importante en el aumento de la cantidad de niños explotados sexualmente. Los países latinoamericanos son cada vez más populares como lugares de descanso y relajamiento; y el creciente flujo de turistas que entran y salen de los países ha resultado en un aumento aún mayor de la cantidad de niños sexualmente explotados. Se ha sugerido incluso que el móvil detrás del aumento en los niveles de prostitución, especialmente de prostitución infantil, está directamente relacionado con el aumento del turismo. 3 México, en el marco de la Agenda de Acción del Congreso de Estocolmo, se encuentra obligado a adoptar medidas concretas contra la explotación sexual comercial infantil.
Como bien se afirma:
La respuesta de cómo debe de ser atendido una niña, un niño o una persona adolescente explotada sexualmente es demasiado compleja como para poder abordarla desde una única y simple perspectiva.
Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en peligro de ser explotados o que ya han sufrido explotación se encuentran envueltos en múltiples desventajas. Son niños y niñas que han sido utilizados como objetos y por lo tanto presentan graves afectaciones psicológicas y físicas.
Aún cuando podamos encontrarnos con estas dificultades, existe una obligación por parte del Estado y de la sociedad de restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas y de ofrecerles una mejor forma de vida. No se trata sólo de reconocer el problema sino de atenderlo e impedir que estos niños y niñas crezcan como...
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