Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Civil Federal, y de Comercio, así como de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para dar certidumbre jurídica a los acreedores al momento de resarcir el daño derivado de la mora por falta de pago en que incurren los deudores o suscriptores, según sea el caso, es decir, pretende poner un tope máximo para el cobro de los intereses moratorios., de 9 de Octubre de 2014

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Civil Federal, y de Comercio, así como de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Zuleyma Huidobro González, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2395 del Código Civil, el artículo 1330 del Código de Comercio y el artículo 17 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos

La presente iniciativa, pretende dar certidumbre jurídica a los acreedores al momento de resarcir el daño derivado de la mora por falta de pago en que incurren los deudores o suscriptores, según sea el caso, es decir, pretende poner un tope máximo para el cobro de los intereses moratorios que tanto daño han hecho a la economía de nuestro país, por lo que, se propone que los intereses moratorios al momento de su cobro judicial, no sean mayores al capital que los genero, evitando con ello que las deudas se vuelvan impagables o que se abuse de los deudores por parte de los acreedores.

Asimismo, se pretende establecer un límite a la generación de intereses moratorios, para combatir la indebida práctica de no presentar los documentos generadores del adeudo en tiempo y prolongar los juicios, teniendo como consecuencia que se condene a los deudores al pago de intereses moratorios que por mucho superan la suerte principal, teniendo como consecuencia la condena al pago de montos impagables.

No se pretende legislar sobre la legalidad o ilegalidad del cobro de intereses moratorios vencidos y no pagados, si los mimos son capitalizados o no, toda vez que ese tópico se ha superado aún en contra de la voluntad del pueblo, y a la fecha se encuentran regulados por el Código Civil, Código de Comercio y por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otros, así como por diferentes jurisprudencias que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Debemos recordar, que “...después de 1994 cuando crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana se desató, las tasas de interés se dispararon causando el sobreendeudamiento de las empresas y familias y el cese de pagos por parte de los deudores. Ante el peligro, el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero a los ahorristas. Para realizar esto, se calculó un total de pasivos del Fobaproa en 552.000 millones de pesos que fueron canjeados por pagarés ante el Banco de México. Simultáneamente, se implementó el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) que inducía a las instituciones a aportar capital cuando la situación esté dentro de la insolvencia. A través del PCCC, los bancos transfirieron los derechos de cobro al Fobaproa a cambio de un instrumento de pago a su cargo con garantía del Gobierno Federal. Estos instrumentos del Fobaproa vencieron en 2005 y 2006, y estaban atados a la tasa de interés Cetes y la tasa de interés Libre. Cronología de Fobaproa 1990 Se crea el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) bajo la argumentación de la falta de liquidez del sistema bancario el gobierno de Carlos Salinas de Gortari da vida a este fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios bajo la excusa de las posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. 1991 Reprivatización de la banca para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo, fueron vendidos 18 bancos. Diciembre 1994 estalla la crisis económica con inflación, tipo de cambio sobrevaluado, déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el mercado de valores desembocan en la devaluación del peso y un alza en las tasas de interés. Como consecuencia se reflejaron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito por lo que los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero. 1995 se aplica el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40 por ciento del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. También se crea el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. 1996 se crea Ucabe (Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial) que sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de 9,700 millones de dólares. Marzo 1998 el Ejecutivo federal envía al Congreso de la Unión un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que reduzca las posibilidades de una nueva crisis bancaria y propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade), instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos. Ahora bien, lo cierto es que ha sido una de las maniobras más escandalosas porque los banqueros salvaron sus “malas” finanzas y se enriquecieron gracias al visto bueno de la clase política. La aplicación del Fobaproa ha sido uno de los flagelos más crueles que ha sufrido la economía mexicana ya que las finanzas públicas siguen sufriendo esas consecuencias. A través del Fobaproa, el Gobierno Mexicano rescató a los bancos...

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