Iniciativa parlamentaria que expide la Ley de Zonas Económicas Especiales., de 18 de Marzo de 2015

Que expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada María de Lourdes Medina Valdés, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Lourdes Medina Valdés, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, con base en la siguiente Exposición de Motivos

En el marco de la globalización, está demostrado que los países que han abierto su economía de manera estratégica y elevando su competitividad, han encontrado en esta etapa de la historia del comercio mundial, una zona de oportunidad para transitar como países subdesarrollados a emergentes, tal como es el caso de China y de la India. El desafío de fusionar la nueva economía digital y el desarrollo de políticas públicas destinadas a desarrollar ventajas competitivas, es el desafío de los diseñadores de políticas económicas del Estado Mexicano.

El pasado 27 de noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto propuso crear tres Zonas Económicas Especiales para los estados más rezagados del país - Corredor industrial interoceánico (el istmo), Puerto Chiapas, y los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán- como parte de una nueva política industrial y de desarrollo social, emulando el modelo de China al inicio del fenómeno de la globalización, de acuerdo al pronunciamiento del Ejecutivo, una Zona Económica Especial es:

“Es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos para atraer empresas y generar empleos de calidad. Deberán tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento, facilidades para el comercio exterior, así como importantes descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit”.

A dos meses del anuncio del Ejecutivo, el Congreso de la Unión debe iniciar un proceso de discusión de una nueva política industrial, que retome las mejores experiencias de estas figuras jurídicas en América Latina, Asia, específicamente el caso de China, quien emula el modelo maquilador implementado en México de los años setentas.

Adicionalmente, hay que ubicar que este proyecto de Zonas Económicas Especiales, debe ubicarse dentro del nuevo papel de México en comercio internacional y de un nuevo proceso de integración económica con el mercado de Asia-Pacífico, que desde el punto de vista comercial y de procesos industriales, permite construir un andamiaje institucional sobre las bases jurídicas del TLCAN, para desarrollar una competitividad regional frente a los nuevos desafíos globales.

El actual modelo económico de apertura comercial, como boleto al club de los países desarrollados, está muy lejos de las promesas originales, el crecimiento económico se mantuvo en promedio de 2.6% anual, más de la mitad de la población se mantiene en la pobreza, se disparó la migración indocumentada, 1 y aumentó nuestra dependencia comercial. Entre otras causas, del fracaso del actual modelo de apertura comercial se debe a: a) La falta de una política industrial condujo a la desarticulación de cadenas productivas en detrimento de la planta productiva nacional b) Se asumió como principal elemento de la competitividad, la diferencia en el costo de mano de obra, que sigue siendo un factor fundamental para la instalación de empresa manufactureras norteamericanas, pero que para la economía del conocimiento del siglo XXI, este factor es insuficiente en el largo plazo. c) La carencia de una planificación ordenada del desarrollo regional, transporte, logística, que permitiera desarrollar capacidades competitivas, frente a la emergencia de agresivos competidores como lo fueron los tigres asiáticos o actualmente China, el comercio de los Estados Unidos con China y otros países asiáticos ha crecido en una magnitud superior en el mismo periodo de veinte años.

A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Transpacífico (TPP), o cualquier otra figura comercial, abrirá la competencia de nuestra economía a la oferta productiva de países del Sudeste asiático que puede afectar seriamente algunas ramas de la producción nacional, donde se ha especializado México en la vida del TLCAN como el sector tecnológico intensivo en mano de obra.

Por estas razones, la LXII legislatura ha invertido un importante capital político para sentar las bases de un nuevo modelo de economía, centrando sus esfuerzos en generar condiciones para fortalecer un modelo de economía de mercado con presencia reguladora del Estado que combata los monopolios y oligopolios del sector privado y público que restan competitividad a nuestra economía. En este último punto, el relacionado con la agenda de productividad y competitividad, el Congreso de la Unión camina en la dirección correcta, hemos elevado a nivel constitucional el concepto de competitividad como un elemento rector del desarrollo nacional, específicamente para el sector industrial y de comercio. 2 En el artículo 25 constitucional, se define la competitividad como “el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”. Así como, la obligación del Estado de “promover la competitividad e implementar una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales”, como mecanismos para alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares y proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. Por otro lado, el artículo 26 constitucional se establece que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales”.

En este mismo orden de ideas, el pasado 4 de diciembre de 2014, esta Cámara de Diputados aprobó un dictamen que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que actualmente radica en la Cámara de Senadores. El proyecto de Ley es Reglamentaria de la Reforma Constitucional a los Artículos 25 y 26 en materia de Promoción de la Competitividad y de Desarrollo Industrial. La nueva Ley busca implementar una política nacional de fomento económico, dirigida a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad, así como potenciar la inversión y promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad. Además, pretende fortalecer las cadenas productivas y a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el mercado interno, elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, y promover el desarrollo económico y el empleo formal. Y finalmente un mecanismo de coordinación de coordinación entre los sectores público, social y privado, a través del Comité Nacional de Productividad, para promover el incremento sostenido de la productividad y la competitividad.

Sin embargo, la nueva política industrial competitiva en México, requiere un instrumento diferenciado como son las Zonas Económicas Especiales que permitan a nuestra economía generar mejores condiciones de inversión y desarrollo de tecnología, que supere el modelo tradicional de manufactura intensivo en mano de obra, en el periodo de vigencia del TLCAN y establecer una nueva política de industrialización para frente al desafío que representa la competencia comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. 3

En la actualidad, paradójicamente a pesar de que México es el país con mayor número de tratados comerciales, ocupamos el último lugar en materia de Zonas Económicas Especiales, mientras que los países emergentes con mayor poder en el mercado comercial han desarrollado ampliamente este instrumento de política industrial como China, India, Uruguay, Panamá, Honduras, entre otros.

Las Zonas Económicas Especiales son áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país donde las reglas de los negocios son diferentes, orientadas en mayor medida a una economía de libre mercado que aquellas que prevalecen en el territorio nacional. Las zonas económicas se diseñaron como una herramienta de comercio, inversión y de política industrial diferenciada, que tiene como objetivo superar las barreras que impiden la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas de seguridad, falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad.

Jurídicamente a nivel internacional, se denomina zona económica especial (ZEE) a una región geográfica que posee leyes económicas -orientadas en mayor medida a una economía de libre mercado- a las leyes del resto del país. Las leyes de “alcance nacional” pueden ser flexibles dentro de una Zona Económica Especial. Su objetivo es incrementar la inversión extranjera directa por parte de inversionistas, como puede ser una empresa internacional o una corporación multinacional. La categoría de ZEE abarca un amplio espectro de tipos de zonas más específicas, incluidas las zonas de libre comercio, zonas de procesamiento de exportaciones, Zonas Libres (FZ), parques industriales o estados industriales (IE), puertos libres, zonas de emprendimientos urbanos y otras.

De acuerdo al Banco Mundial, las zonas económicas pueden tomar muchas formas distintas en dependencia de su propósito abarcando un amplio espectro de tipos de zonas más específicas como las zonas de libre comercio (FTZ), zonas de procesamiento...

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