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Iniciativa parlamentaria que expide el Código Procesal Penal Federal, de 11 de Diciembre de 2008

Núm.:2384
Fecha de apertura:11 de Diciembre de 2008
Periodo:Primer Periodo Ordinario
Etapa:Turnada
Legislatura:LX
 
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QUE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR CAMACHO QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

César Camacho, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículos 71, fracción II; 72, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide el Código Procesal Penal Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa de Código Procesal Penal Federal que ahora se presenta, concreta la adopción del proceso penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Para su elaboración fueron considerados referentes nacionales de las entidades que ya habían adoptado el modelo acusatorio, así como otros modelos provenientes del derecho procesal penal comparado, sin embargo, en esta iniciativa se prevé una estructura enteramente distinta del Proceso Penal Federal y se incluyen nuevos mecanismos que atienden a la naturaleza de los delitos que se tramitan en el fuero federal mexicano. La riqueza indudable que supone nutrirse de lo que ocurre en otras latitudes no puede, sin embargo, suplir a las particularidades del tipo de casos que se procesan en el fuero federal.

El proceso penal que se desprende del nuevo texto constitucional introduce importantes cambios en distintos ámbitos de la persecución y el enjuiciamiento penales. Conlleva una transformación que impacta en la naturaleza de la investigación de los delitos, en la protección de los derechos de las víctimas y de los imputados, así como en las diversas soluciones que pueden darse frente a los conflictos sociales que se siguen de la comisión del delito. El nuevo modelo también tendrá influencia en el modo en que se gestionan las instituciones que operan el sistema de justicia penal, procuración y administración de justicia, policía, defensoría pública, y centros de justicia alternativa, entre otros.

El marco general del nuevo proceso acusatorio exige que la investigación del se desarrolle sobre la base de nuevos criterios y directrices, de manera tal que –a diferencia de lo que ocurría con la antigua averiguación previa administrativa- no se constituya en un procedimiento cuasijurisdiccional formalizado en el que la prueba se tasaba y prácticamente se constituía en cuanto a su valor definitivo. El proceso acusatorio exige la nítida distinción entre actos de investigación y actos de prueba, y reserva éstos últimos para el juicio o la diligencia de prueba anticipada, que tiene las mismas formalidades que aquél.

Otro de los requerimientos de este nuevo proceso es el redimensionamiento que se hace del juicio oral. El juicio oral constituye el núcleo del nuevo proceso penal que se deriva de la reforma constitucional. Se ha dicho que en el proceso moderno el juicio oral es la excepción y que en realidad ahora prevalece un proceso penal que privilegia las salidas negociadas y otras formas abreviadas para resolver los conflictos sociales derivados del delito. A pesar de que desde un punto de vista cuantitativo hay una marcada tendencia a que la mayoría de los casos se resuelvan por vías diversas al juicio, de ello no puede desprenderse que lo que se quiso establecer con la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 sean procedimientos sin verdad.

En efecto, a pesar de las múltiples salidas alternas y otros mecanismos para la terminación anticipada del proceso, el juicio oral continúa siendo el referente fundamental para la decisión respecto de cuál sea la mejor vía para resolver el fondo de los asuntos. Se trata de un cálculo de la fuerza probatoria del asunto. Las partes en el proceso deben hacer un juicio de anticipación respecto de lo que ocurrirá en el juicio oral para determinar si deciden litigar el caso hasta esa instancia o si prefieren más bien alguna otra vía. De ahí que no sea correcto decir que el juicio oral es excepcional, antes bien es el horizonte permanente a partir del cual cada una de las partes toma las decisiones del caso.

El Ministerio Público debe construir su estrategia de política criminal tomando en cuenta al juicio oral; también debe hacerlo para la dirección de la investigación y para la elaboración de la teoría del caso. La mejor estrategia debe decidirse anticipando lo que ocurriría en un juicio oral y, a partir de ahí, organizar las posibles salidas del asunto.

El imputado y su defensor, por su parte, también deben anticipar el escenario del juicio oral para organizar y tomar decisiones fundamentales en el curso del proceso.

El juicio oral es el barómetro de todas las decisiones del proceso.

Cabe observar que se ha cambiado la denominación de Código Federal de Procedimientos Penales por la de Código Procesal Penal Federal , pues estos cuerpos legales no sólo establecen normas procedimentales, sino que también contienen disposiciones sobre jurisdicción, competencia, sujetos procesales e instituciones intervinientes, todo lo cual conforma un universo que rebasa la noción de procedimiento, la cual tiene una connotación más bien de corte administrativo. La noción procedimiento es típica de los modelos inquisitivos, en el sistema acusatorio proceso es una denominación más acorde con el cambio que se pretende. Es cierto que, si bien no es dable hablar de proceso sino hasta que se ha perfeccionado el triangulo procesal entre acusador-imputado-juez, la noción de procedimiento penal es contradictoria con las características del nuevo modelo acusatorio. Como adecuadamente ha indicado el profesor García Colomer, hablar de un procedimiento acusatorio es una contradicción en sus términos, en la medida en que supone la confusión entre actos de investigación y actos de prueba. Así pues, a pesar de que ciertamente existen actos de investigación previos a la realización del juicio, algunos de los cuales son realizados unilateralmente por la policía y el Ministerio Público, sin la intervención del juez, se ha decidido designar a la totalidad de las actuaciones como proceso.

Esta iniciativa de Código Procesal Penal Federal prevé una estructura dividida en seis Títulos que se subdividen en capítulos y secciones. El Título Preliminar regula los principios generales del Proceso Penal Federal; el Primero desarrolla las normas concernientes a los actos procesales; el Segundo prevé las reglas sobre los sujetos procesales y los intervinientes en el proceso penal; el Tercero desarrolla las distintas fases del proceso penal ordinario; el Cuarto introduce los procedimientos especiales y, finalmente, el Título Quinto establece el capítulo de recursos.

A continuación se explican sus principales institutos.

Título Preliminar

Principios, derechos y garantías

En la presente iniciativa se incluye un título preliminar que contiene los principios generales del proceso penal, así como los derechos y garantías de las partes, reconocidos algunos de ellos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual se desprenden las principales orientaciones de regulación procesal de acuerdo con los principios superiores que ésta consagra, así como otros principios previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes para México, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Esta iniciativa de Código Procesal Penal Federal regula un sistema acusatorio de carácter oral que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Se regulan los principios de lealtad de las partes, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, indefectibilidad, justicia pronta y gratuita, juez natural e independiente, ne bis in idem , libertad probatoria, medidas cautelares y reglas de interpretación, así como mecanismos de justicia restaurativa. También se establecen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación que regulan el proceso penal. A continuación se da cuenta de los principios fundamentales del proceso.

En primer término se establece el principio de lealtad procesal. El Ministerio Público y la defensa deberán litigar con lealtad y buena fe, evitando todo tipo de prácticas dilatorias o abusos de las facultades previstas en el código.

La cualidad de parte acusadora en el proceso penal asumida por el Ministerio Público no obsta a que, como agente tutelar del imperio de la ley penal, esté obligado a obrar objetivamente y, en su caso, incluso llegar a solicitar la absolución del imputado cuando ello sea procedente. Asimismo, sin dejar de reconocer que los defensores deben tener como principal eje de preocupación los intereses de sus defendidos, ello no puede traducirse en que puedan realizar actos contrarios a los principios del sistema de justicia y a los de la ética profesional.

También se establece el principio de igualdad ante la ley. La materialización de este principio, no solo brinda igualdad de oportunidades a las partes a fin de equilibrar el proceso, sino también identidad en la aplicación de los derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes. El acceso a la justicia debe ser idéntico para ambas partes, el imputado puede ser oído en audiencia de la misma manera que el Ministerio Público.

El principio de presunción de inocencia es el presupuesto fundamental de todo el sistema de justicia penal en su conjunto. Este principio, contemplado en...

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