Iniciativa parlamentaria que crea la Ley de Precios Competitivos., de 23 de Enero de 2008

QUE CREA LA LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Precios Competitivos bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha 5 de diciembre de 2006 fue presentada al Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Precios Competitivos por los legisladores de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda.

Sin embargo, hasta la fecha dicha iniciativa está congelada en las comisiones mencionadas. Por tal razón, en esta ocasión, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete al Pleno de la Comisión Permanente la iniciativa de ley que nos ocupa, debidamente actualizada en su exposición de motivos y en su articulado.

Como se sabe, esta iniciativa se basa en el proyecto del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, así como de los candidatos a senadores y diputados de la Coalición Por el Bien de Todos, quienes se comprometieron con la sociedad mexicana en la campaña electoral de 2006 a crear las condiciones materiales y legales para la construcción de un México más equitativo, más justo y democrático.

El sentido de esta iniciativa de ley es poner un freno a la voracidad de los monopolios y oligopolios que se apropian de la riqueza de los consumidores, mediante la fijación de precios exageradamente altos en comparación con los costos de producción de los bienes y servicios que producen,

Estamos convencidos que esto no puede seguir así, porque la mayoría de los mexicanos vive en la pobreza y no deben continuar siendo esquilmados por los grandes empresarios de este país.

Tenemos claro que las grandes empresas cuentan con la protección, la promoción y la complicidad del Estado mexicano en esta rapiña generalizada contra la población.

Los monopolios y oligopolios tienen enormes ventajas que derivan de su poder económico, financiero, productivo y de mercado y cuentan con el apoyo del Estado mexicano, que les garantiza el control del mercado interior mediante el establecimiento de una política cambiaria sobrevaluatoria, que les abarata los dólares en el mercado nacional y les permite comprar activos empresariales en el extranjero. Además, de regímenes especiales de tributación, que les cobra pocos impuestos y les permite evadirlos y eludirlos.

Aquí no termina el entramado de corrupción e impunidad de estos grandes conglomerados, porque también cuentan con el apoyo del poder político del Estado a través del poder informal del dinero, que les permite fortalecer las relaciones de control del mercado interno mediante el sistema de sobornos y compra de funcionarios públicos.

Este es el factor institucional que hace posible que los monopolios y oligopolios impongan la fijación de precios muy por encima de sus costos de producción y los dictados de la política interior y exterior de México.

Es decir, han creado un verdadero sistema de corrupción que relaciona las esferas del poder político-burocrático con los propietarios de los grandes monopolios y oligopolios.

Ahora mismo estamos viendo como el poderío del duopolio televisivo impone a la sociedad mexicana un modelo de comunicación y entretenimiento que representa la opinión y la cultura de un sector de la población, que margina al resto de los habitantes y no permite la pluralidad ni el derecho de réplica en los contenidos de los programas que son vitales en la formación de opinión.

Otro ejemplo irrefutable de esa corrupción y control del mercado interno por parte de los monopolios y oligopolios, lo representa la prohibición en septiembre de 2004 de la entrada de cemento ruso, que se pretendía introducir al mercado nacional a precios más bajos que los que ofrecen en México, pero el poder de Cemex, con el aval del entonces presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún, se impuso y no entró.

Otro tanto acontece con la banca privada que aplica un total de 64 comisiones a las tarjetas de crédito y débito, al grado de que la propia Comisión Federal de Competencia reconoce que en los servicios financieros de esta clase, existe control oligopólico.

Ahora, hasta el propio Banco Mundial reconoce que es tal el poder que esos monopolios y oligopolios han acumulado en el país, que se han convertido en un verdadero obstáculo para que la economía crezca, como sí lo están logrando otras naciones.

Entonces preguntamos, ¿tenemos que seguir esperando sin hacer nada, hasta que estos grandes conglomerados nos aplasten y devoren y continúen succionando enormes recursos a los consumidores?

Pensamos que no. Para ello, se busca impulsar la creación de una Comisión Federal de Precios Competitivos que deberá realizar investigaciones a fondo, sobre la estructura de mercado y de fijación de precios que realizan los grandes grupos económico-financieros de nuestra nación, para ponerles un freno y proteger a los consumidores.

Asimismo, se considera de orden público la obligación de las personas físicas o morales de entregar la información o documentos que la comisión estime pertinentes para realizar su labor de investigación y poder emitir un dictamen fundado respecto de las posibles prácticas que limitan la competencia económica y conducen a la fijación de precios muy por arriba de los costos de producción.

También propone dotar a la comisión de un instituto de investigación de las prácticas monopólicas y oligopólicas, con el fin de conocer a fondo el nivel o grado de concentración económica por parte de las empresas privadas.

Este instituto será un órgano técnico auxiliar de la citada comisión que deberá actuar de manera propia sin necesidad de que medie denuncia alguna sobre alguna práctica monopólica o limitación de la competencia.

En aras de que los integrantes de dicho instituto, sean los idóneos, deberán ser seleccionados previo concurso abierto y público y contar con diez años de experiencia en el ejercicio de la profesión de licenciatura en economía, o una licenciatura afín, así como poseer, como mínimo, el grado de maestro o su equivalente académico.

La Comisión de Precios Competitivos establecerá lineamientos que permitan determinar si una concentración económica limita o no la competencia y crea la posibilidad de fijación de precios muy por encima de los costos de producción.

Esta comisión definirá el alcance de las cláusulas de confidencialidad de la información que las empresas deben entregarle, para que pueda llevar a cabo sus tareas de investigación que realice sobre prácticas monopólicas o limitación de la competencia.

Esta medida se toma como parámetro de investigación, porque las grandes empresas abusan de las cláusulas de confidencialidad de la información y es necesario que para lograr una investigación a fondo, la comisión que se propone, debe disponer de toda la información necesaria para cumplir con su cometido.

Además, esta...

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