Iniciativa parlamentaria que adiciona las Leyes General de Desarrollo Social, y Orgánica del Banco del Bienestar, para proteger los derechos de los beneficiarios de los programas sociales., de 31 de Julio de 2019
Que adiciona las Leyes General de Desarrollo Social, y Orgánica del Banco del Bienestar, recibida del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 31 de julio de 2019
El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Desarrollo Social y adiciona la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, para proteger los derechos de los beneficiarios de programas sociales , al tenor de la siguiente Exposición de Motivos
Durante los últimos años se han realizado esfuerzos democráticos para incorporar a la política social elementos como la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la fiscalización del gasto público, las evaluaciones de resultados, además de un progreso notable en la institucionalización de los programas que atienden a la población, principalmente con la expedición de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de la creación de instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y las contralorías sociales.
No obstante, lo cierto es que aún quedan obstáculos para el desarrollo social de los mexicanos: la pobreza crece, los programas continúan operando con márgenes de discrecionalidad y son ineficientes, es constante el uso político en la entrega de los apoyos sociales; el ejercicio pleno de los derechos de los beneficiarios es una asignatura pendiente, puesto que carecen de medios defensa ante las arbitrariedades, como por ejemplo, la suspensión de su pago o su baja del padrón de beneficiarios, entre otros factores.
En ese sentido, la presente iniciativa expone y plantea solución a una problemática que es constante para los beneficiarios de los programas sociales: La coerción con fines electorales y el cobro de sus apoyos.
Planteamiento del Problema
El hecho de que los beneficiarios reciban sus apoyos a través de una tarjeta bancaria evita la manipulación, elimina a los intermediarios y desincentiva la corrupción. No obstante, a pesar de ser una alternativa factible para la dispersión de las transferencias sociales, la bancarización de los programas sociales no ha funcionado adecuadamente, genera oportunidades para la existencia de negocios paralelos al amparo de los beneficiarios y en ocasiones dificulta el cobro de los apoyos gubernamentales; lo anterior, debido a que este proceso no está regulado adecuadamente.
La bancarización de la política social sin adecuada regulación hace tanto daño a los beneficiarios como los operadores políticos.
Es común que los beneficiarios de los programas sociales tengan dificultades para hacer valer sus derechos, hay abusos por parte de los operadores del gobierno y las instituciones bancarias ante la falta de mecanismos para exigir un trato digno.
El retraso en la entrega de apoyos que están calendarizados es una situación tan común que se ha normalizado. En otros casos miles dejan de recibir su depósito sin que medie una notificación previa. Peor aún si se da un cambio en las administraciones y el partido político que gobierna, pues los padrones de beneficiarios son depurados, o si las tarjetas bancarias son renovadas no hay garantía de que se reciba el recurso.
Con la creación del Banco de Bienestar, medida anunciada por el presidente de la república y aprobada por el Congreso de la Unión, esta institución será la encargada de administrar y dispersar los recursos de programas sociales y subsidios. Las estimaciones del recurso que administrará el futuro Banco de Bienestar ascienden a 292 mil millones de pesos anuales, y la cobertura de beneficiarios estimada es de 28 millones de mexicanos; ante ello, es fundamental que se regulen las atribuciones que tendrá en estas tareas, debido a que la propuesta aprobada por el Congreso no incluye reglas referentes a cómo realizará la entrega de los programas, es decir, está abierta la puerta a la compra de votos y la discrecionalidad de la política social.
Dicho lo anterior, la presente iniciativa propone establecer reglas para las instituciones bancarias y los administradores de los programas y subsidios, respecto de las cuentas de los beneficiarios, con la finalidad de que se reduzcan los abusos y mejoren los resultados de las políticas sociales que permitan la superación de la pobreza y las carencias sociales.
La finalidad de esta iniciativa es que los mexicanos reciban sus apoyos, subsidios, becas, y demás apoyos a tiempo y no dejen de recibirlos.
Se busca que la creación del Banco de Bienestar no se traduzca en una estrategia de clientelas para la promoción política de partidos políticos o servidores públicos, sino que contribuya a garantizar el acceso a la política social, mejorar los resultados de los programas y fomentar la inclusión financiera.
A continuación, se analiza la problemática general de los costos que se generan en el país producto de la manipulación de los programas sociales, la entrega de recursos y la ausencia de reglamentación para le entrega de las transferencias a los beneficiarios vía el sistema bancario.
Desarrollo
El uso de los programas sociales con fines políticos, electorales o de lucro particular sigue siendo una constante, distorsiona su objetivo e impide combatir la pobreza y la superación de las carencias sociales, y por otra parte, crea redes de corrupción.
Al respecto, la iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), esfuerzo elaborado desde 2009 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y Transparencia Mexicana (TM) para el diagnóstico de la política social nacional, detalla en su informe de 2018 1 lo siguiente: -Un elevado porcentaje de programas y de acciones para el desarrollo social no recolecta información socioeconómica para determinar la elegibilidad de los potenciales beneficiarios, a pesar de decir contar con criterios de selección. -45, 56 y 75 por ciento de las intervenciones federales, estatales y municipales registradas, respectivamente, no eligen a sus beneficiarios con base en criterios socioeconómicos que fomenten la progresividad en la aplicación de los recursos – esto es, que lleguen a quienes más lo necesitan – y que reduzcan la arbitrariedad en la selección de los destinatarios de los apoyos. -Sólo una de cada cinco intervenciones (programas) que reportaron no contar con padrón de beneficiarios dijeron tener convocatorias abiertas y calendarizadas para convocar e integrar a sus beneficiarios. Esto significa que, en dado caso de que estas acciones y programas sociales sin padrones integren a nuevos beneficiarios durante el periodo electoral sin convocatorias calendarizadas y previamente informadas al Instituto Nacional Electoral (INE), se pudiera considerar que tienen una finalidad electoral.
En ese sentido, es claro que cada proceso electoral existe el riesgo de que la política social sea usada como moneda de cambio para ganar elecciones, lo cual, además de tener un impacto negativo en los procesos democráticos del país, reduce la cantidad de recursos disponibles para atender a la población más necesitada. Es muy probable que el gasto público destinado a la población más necesitada no esté...
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