Iniciativa parlamentaria que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso a emitir leyes generales en materia de obras públicas y servicios relacionados y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público., de 7 de Marzo de 2019
Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Bautista Rodríguez Mónica, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora, legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXX- y XXX-B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para emitir leyes generales en materia de obras públicas y servicios relacionados y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, bajo la siguiente Exposición de Motivos
Recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2017. Un año más, se expuso la opacidad con la que se manejaron recursos públicos en diferentes dependencias, entidades federativas y proyectos de infraestructura de índole federal. En este sentido, es preocupante el patrón que año con año se repite y que no existan aún planes concretos de la actual administración para resanarlos, para corregirlos.
El sexenio de Enrique Peña Nieto se caracterizó por los niveles de corrupción y de impunidad al más alto nivel: miles de millones de pesos del erario desviados, investigaciones judiciales bloqueadas o desechadas trajeron consigo resultados calamitosos para la sociedad mexicana y su economía.
La administración en curso, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ha echado a andar varias reformas como la de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, etc., con varios argumentos entre los que se encuentran el de sanear las finanzas públicas y recortar gastos superfluos.
En contraste, se han tomado decisiones sin un sustento técnico firme y convincente principalmente en el ámbito de las obras públicas y las adquisiciones gubernamentales que, como es bien sabido, si no se manejan de la manera estrictamente correcta y apegada a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, pueden tener una incidencia negativa en las finanzas públicas y en el desarrollo económico de una región y del país.
Así pues, en el recuento de los temas de compras gubernamentales en los que ha estado involucrada la actual administración están: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la planeación del aeropuerto de Santa Lucía; la compra de pipas para el transporte de gasolina en varios estados del país a raíz del combate al robo de combustible; la planeación del Tren Maya; las nuevas refinerías de Pemex; la compra de carbón para las plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y así un larguísimo etcétera de compras de montos menores pero, en conjunto, no de menor importancia.
La actual legislatura quedó con una deuda en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: las atribuciones de compras públicas ahora pasaron a manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, no sólo se trata de un cambio de gestión de recursos, se trata de que todo el procedimiento de compras gubernamentales dé un giro en favor de la economía y la planeación nacional.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, que los resultados de la ejecución de estos recursos serán evaluados por las instancias técnicas competentes.
En este mismo artículo se señala lo siguiente: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
Además de estar estipulado constitucionalmente, en el año 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto: “... establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.” 1
A pesar de ser un mandato constitucional, la evidencia demuestra que el empleo de recursos públicos no siempre se apega a la ley y en este sentido, que se estén administrando con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” y que los...
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