Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción II del apartado A del artículo 4 de la Ley Estatal de Salud

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE

LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

P R E S E N T E S.

DIP RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo los artículos 57 fracción I, 63 fracción II, 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del apartado A del artículo 4 de la Ley Estatal de Salud, para el Estado Libre y Soberano de Puebla

CONSIDERANDO

1.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo Cuarto, artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la salud se consagra como un derecho social inalienable, como a continuación se transcribe como si a la letra se insertase. Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Es decir, el precepto constitucional descrito con antelación implica que la protección es al bienestar físico y mental del individuo, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, al tiempo que pretende, prolongar y mejor la calidad de vida, mediante la garantía de seguridad sanitaria para los habitantes.

2.- Por tanto, el acceso a la atención médica de calidad es un derecho humano fundamental, y en ninguna otra etapa de la vida es esto más crucial que durante el parto. En este sentido, es esencial que el Estado asuma la responsabilidad de cubrir los gastos de parto de las mujeres. Este apoyo financiero no solo beneficia a las mujeres, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto.

El acceso a una atención médica de calidad durante el embarazo, parto y después de este, es un aspecto crítico de la igualdad de género. Las mujeres no deben verse en la posición de elegir entre su salud y su capacidad para cubrir los gastos médicos.

El Estado, al proporcionar una atención gratuita o asequible, en el periodo materno infantil, contribuye a la eliminación de barreras económicas que pueden afectar negativamente a las mujeres y, por ende, fomenta la igualdad de género.

3.- La atención médica adecuada durante el periodo materno-infantil es esencial para reducir la mortalidad materna. Cuando las mujeres no pueden pagar la atención médica durante el parto, es más probable que recurran a prácticas de parto no seguras o eviten la atención médica por completo, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y muertes. Al cubrir los gastos de parto, el Estado puede garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una atención segura y de calidad. Pues, la salud de un recién nacido está estrechamente relacionada con la salud materna. Cuando una madre recibe atención médica adecuada durante el parto, aumentan las posibilidades de que su bebé nazca sano y reciba un buen comienzo en la vida. Esto contribuye a la reducción de la mortalidad infantil y al desarrollo saludable de la población.

4. - Los costos asociados con el parto pueden ser abrumadores para muchas familias, especialmente aquellas con bajos ingresos económicos. Por lo que, al ampliar la cobertura de los servicios de salud por parte del Estado, en materia de parto, el Estado alivia una carga financiera significativa para las familias, permitiéndoles concentrarse en criar a sus hijos en lugar de preocuparse por las deudas médicas. Además de que cuando las mujeres saben que pueden acceder a atención médica de parto gratuita o asequible, es más probable que busquen atención prenatal y se involucren en la planificación familiar. Esto puede conducir a embarazos más saludables y a una planificación familiar más efectiva, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en la economía y la sociedad en general.

5.- La inversión en salud materna no solo es una inversión en el bienestar de las mujeres y sus hijos, sino también en el desarrollo económico. Las mujeres sanas pueden participar plenamente en la fuerza laboral y seguir contribuyendo al crecimiento económico del Estado. Ampliar la cobertura de los servicios de salud en favor de las mujeres y los hijos, no es solo es una cuestión de derechos humanos y equidad de género, sino que también tiene beneficios significativos para la salud pública, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Garantizar el acceso a una atención de parto gratuita o asequible es una inversión en un futuro más saludable y próspero para todos.