De los informes que deben rendir los especialistas durante el procedimiento de concurso mercantil

En su obra La Quiebra: Derecho Concursal Español, el tratadista José A. Ramírez,⁵ nos dice que la legislación española obliga a los síndicos a rendir cuentas una vez acabado el reparto o distribución del activo entre los acreedores (viejo Código de Comercio, Código Civil y Ley del Enjuicia miento Civil).

Dice que sencillamente, los Síndicos presentan su cuenta al Juzgado, este convoca a los acreedores a junta, y son los acreedores -en Junta- los que aprueban o desaprueban las cuentas rendidas.

El propio tratadista nos dice que Martín de Eixalá escribía que: "una vez que se haya realizado todo el haber de la quiebra y distribuido entre los acreedores, queda determinada la administración de los síndicos y por consiguiente se hayan en el caso de rendir cuentas".

Nos señala que la explicación de lo anterior la daba Cervantes, al precisar: "todo administrador está obligado a rendir cuentas de su administración, para que conste el empleo que ha dado a los caudales y demás objetos que estaban Page 184 a su cargo, así como los ingresos que han tenido lugar durante su administración y el estado de los efectos que existen en su poder".

Y que por su parte, González Huebra sostiene: "los bienes e intereses del quebrado, desde que se le ocupan hasta que se concluye la liquidación de la quiebra, corren a cargo del Departamento y de los Síndicos, que los administran y enajenan a nombre de los acreedores, y es necesario por lo mismo que den cuentas de su administración".

Aunque en nuestro país, el primer antecedente legal en materia de liquidez se encuentra en la Ley de Bancarrota de 1853, este trabajo únicamente se ocupará de analizar el antecedente más próximo a la legislación que actual mente nos rige: la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943.

Como se sabe, el artículo segundo transitorio de la Ley de Concursos Mercantiles abrogó la referida Ley de Quiebras, la cual establecía como obligación del síndico, entre otras, la de rendir en la etapa de quiebra un informe cada tres meses respecto a su gestión, y una sola vez en el estado de suspensión de pagos, sobre el estado de la negociación.

Lo anterior se puede ver de los artículos 50 y 416, fracción IV, de la invocada legislación, que a la letra dicen:

Artículo 50. El síndico, trimestralmente, rendirá cuentas de su gestión y un in forme sobre el estado de la quiebra. Con el informe y la cuenta se dará vista al quebrado y a la intervención por tres días, y en audiencia que se celebrará dentro de los tres siguientes, el juez dictará resolución, aprobando o desaprobando las cuentas.

Artículo 416. El síndico tendrá los siguientes derechos y obligaciones:...

4. Rendir un informe sobre el estado de la negociación, que comprenda todos los datos que puedan ilustrar a los acreedores sobre el convenio propuesto y sobre la conducta del deudor. Este informe deberá presentarse ante el juez, por lo menos tres días antes de la celebración de la junta, para que los interesados puedan enterarse de él.

En general tiene los derechos y obligaciones del síndico en la quiebra. Page 185

Como se ve, con el informe trimestral sobre la gestión y cuenta, debe darse vista al quebrado y a la intervención por tres días. Hecho lo anterior, en audiencia que se celebrará dentro de los tres siguientes, el juez dictará resolución, aprobando o desaprobando las cuentas.

Por su parte, en la suspensión de pagos el informe sobre el estado de la negociación -único-, comprenderá todos los datos que ilustren a los acreedores sobre el convenio propuesto y sobre la conducta del deudor; tiene que presentarse por lo menos tres días antes de la celebración de la junta de acreedores, para que los interesados puedan imponerse del mismo.

El tratadista Joaquín Rodríguez Rodríguez en los comentarios de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, respecto a este informe previsto en el artículo 416, fracción IV, dice: "Como el síndico carece de facultades ejecutivas, debe dar cuenta al juez de cualquier irregularidad que advierta, lo que prácticamente es una consecuencia de su derecho deber de vigilancia".⁶

Sobre este último numeral, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que, en la quiebra, la función del síndico es propiamente de administrador, por lo que la finalidad del informe es la de dar a conocer al suspenso y a la intervención la actuación de dicho órgano, así como el estado de la quiebra. En cambio, en la suspensión de pagos, la función del síndico se limita a la vigilancia de la administración, en donde el informe tiene como finalidad ilustrar a los acreedores sobre el convenio propuesto y sobre la conducta del deudor.

Del propio criterio, se observa que la Primera Sala del Alto Tribunal concluyó que este último informe -al igual que el trimestral de la quiebra-, debe ser aprobado o desaprobado por el Juez. Lo anterior, porque del último párrafo del artículo 416 se desprende que el síndico, en la suspensión de pagos, tiene los mismos derechos y obligaciones que en la quiebra, y el diverso 429 señala que en relación con todo lo no previsto expresamente para la suspensión de pagos y convenio preventivo, serán aplicables las normas de la quiebra, siempre que no contradigan la esencia y caracteres de aquélla.

Que si bien el informe a que se refiere la fracción IV del mencionado artículo 416 no prevé la celebración de la audiencia para la aprobación de cuentas, ni tampoco habla expresamente de rendición de cuentas, ello Page 186 obedece a que tratándose de suspensión de pagos, la función del síndico se limita a la vigilancia de la administración, a diferencia de la quiebra, en donde sí administra y, por tanto, debe rendir cuentas de su gestión; por ende, si bien la indicada fracción sólo hace referencia al informe, ello no implica que no deba ser aprobado por el juez.

Y que la aprobación o desaprobación del informe del estado de la negociación por parte del Juez, tiene gran importancia para el objeto de la sus pensión de pagos, pues con vista en él, los acreedores podrán saber si la suspensa se encuentra en condiciones de celebrar un convenio y, en su caso, los posibles términos en que pudiera celebrarse el mismo.

Los anteriores razonamientos se encuentran en la ejecutoria de donde emerge la jurisprudencia 1a./J./131/2004, con rubro: "SUSPENSIÓN DE PAGOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL INFORME QUE RINDE EL SÍNDICO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 416, DE LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS (ABROGADA), PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO".⁷

Entre otros supuestos, la Ley de Concursos Mercantiles impone como obligación del especialista, rendir informes de manera mensual y bimestral durante todo el tiempo que dura en su encargo. Page 187

Como preámbulo, puede decirse que la principal diferencia entre ambos informes radica en que el primero de ellos (mensual) se pide al especialista que rinda cuentas sobre el estado que guarden las inversiones y reversas a que se refieren los artículos 214 y 215 (más adelante se explica a detalle); mientras que en el bimestral, deberá indicar los actos que ha desplegado en la empresa del comerciante. Asimismo, la legislación también hace algunas diferencias en cuanto a su tramitación, según se verá más adelante.

Por cuanto hace al informe mensual, el artículo 215, en relación con los di versos 213, 214, 229 y 230 de la Ley de Concursos Mercantiles, señala que el síndico deberá informar lo relativo al estado que guarden las inversiones y reservas que emerjan con motivo del siguiente procedimiento:

1. Si los acreedores reconocidos con garantía real inician o continúan un procedimiento de ejecución, deberán hacerlo del conocimiento al síndico y le informarán los datos que identifiquen el procedimiento de que se trate.

2. En ese caso, el síndico durante los primeros treinta días naturales de la etapa de quiebra podrá evitar la ejecución separada de una garantía, cuando considere que es en beneficio de la mansa enajenarla como parte de un conjunto de bienes.

3. El acreedor garante de que se trate podrá inconformarse con la interrupción de la ejecución e impugnarse la valuación que hubiese realizado el síndico.

4. Si esto último ocurre, el síndico mientras se resuelve la impugnación deberá de separar del producto de la venta, la suma que corresponda a la diferencia entre el valor por él atribuido y el valor reclamado por el acreedor inconforme e invertirla en instrumentos de renta fija de una institución de crédito, cuyos rendimientos protejan preponderantemente el valor real de dichos recursos en términos de la inflación que, además, cuenten con las características adecuadas de seguridad, rentabilidad, liquidez y disponibilidad.

5. De esta inversión el síndico deberá presentar cada mes un informe del estado que guarden y de las operaciones que hubiesen tenido Page 188 en ese mismo plazo a efecto de que el juzgado lo ponga a la vista del Comerciante e interventores.

Por su parte, los artículos 229 y 230, en relación con el 215, establecen como supuesto que si una resolución de una o más impugnaciones pudieran modificar el monto que corresponda repartir a los acreedores reconocidos, el síndico repartirá sólo el monto que no sea susceptible de disminuirse como consecuencia de la resolución de apelación.

La diferencia se reservará e invertirá -de igual manera- en instrumentos de renta fija de una institución de crédito, cuyos rendimientos protejan preponderantemente el valor real de dichos recursos en términos de la inflación y que, además, cuenten con las características adecuadas de seguridad, rentabilidad, liquidez y disponibilidad; y así, cada mes el especialista deberá rendir un informe del estado que guarden, así como de las operaciones que hubiesen tenido en ese mismo plazo para que el juzgado lo ponga a la vista del comerciante e interventores.

Por cuanto hace al informe bimestral, el artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles pone de relieve la obligación del síndico, y en su caso del conciliador, de rendir bimestralmente un informe de sus labores que efectúe en la empresa del comerciante. Al respecto, debe mencionarse que de la Ley de Concursos Mercantiles, ni de sus reglas de carácter general, se advierte forma alguna en que deba presentarse este informe de labores o los datos que deba contener.

Por tanto, trayendo a colación la definición desarrollada en este trabajo respecto al "informe de labores",⁸ podemos concluir que, para el caso de informe bimestral, el síndico deberá describir, por escrito, la actividad física o intelectual que ha desarrollado durante su encargo en la empresa del comerciante declarado en quiebra; en otras palabras, dicho especialista debe dar a conocer lo realizado en su función al frente de la administración de la empresa del comerciante, con relación a sus facultades y obligaciones. Page 189

En lo relativo al informe mensual, la parte final del segundo párrafo del artículo 215 de la Ley de Concursos Mercantiles señala que el juez lo debe poner a la vista del comerciante y de los interventores.

Para clarificar dicho precepto, debemos señalar que el artículo 4º, fracción II, de la Ley de Concursos Mercantiles define al comerciante como la persona física o moral que tenga ese carácter conforme al Código de Comercio, quien a su vez el artículo 3º reputa como tales a: I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, y III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.

Además, la ley equipara a la figura de comerciante a fideicomisos con actividades empresariales, las sucesiones y las sucursales de sociedad extranjeras. Asimismo, excluye la aplicación de ésta a instituciones de seguros y a las de fianzas, que tiene una regulación propia. Para los comerciantes con pasivos menores a 400,000 UDIS (pequeños comerciantes), será optativo el atenerse a la Ley de Concursos Mercantiles (artículo 5º).

Por su parte, el interventor en el concurso mercantil es el representante de los intereses de los acreedores, teniendo a su cargo la vigilancia de la actuación del conciliador y del síndico, así como de los actos realizados por el comerciante en la administración de su empresa. El nombramiento del interventor -señala el artículo 63 de la Ley de Concursos Mercantiles- podrá formularse a petición de cualquier acreedor o grupo de acreedores que representen por lo menos el diez por ciento del monto de los créditos a cargo del comerciante, de conformidad con la lista provisional de créditos.

Ahora, el informe bimestral no contiene la restricción legal que existe para el informe mensual, de ser únicamente puesto a la vista del comerciante y de los interventores; sino que el artículo 59 de la Ley de Concursos Mercan tiles amplía dicha vista para que, además de dichos sujetos, también lo conozcan el Ministerio Público demandante y los acreedores.

De lo anterior sólo resta señalar que el acreedor reconocido es aquel que adquiera tal carácter por virtud de la sentencia de reconocimiento, graduación Page 190 y prelación de créditos; en términos de la fracción I del artículo 4º de la Ley de la materia.

Para analizar los efectos que conlleva la rendición de informes, conviene mencionar que, en general, se trata de un proceso proactivo que busca que los actores sujetos a ella informen y justifiquen sus planes de acción, comportamiento y resultados, y al mismo tiempo se sujeten a los castigos y recompensas correspondientes.⁹

Así, podemos afirmar que los informes mensuales sirven para que los destinatarios verifiquen que los rendimientos de la inversión realizada por el especialista, protejan el valor real de los recursos en términos de la inflación, y que cuenten con las características adecuadas de seguridad, rentabilidad, liquidez y disponibilidad. Por otra parte, se estima que, con dicha información, los interventores podrán hacer valer las facultades que les otorga el artículo 60 de la Ley de Concursos Mercantiles.¹⁰

Por su parte, los informes bimestrales van dirigidos a que los destinatarios conozcan los planes de acción del especialista, cómo es que se han desarrollado y qué resultados se han ido obteniendo (en el caso del conciliador: la manera en que pretende lograr la conservación de la empresa a través del convenio que suscriba con los acreedores reconocidos; en caso del síndico: la forma en que procederá a la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran). Page 191

Respecto al informe mensual, la parte final del segundo párrafo del artículo 215 es claro en establecer que al día siguiente que el juez reciba dicha información, la pondrá a la vista del comerciante y de los interventores.

En cambio, tratándose de los informes bimestrales, la Ley de Concursos Mercantiles es omisa en señalar qué es lo que debe hacer el juez al recepcionarlo, pues únicamente se limita a señalar, en su artículo 59, que deberán ser puestos a la vista del comerciante, de los acreedores, del Ministerio Público demandante y de los interventores, sin precisar en qué momento deberá dársele dicha vista.

Como se ve, estas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles no son exhaustivas respecto al trámite judicial que debe darse a los informes de los especialistas; luego, en el capítulo V pretenderemos despejar la incógnita de por qué la Ley restringe la vista con el informe mensual únicamente para el comerciante y los interventores, y si bien, dicha vista pudiera ampliarse a los demás sujetos que intervienen en el procedimiento concursal, en aplicación de la garantía de acceso a la información. De igual forma, en el capítulo VI responderemos si la vista a que se refiere la ley de la materia para ambos in formes, únicamente es para que sus destinatarios se enteren de los datos que ahí se contengan, o bien, para que puedan hacer llegar al juez las observaciones que estimen oportunas. Por último, en el capítulo VII analizaremos si el juez concursal, al ser rector del procedimiento, cuenta o no con facultades para requerir de oficio a los especialistas para que corrijan, aclaren o amplíen la información que proporcionen dentro de sus informes.

El tratadista Pedro Aragoneses Alonso señala, en su obra "Proceso y derecho procesal", que en este método de interpretación, el intérprete ha de tratar de conocer el significado verbal de las palabras, según su natural conexión y las reglas gramaticales.¹⁹

Para la presente propuesta de interpretación debe tomarse en cuenta que los artículos 59 y 215 de la Ley de Concursos Mercantiles señalan que el juzgador tiene obligación de poner los informes de los especialistas a la vista de las partes para que conozcan de los datos ahí contenidos, sin embargo, Page 197 dicha obligación no se extiende a requerir el desahogo de esa vista, mucho menos en que se emita alguna determinación que califique la veracidad de lo informado, aun en el caso de que los destinatarios le hagan esa petición.

Pensar de otro modo nos llevaría a confundir las figuras procesales de "dar vista" con la diversa de "correr traslado", las que se distinguen porque en la primera se ponen los autos del juicio para que se enteren las partes; y en la segunda, se entregan, por el conducto legalmente apropiado, copia de la promoción a las partes para que la conozca y responda, si así conviene a su interés de parte procesal.

Lo anterior deriva de la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son:

DAR VISTA Y CORRER TRASLADO. DIFERENCIAS Y PRECISIONES. Un pulcro manejo de ambos conceptos, basado en las enseñanzas que la doctrina proporciona, lleva a concluir que, por lo primero, se debe entender que la promoción o diligencia de que se trate, se quede en los autos del juicio para que de ella se enteren las partes; por lo segundo (correr traslado), se significa la obligación de entregar, por el conducto legalmente apropiado, copia de la promoción a la contraria para que la conozca y responda, si así conviene a su interés de parte procesal.²⁰

Por tanto, se considera que en caso de que los destinatarios pretendan formular alguna manifestación u objeción sobre los informes de los especia listas, deberán acudir a la vía incidental prevista en el artículo 267 de la Ley de Concursos Mercantiles, en la cual se podrá ponderar y analizar las probanzas con que las que acrediten sus afirmaciones; ya que de este modo se garantizaría una administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita; principios que rigen el acceso a la administración de justicia.

En efecto, la justicia pronta se administrará cuando se sustancie el proceso incidental y se resuelva dentro de los plazos legalmente establecidos; se ad ministrará justicia completa en la medida que el órgano jurisdiccional, en la resolución que emita en dicho incidente, se pronunciará respecto a todos y cada uno de los asuntos debatidos, garantizando la aplicación de la ley al caso concreto; al igual que sin duda se emitirá garantizando la imparcialidad, apegándose a derecho al momento de emitir la resolución correspondiente, Page 198 para no dar lugar a que pueda considerarse que exista favoritismo o arbitrariedad y una justicia gratuita lo que se traduciría a que un servidor público pueda sustanciar el proceso y emitir resolución no cobrará emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

Amén que en el artículo 60, relacionado sistemáticamente con los relatados numerales, se expone -en lo que a esto interesa- que el comerciante, interventores, acreedores de manera individual podrán denunciar ante el juez los actos u omisiones del síndico cuando no se apeguen a lo dispuesto por esta ley; en las que en su caso podrá solicitar la sustitución de éste, a fin de evitar daños a la masa; y de declararse en sentencia firme la condena en pago de daños y perjuicios al síndico se enviará una copia al Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles; el síndico será el responsable ante el comerciante y de los acreedores de los daños y perjuicios que se causen en el desempeño de sus funciones y por la revelación de datos confidenciales por el desempeño de sus obligaciones.

La anterior decisión respeta los principios de transparencia y confiabilidad que el legislador federal estatuyó para que nadie se aproveche del proceso de quiebra, ya que al darles vista, los acreedores, comerciante e interventores se enterarán del contenido de las labores que realizó el síndico en la empresa quebrada.

Además, si bien el síndico y este órgano judicial han de sujetarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, lo cierto es que los gobernados deben acatar esos mecanismos al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción; es decir cuando los gobernados quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, siempre y cuando éstas tengan sustento constitucional.

Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene:

...Debe decirse que no sólo los órganos jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que también los gobernados deben acatar esos mecanismos al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción. Page 199

En otras palabras, cuando los gobernados quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, siempre y cuando éstas tengan sustento constitucional.

La existencia de determinadas formas y de plazos concretos para acceder a la justicia no tiene su origen en una intención caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para que pueda establecer mecanismos que garanticen el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad en los procedimientos.

Esas garantías de seguridad jurídica se manifiestan como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, bajo los términos y plazos que determinen las leyes, como lo establece el precitado artículo 17 constitucional. De esta forma, se dota al legislador ordinario con la facultad de emitir leyes procesales mediante las cuales se regulen los modos y condiciones para la actuación de los sujetos de la relación jurídico procesal que nace con éste...

Entonces, esas condiciones que se establecen previniendo los posibles conflictos que puedan darse, son mecanismos que sirven para preservar la seguridad jurídica de los implicados en la tutela jurisdiccional. Así, el solicitante sabrá exactamente cuándo y ante quién debe ejercer su derecho, los requisitos que debe reunir para hacerlo, los plazos para ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera. De la misma manera, la parte demandada sabrá cuándo y cómo contestar la demanda, ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera, ya que esas condiciones pueden variar dependiendo de cada uno de los procedimientos establecidos por las leyes procesales.

Con lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que existe una garantía de acceso a la justicia que encuentra sus límites en las condiciones y plazos que el legislador ordinario establece para el cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica...²¹ Page 200

Otra posible interpretación al tema que nos ocupa se obtiene al emplear el argumento teleológico, el cual apela a la finalidad que pretende alcanzar el precepto, sobre la base de que la norma es un medio para lograr un fin.²²

Así, si se considera que el concurso mercantil debe cumplir con ciertos principios procesales, inconcuso resulta que la vista a que se refieren los artículos 59 y 215 de la Ley de Concursos Mercantiles no debe limitarse a un mero acto de publicidad de los actos de los especialistas, sino que se trata apenas del inicio de una etapa en que los destinatarios podrán hacer notar al juez diversas manifestaciones y objeciones sobre dichos informes.

En efecto, los principios procesales, en términos generales, regulan las actividades de las partes para con el órgano jurisdiccional o de éste para con las partes, en el desarrollo de la relación jurídica. Dentro de dichos principios procesales destacan dos por la importancia del tema que nos ocupa: el de publicidad y el de contradicción.

El principio de publicidad señala que las partes deben conocer todo cuanto actúa el juez o tribunal. La limitación a este principio existe cuando la legislación prevé que ciertas actuaciones deban ser realizadas en sigilo (vgr. las actuaciones dentro de una averiguación previa).

Por su parte, el principio de contradicción impone al juzgador el deber de resolver sobre las promociones que le formule cualquiera de las partes, oyendo previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole la oportunidad para que las exprese.²³ La limitante a dicho principio se encuentra en actos de mero trámite o a medidas cautelares.

Como se ve, ambos principios van de la mano, pues el respeto al primero abonará a que pueda ejercerse el segundo; y su importancia es tal que se encuentran reconocidos dentro de las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.²⁴ Page 201

Ahora, en el caso que nos ocupa, el principio de publicidad se cristaliza cuando el juez pone a la vista de los interesados los informes bimestrales y mensuales que deben rendir los especialistas; el de contradicción se hará realidad en dos momentos: el primero cuando el juez, con dicha vista, dé oportunidad a los destinatarios para que la desahoguen, exponiendo las manifestaciones y formulen las objeciones que a su derecho convengan; el segundo, cuando el referido juzgador emita una respuesta a dichas manifestaciones, y en caso de encontrarlas fundadas, ordene a los especialistas que aclaren, corrijan o amplíen la información que proporcionen dentro de sus informes.

Los aplicadores que decidan utilizar este método exegético, podrán considerar que sólo así se hará tangible la transparencia y confiabilidad pretendidas por el legislador federal para los procedimientos concursales, ya que el juez, al poner a la vista de los interesados los informes, tomando una decisión sobre los mismos una vez que los haya confrontado con las manifestaciones de los interesados, provocará a priori saber cómo se manejan de los caudales de la concursada y si los especialistas están cumpliendo cabalmente con su función administrativa que les fue encomendada, y a posteriori que éstos cuiden circunstanciar cada uno de los hechos ocurridos durante el periodo que informan, justificando sus actos con pruebas idóneas, pues se encontrarán bajo la lupa de los destinatarios, quienes pueden hacer notar al juzgador cualquier omisión o falsedad de datos. Además, optar por esta interpretación teleológica protege el diverso principio procesal de igualdad procesal, al dar el juez la misma oportunidad a todas las partes de proceso para ofrecer las pruebas en igualdad de condiciones.

Se agrega que esta postura interpretativa abona en una administración de justicia pronta, al no tener que tramitar procedimientos incidentales para resolver los problemas que surjan con los datos contenidos en los informes de los especialistas, sino que los mismos se resolverían de plano por los juzgadores.

Como se observa, ambas posturas contienen suficientes razonamientos lógico jurídicos para que el aplicador adopte la interpretación que estime pertinente para el caso concreto; sin embargo, en opinión personal, consideramos que debe prevalecer la gramatical. Page 202

En efecto, de lo antes expuesto se advierte que los únicos beneficios de utilizar el método teleológico es garantizar el respeto a los principios procesales de publicidad y contradicción. No obstante, éstos no se ven desprotegidos con la interpretación gramatical, en tanto que el principio procesal de publicidad sí se respeta, pero en su variable de "pasiva", entendida como el derecho de que las personas presencien las actividades procesales limitándose a percibir o conocer lo que ante ellas ocurre.²⁵ Respecto al principio de contradicción, éste no se ve vulnerado, en tanto los interesados tienen expedita la vía establecida ex profeso para hacer valer toda cuestión ajena que se suscite durante la tramitación del concurso mercantil, que no tenga prevista una substanciación especial (incidente). Una ventaja más que tiene este método sobre el teleológico es que se protege información que, de divulgarse, podría poner en riesgo la masa concursal (como ocurría en caso de que uno de los acreedores pidiese que en los informes se incluyeran datos que pudieran ser utilizados por empresas que compitan comercialmente con la concursada). Finalmente, de este modo no se cambiaría la figura de "dar vista" con la de "correr traslado", cuya diferencia radical ya fue explicada, y que por la forma en que está redactada la Ley de Concursos Mercantiles, no existe duda que el legislador realmente se refirió a la primera de ellas, al no establecer ninguna hipótesis de desahogo de vista por parte de los destinatarios de los informes, mucho menos algún pronunciamiento por parte del juzgador.