El impacto de las reformas al Artículo 27 Constitucional en el campo
| Autor | Jesús Carlos Morett Sánchez y Celsa Cosío Ruiz |
| Páginas | 153-180 |
5.1. Presentación
El presente trabajo tiene como finalidad mostrar de manera sintética las
transformaciones que se generaron en los ejidos y comunidades de México, a
trece años del profundo cambio de la legislación agraria. El análisis parte de una
investigación que fue llevada a cabo por la Universidad Autónoma Chapingo
(h), a través del Departamento de Sociología Rural, en colaboración con
el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaría () de la Cámara de Diputados, para brindar a los legisladores
un análisis objetivo de la propiedad social rural que contribuya a configurar
mejores leyes y políticas para el agro.
El estudio da respuesta a la petición del movimiento campesino, plasmada
en el Acuerdo Nacional para el Campo, de que una institución nacional con
alto prestigio académico, realizara un estudio imparcial y objetivo sobre los
efectos en la propiedad social, producto de los cambios al marco normativo
agrario de principios de los años noventa. El trabajo también se enmarca
dentro de la actual coyuntura en donde la legislatura aprobó en lo general
una nueva Ley Agraria que debe concluir en la sustitución de la actual, que
desde su inicio presentó una serie de deficiencias, contradicciones y constituyó
un retroceso en el derecho social mexicano, pionero en el mundo.
La investigación se basó en una encuesta que fue aplicada, en su inmensa
mayoría, por estudiantes de agronomía de la h en sus regiones de origen,
por lo que, en los estados donde el número de estudiantes de la universidad
es pequeño o nulo, se tuvo que recurrir al apoyo de otras instituciones. Al
calcular el tamaño de muestra se encontró que con 395 encuestas se satisfacían
* Catedráticos-Investigadores del Departamento de Sociología Rural de la Universidad
Autónoma Chapingo.
El imPacto de las reformas al artÍculo 27
constitucional en el camPo
J C M S C C R*
Capítulo v
154 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria
los niveles de precisión y confiabilidad adecuados, sin embargo, se aplicó en
más de 650 ejidos y comunidades de todas las entidades federativas del país
(menos el Distrito Federal). Por otra parte, debido a sucesos no advertidos,
faltaron por levantar 15 cuestionarios en cuatro estados; mientras que en 14
entidades federativas se aplicaron un poco más de los instrumentos requeridos
(33). Lo anterior provocó una ligera sub / sobre representación en algunos
estados; sin embargo, a escala nacional, la muestra está dentro de los límites
tolerables para esta clase de investigaciones: 95% de confiabilidad y un margen
de error de cinco por ciento.
El objetivo general del estudio que aquí se resume, fue analizar las
modificaciones a que dieron origen las reformas al artículo 27 y la legislación
agraria en la seguridad en la tenencia de la tierra, la estructura agraria, el uso
del suelo, los sistemas productivos, los tratos agrarios, la procuración y la
impartición de justicia, la organización, y cuáles fueron sus repercusiones en
los ámbitos social, económico y demográfico para la población del medio rural
y para los indígenas en particular.
Toda reforma agraria es un proceso que altera radicalmente la estructura de
la propiedad rústica en un determinado país, a través de la redistribución masiva
de la tierra en beneficio de la población campesina. En México, ésta tuvo el
objetivo original de terminar con las haciendas y constituir dos sectores de pro-
ductores: uno de pequeños campesinos (ejidatarios, comuneros y minifundistas
privados) y el de la moderna propiedad agraria capitalista. Como el contenido
material de la reforma lo constituía la entrega de tierra, en 1992, cuando se
modifica el artículo 27 constitucional y se deroga la obligación estatal de dotar
de tierras a los peticionarios, concluye la reforma agraria mexicana; sin embargo,
dicha reforma no terminó de llevar justicia social al campo. La culminación del
reparto agrario no debería representar el fin de la justicia social para un sector
que continúa con los más altos niveles de pobreza y de marginalidad social.
En los años ochenta, casi se había agotado la superficie de tierra
susceptible de afectación o de desincorporación del dominio de la nación.
Por otro lado, después de una etapa caracterizada por grandes movilizaciones
al margen de los canales corporativos, el movimiento campesino, a través de
su lucha, había repartido en los hechos los últimos latifundios simulados; por
lo que su movilización se orientaba, más que a la consecución de la tierra, a
obtener mejores condiciones y recursos productivos. Lo anterior se demuestra
en que, después de la gran insurgencia campesina de los años setenta y de la
toma de predios en todos los estados de la República, la lucha por la tierra
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