Identificación de Gobiernos de Coalición
| Autor | Gonzalo Altamirano Dimas |
| Páginas | 24-39 |
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Estudio
Gobierno de coalición
V.- IDENTIFICACIÓN DE GOBIERNOS DE COALICIÓN
Las interacciones sociales y políticas están basadas en el establecimiento de diferentes
negociaciones y éstas, en la formación de gobiernos, se materializan en la formación de
coaliciones ; no obstante, frente a los procesos de negociación, transacción y
establecimiento de acuerdos entre los actores políticos que dan origen a ciertos resultados,
la percepción generada por estos resultados políticos es negativa.
Una de las principales críticas se centra en la identificación de las supuestas irregularidades
que implica el establecimiento de acuerdos interpartidistas, que va desde la traición a la
voluntad expresada por los electores, a los negativos efectos del chantaje político al que
algunos partidos menores pueden desempeñar, pasando por una equivocada máxima
política de que “la formalización de un acuerdo es debilidad política” habida cuenta la
incapacidad de llevar a la práctica el programa político propio del partido ganador.
A ello se suma las consideraciones sobre la inestabilidad temporal y política de los
gobiernos de coalición, desmentidas desde mediados de los 80 por los trabajos iniciados
por Strom (op. cit., 1990).
El funcionamiento de los sistemas políticos depende de la adopción de acuerdos
interpartidistas, de la construcción de consensos y en la negociación entre los diferentes
actores.
Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Noruega o Dinamarca, entre otros
países desarrollados, llevan más de medio siglo gobernados por coaliciones mayoritarias o
minoritarias. Así, la valoración negativa de los gobiernos de coalición se ha basado en la
polarización política y en la percepción de la negociación política con el caos, por lo que
para algunos detractores de los gobiernos de coalición éstos generan más inestabilidad
política.
No obstante, gobernar en coalición permitiría extender de mejor manera los principales
valores de la democracia. Una apuesta decidida por el pluralismo político presupone
compartir responsabilidades de gobierno con otras formaciones políticas ampliando la base
social del gobierno, visiblemente:
• La sociedad tendría mayor información sobre la acción de su gobierno;
• Se lograría crear la percepción de mayor sensibilidad gubernamental hacia sus
reivindicaciones;
• Los ciudadanos se interesarían más por la política y la sociedad en su conjunto
gozará de mayor salud democrática.
Los factores que rodean y condicionan la formación de gobiernos de coalición están
estrechamente vinculados con el fortalecimiento del sistema democrático. En primer
término, la necesidad de crear mayorías parlamentarias sitúa al Congreso en el centro de
la actividad política y otorga una importancia central al diálogo político, lo que da paso a la
inclusión de las fuerzas políticas minoritarias. En segundo término, la negociación para la
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formación de gobiernos de coalición hace manifiesta la definición de objetivos partidistas
que hagan compatible la expresión de los valores democráticos con la voluntad de influir en
el gobierno; así como influyen en la consolidación de una opinión pública favorable al
respeto por la diversidad, la tolerancia, la solidaridad, el consenso, la integración, la
confianza y el gobierno compartido. Por último, el proceso coalicional descansa en la
interacción de los actores políticos en múltiples escenarios, con lo que la negociación de un
gobierno de coalición incluye también la construcción de puentes con el resto de ejecutivos
estatales o municipales.
Gobernar en coalición exige el establecimiento de pautas de comportamiento interno, en el
seno de la coalición; un gobierno de coalición debe incrementar la comunicación entre
gobernantes y gobernados teniendo en cuenta la presencia de una opinión pública
progubernamental con criterios dispares; debe exigir a los miembros del gobierno que se
apeguen a las determinaciones previas para la mejor comunicación de políticas, debe
diseñar e instrumentar criterios para atender y administrar posibles crisis de gobierno ,
crear entes de coordinación de la acción de gobierno, clarificar las relaciones entre el
gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan, y homogeneizar la acción de gobierno
compartido con la identidad partidista de los integrantes de la coalición.
Resaltan dos posiciones que han venido enfrentándose en la consideración del alcance de
las variables institucionales. Por un lado, una de carácter normativo encabezada por Juan
José Linz que ponía de relieve la superioridad del parlamentarismo (Linz, 1990a; 1990b;
1997), mientras que a esta aproximación se contraponía una de carácter histórico y
empírico con Dieter Nohlen al frente y cuya posición de partida es “situar los desempeños
institucionales en el contexto histórico concreto en que operan” (Nohlen, 1991; 1998).
Los principales cargos que se imputan a los regímenes presidencialistas son los centrados
en su rigidez institucional y las altas posibilidades de “bloqueo” institucional que permiten,
así como la escasa existencia de incentivos para la cooperación político-parlamentaria, un
juego de suma cero en el que el ganador se lo lleva todo (entendida ésta como
independencia de poderes; legitimidad doble en origen del parlamento y del presidente;
períodos fijos para los respectivos mandatos; dificultades para dirimir conflictos entre ambos
polos de autoridad…).
Estas particularidades se incrementan si los partidos políticos y los sistemas de partido son
endebles y cuando su número es alto en situaciones de pluripartidismo que tienden a ser
consideradas “problemáticas”. Así, estos sistemas multipartidistas presentan como principal
dificultad el hecho que se generan presidentes sin mayorías legislativas –gobiernos
divididos– (Linz y Valenzuela, 1997; Mainwaring y Shugart, 2002; Carpizo, 1999 y 2002).
Esta problemática implica el riesgo de que el sistema político se traslade a una fase de
bloqueos, parálisis o impasse gubernativos frente a la que la respuesta debiera ser la
potenciación del papel político del Congreso.
Nohlen centra la atención al contexto institucional. Esta idea implica la defensa de procesos
controlados de reforma de los presidencialismos latinoamericanos que introducen
dinámicas de funcionamiento parlamentario, teniendo como objetivo fortalecer al legislativo,
así como incidir en las relaciones de éste poder con los ejecutivos presidenciales con la
intención de mejorar la gobernabilidad, tanto en lo que hace a los rendimientos de las
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