Historia de un enredo
Finalmente, el 29 de agosto, la cruzada en Guanajuato terminó. El gobernador Ramón Martín Huerta decidió vetar lo que sería una enmienda al artículo 163 del Código Penal, destinada a castigar hasta con tres años de prisión a las mujeres violadas que abortaran. El Ejecutivo estatal, con base en una encuesta de opinión entre la ciudadanía de la entidad, prefirió devolverla al Legislativo, de donde -a su parecer- no debió salir sin una revisión "a fondo". Los guanajuatenses así se lo demandaban.
Fue el colofón de una polarización en la sociedad que se extendió por todo el territorio nacional, exacerbó las posturas en torno a la penalización del aborto y dio origen en otras entidades a modificaciones en sentido contrario, para aumentar las causales de no punibilidad.
Una historia de película. Cincuenta y siete días de enredos palaciegos, arreglos clientelares y reguero de hipótesis propias del espionaje político. Días de sorpresas y sobresaltos. Semanas de presiones e intrigas en un caso que terminó por estigmatizar a toda una fracción parlamentaria panista.
Los antecedentes
Animada por la redacción de un nuevo Código Penal, la actual legislatura retomó de su antecesora la iniciativa y se aplicó a esa tarea. El punto fue puesto como prioridad en la agenda parlamentaria presentada el 20 de enero de 1998.
A partir de esa fecha, las 19 comisiones que integran la Cámara participaron con propuestas e iniciativas de ley. Una Comisión Especial para la preparación de un anteproyecto de dictamen del Código Penal del Estado de Guanajuato, existente desde agosto de 1997, fue reestructurada para recibir y revisar las nuevas propuestas.
En dos años y ocho meses de labores, la Comisión de Justicia realizó cuatro foros de consulta abierta a la ciudadanía en las ciudades de Celaya, León, Irapuato y en la capital del estado, con la intención de recibir propuestas y aportaciones. En ninguno de esos foros la Comisión de Justicia recibió iniciativas en torno al tema del aborto.
De igual modo, en ninguna acta o minuta de las reuniones de trabajo en ese periodo, que llevó a la revisión de cada uno de los artículos, quedó asentado que la fracción parlamentaria del PAN no estaba de acuerdo con la redacción final del 163 y mucho menos dejaron precedente de que se presentarían al pleno con alguna reserva en relación con ese tema.
El único punto que fue discutido dentro de la Comisión de Justicia -integrada por dos representantes del PAN, José Miguel Cortés Lara y...
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