La guerra del agua
| Autor | Andro Aguilar |
Fotos: Óscar Mireles
ALPUYECA.- Durante décadas, cuatro mujeres de esta comunidad de Xochitepec, Morelos -donde los mediodías de invierno el termómetro ronda los 35 grados centígrados-, se acostumbraron a utilizar cada gota de agua que les caía del cielo o que acarreaban del río que tienen a un kilómetro de distancia. Llenaron sus viviendas de botellas, garrafones, cubetas, tinacos y piletas para atesorar el líquido.
María Martha Delgado, Carlota Guzmán, Gloria Rojas y Lidia Velázquez se han vuelto un poco famosas en la colonia Ampliación 3 de Mayo. No son las únicas mexicanas cuyos derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento se violan cotidianamente -9 millones de habitantes carecen de agua potable y 11 millones de drenaje en este país-, pero son las primeras que lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara que las autoridades reparen el daño a su derecho fundamental.
Hoy se les reconoce como las mujeres que pusieron contra las cuerdas al ayuntamiento morelense de Xochitepec para que les garantizara su derecho al agua, pero su lucha lleva años, desde que demandaron que se abrieran caminos en su comunidad para el acceso de las pipas de agua, hasta la posterior solicitud al ayuntamiento de una red de abasto, cuyas respuestas aterrizaban en los años 2020 o 2030, "cuando hubiera más presupuesto".
La batalla legal inició en 2010. Acompañadas por la Coalición Internacional para el Hábitat Latinoamérica, promovieron demandas de amparo para reclamar la violación al derecho a la vida, a la salud y a la vivienda, y al mínimo vital de contar con agua potable y saneamiento.
Lo hicieron antes de la reforma constitucional de 2012, que establece que el Estado debe garantizar a toda persona el "acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".
Recuerdan cómo, a partir de las demandas, los funcionarios municipales les preguntaban si al llegar a la comunidad alguien les prometió agua como para que después se sintieran con derecho a exigirla.
Los operadores de las pipas dudaban que algún día las mujeres dejaran de necesitar su servicio. Pero en abril de 2012, el Segundo Tribunal del Décimo Octavo Circuito de Morelos falló a su favor.
Lograron que el municipio les instalara una red de agua potable, aunque se trata de una manguera de dos pulgadas de grosor, por la que fluye agua sólo los lunes durante cuatro horas en promedio, sin un horario fijo.
Como el 6 de enero de 2014 el Juzgado Cuarto de Distrito de Morelos tuvo por cumplida la sentencia, 10 días después, a nombre de Lidia Velázquez, interpusieron una inconformidad por la poca cantidad de agua que les llegaba.
El 18 de junio, la SCJN estableció que la inconformidad está fundada y que el ayuntamiento de Xochitepec debe acreditar que el agua proporcionada cumple con la recomendación de la OMS, de proveer de 50 a 100 litros de agua al día a cada persona.
Nueve meses después, sin embargo, la situación permanece igual, y se agrava en la temporada de calor, cuando la temperatura rebasa los 40 grados centígrados. Si no fuera por la recolección pluvial y su añeja costumbre de reciclar el agua, los habitantes de esta comunidad no alcanzarían a llegar al otro lunes con algunas gotas de reserva.
LAS DISPUTAS POR EL LÍQUIDO
La batalla de las mujeres de Alpuyeca por el agua es sólo una de las que existen en el territorio nacional. En el país se libran auténticas guerras por la disputa directa de pozos o afluentes de algún río, la contaminación industrial o minera, la intención de sacar el agua de una comunidad como parte de un megaproyecto -el Acueducto Independencia, en Sonora, o el Monterrey VI, en Nuevo León-, o la construcción de presas en los cauces de los ríos.
Sobresalen las batallas de zonas rurales contra las presas hidroeléctricas en estados como Chiapas, Veracruz, Jalisco o Guerrero, donde las consecuentes inundaciones de poblados por las obras generan altos costos sociales y económicos.
En las regiones con más agua en México, localizadas en el sur, la falta de acceso a agua potable y a drenaje representan un importante factor de desigualdad. Según el Informe de Pobreza en México 2012, del Coneval, la falta de drenaje y de agua afecta a poco más de la tercera parte de los guerrerenses; a una cuarta parte de los veracruzanos; y a uno de cada cinco habitantes de Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
Buena parte de los conflictos en el país se libran a partir de la contaminación de mantos acuíferos por parte de las mineras, cuya presencia se ha potencializado en años recientes. El "Estudio de la minería en México", de la Secretaría de Gobernación, señala que de 1993 a 2012 se entregaron 43 mil 675 concesiones mineras en 957 mil 658 kilómetros cuadrados, equivalentes a 48.7 por ciento del territorio nacional.
En Sinaloa, por ejemplo, la organización Voces del Agua lucha contra la creciente presencia de metales pesados provenientes de los trabajos de minería en el fondo de los ríos.
Otras batallas locales obedecen a la privatización de los servicios del...
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