Gobierno de Oaxaca busca rutas para la paz en comunidades mixes

OAXACA, Oax., julio 3 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de distintas dependencias del gobierno de Oaxaca comenzaron una serie de reuniones para "crear una ruta institucional que permita entablar un diálogo encaminado a construir la paz entre las comunidades mixes", dio a conocer la Secretaría General de Gobierno (Segego).

Dicha reunión, encabezada por Francisco García López, titular de la Segego, se convocó este viernes luego de que un tribunal colegiado emitió una sentencia definitiva en la que ordena a autoridades del gobierno estatal y federal reconectar su manantial a San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk de la Sierra Norte de Oaxaca, a la que, desde hace cuatro años, se le niega el derecho al agua.

Lo anterior porque el 7 de junio de 2017 un grupo armado de la comunidad vecina Tamazulápam del Espíritu Santo los despojó de las tierras donde se ubica el manantial, del que se abastecían 3 mil personas que habitan en la cabecera.

Ante ello, en la reunión convocada por la Segego participaron los responsables de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca, así como de la Procuraduría Agraria del gobierno federal.

Esto porque en la sentencia definitiva del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla, que a su vez deja en firme la resolución del Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, emitida en julio de 2020, se les ordena a dichas autoridades, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) "respetar, proteger y hacer cumplir" el derecho humano al acceso al agua de Ayutla.

Y que, en la medida de sus atribuciones, "agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión del agua a la comunidad de Ayutla", acorde con los metros cúbicos y criterios de explotación que autoriza la concesión 10OAX129282/28HOGR99, que fue otorgada por la Conagua a la comunidad el 24 de diciembre de 1999.

Al respecto, la Segego informó a EL UNIVERSAL que, aunque todavía no ha sido notificada de la sentencia definitiva, se comenzó a trabajar en mesas de diálogo, dado que como trasfondo del despojo del manantial hay un conflicto de tierras que sigue activo.

"Se tendrán reuniones para conciliar el conflicto político-social por parte de la Segego, para que operativamente se pueda cumplir con la sentencia", explicó la dependencia.

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