Las Fuerzas Armadas, su legitimidad como apoyo en la Seguridad Pública del Estado

AutorEduardo Enrique Gómez García
CargoCatedrático de la Maestría en Administración Pública de la Universidad Anáhuac y Coordinador del proyecto académico de la Maestría en Derecho Militar de la referida Universidad.
Páginas355-364

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En días pasados recibí la gentil invitación del Sr. Lic. Alejandro Carlos Espinosa, director de la revista Criminogenesis para contribuir con un artículo sobre Derecho Militar, me comentó la dimensión del proyecto y las metas que se han propuesto alcanzar, me obsequió el ejemplar número cero de la revista correspondiente al mes de febrero del año en curso; al leer su contenido en el capitulo de política criminal, me interesó la colaboración documentada del reconocido jurista Dr. Augusto Sánchez Sandoval, intitulada "La política criminal posmoderna en México. El control social militar."2 A la que quiero referirme brevemente, pues a pesar de que en algunas partes coincido con las ideas del autor, no es así en lo que me parece medular del artículo al referirse a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, al darle un sesgo que confunde y desorienta a la sociedad, al hacerlo ver como una actividad ingerencista del Instituto Armado al aseverar que se militariza el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es por ello que formulo algunos puntos de vista que pongo a consideración del lector.

Es indudable que el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas ha propiciado la diversificación de sus actividades, lo que se proyecta en la educación y preparación técnica de sus integrantes, quienes comprenden con claridad que la política, la ideología y el régimen jurídico de México, establecen que todaPage 356 manifestación de descontento popular debe resolverse mediante acciones políticas, sociales y económicas controlándolas mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado con la acción policíaca y solamente en casos extremos se justifica el uso del Instituto Armado apoyando a otras instancias gubernamentales a dar solución al problema.

El tema es por demás polémico, pero al lector le aportamos elementos para que pueda analizarlo desde diferentes puntos de vista, valorando los alcances y efectos que provoca este fenómeno en la sociedad mexicana y no solamente desde el punto de vista jurídico aislado de su contexto. Por ello, el que las fuerzas armadas mexicanas participen en actividades que atentan contra la seguridad y existencia de la sociedad y sus instituciones, contra la salud de los niños, de los jóvenes, ante esta escalada de violencia generada y auspiciada por el crimen organizado, debe ser combatida de manera frontal, decidida, con convicción, dándole el frente y con pleno conocimiento de los riesgos que esto representa para el bienestar social, la convivencia del Estado y sobre todo por la confianza e integridad de las familias. Por ello, no hay duda que la fuerza del Estado se justifica en función de su utilidad para asegurar el libre ejercicio de las libertades públicas, las fuerzas armadas legitiman su actuación siendo respetuosas de la ley y de los derechos humanos.

Estamos de acuerdo que la participación del Instituto Armado no debe ser permanente en el combate al narcotráfico, donde debe mediar una corporación especial llámese guardia nacional, policía nacional o federal preventiva o como corresponda, sin embargo seguramente por desconfiar de la honestidad y la escasa o nula eficacia de los cuerpos de policía, el gobierno mexicano desde los años setenta del siglo pasado ha empleado a las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico, pero el Estado debe seguir avanzando en la modernización y unificación de las policías, para que en un futuro los militares se replieguen a sus cuarteles, circunstancia que por el momento se ve muy distante de que exista una institución policial de carácter nacional y permanente que le haga frente a este flagelo.

Este diagnóstico es corroborado por el Ing. Genaro García Luna, en el estudio que denominó "Convertir las 1661 corporaciones policíacas en una sola policía científica". Él nos dice que en el caso de México generalmente se había diseñado la policía con la idea de que su operación se basara en la corrupción y que sus integrantes, por el sólo hecho de decidir ser policías, son personas sin educación, formación, disciplina, ni valores. Donde todavía los ciudadanos preparados con intenciones de servir en las tareas de seguridad pública y justicia no participan por los bajosPage 357 ingresos y la pobre expectativa de desarrollo, pero sobre todo por la carga histórica y el desprecio social que conlleva ser policía.3

También los últimos años se han caracterizado por un acelerado crecimiento de los índices delictivos que han generado un tenso ambiente de inseguridad, la delincuencia común y la llamada organizada han expandido visiblemente su acción en las grandes ciudades y los medianos centros de población. El fenómeno delictivo no es exclusivo de nuestra sociedad ni de este tiempo, las estadísticas de comportamiento delictivo en países altamente desarrollados que cuentan con mayores recursos económicos para combatirlos, también se han visto incrementadas, sin embargo en nuestro país su presencia es cada día mas amenazadora, muchas manifestaciones traspasan...

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