Foucault: antropología criminal y defensa social en el origen de una penalidad securitaria
| Páginas | 36-68 |
| Fecha | 01 Abril 2026 |
| Fecha de publicación | 01 Abril 2026 |
| Autor | Miguel Angel Martín Martínez |
| Materia | Ciencias sociales |
Resumen: La preocupación por el giro securitario de la penalidad se hace patente con
frecuencia en declaraciones, textos y entrevistas concedidas por Foucault durante la segunda
mitad de la década de los setenta. El interés del francés por las agitadas transformaciones penales
y criminológicas que tienen lugar en el convulso periodo comprendido entre 1880 y 1920 ha
de ser leído a siempre en torno a esa preocupación por las derivas securitarias. En este sentido,
este artículo quiere incidir en poner de relieve no solo la vigencia que el mismo Foucault
señala de muchas de las reformas promovidas por las teorías antropológicas y de defensa social
en las penalidades contemporáneas, sino también el importante papel que desarrollan en la
conformación de un orden político que es ante todo un orden moral.
Palabras clave: Foucault, antropología criminal, defensa social, Ferri, poblaciones peligrosas.
Abstract: e concern for the securitarian turn of the penal system is frequently evident in
statements, texts and interviews conceded by Foucault during the second half of the 1970s.
Foucault’s interest in the turbulent penal and criminological transformations that took place
in the convulsive period between 1880 and 1920 must always be seen in the context of this
concern for securitarian tendencies. In this sense, this article attempts to highlight not only the
relevance that Foucault points out of many of the reforms promoted by anthropological and
social defence theories in contemporary penalties, but also the important role they play in the
shaping of a political order that is before anything else a moral order.
Keywords: Foucault, criminal anthropology, social defence, Ferri, dangerous populations.
I. Introducción
La penalidad no es un tema baladí, secundario o pasajero en los análisis de Foucault. No
podemos contentarnos con ver el estudio de lo penitenciario como mera ejemplicación
Foucault: Criminal Anthropology and Social Defense at the Origin of a
Securitarian Penality
Miguel Ángel Martín Martínez
Universidad Complutense de Madrid
miguma14@ucm.es
Foucault: antropología criminal y defensa social en el origen de
una penalidad securitaria
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de las tecnologías disciplinarias que bien pudiera haber tomado cuerpo en el estudio
de la escuela, la fábrica o el ejército. El encierro, la reclusión, la persecución y la pugna
o el solapamiento entre distintos saberes en el tratamiento de locos, criminales e
individuos peligrosos ha sido una preocupación recurrente en la obra del francés. A este
respecto, pese a que quizá el grueso más importante de las investigaciones de Foucault
en este ámbito penal y punitivo ponen su foco en las transformaciones acaecidas
hasta las primeras décadas del siglo XVIII —que permitieron la naturalización de la
forma prisión como forma casi única de castigo, el paso del suplicio al encierro, o la
generalización de las instituciones disciplinarias de encierro— lo cierto es que, según
el propio Foucault reconoce en 1981 (2012a, p. 264), gran parte de las innovaciones o
transformaciones penales contemporáneas tienen su procedencia en las convulsiones
que agitaron la penalidad y la criminología a nales del XIX a las cuales tendría que
haber dedicado mayor atención. Este mismo año, en el marco del curso posteriormente
editado como Obrar mal, decir verdad dictado en la facultad de criminología de la
universidad de Lovaina en el que se abordaba la importancia de la confesión en el ámbito
penal1, Foucault dirige un seminario transversal de investigación bajo el revelador título
Généalogie de la défense sociale en Belgique (1880-1914). Según él mismo adelanta,
tiene prevista una línea de futuras investigaciones acerca del papel fundamental que la
psiquiatría penal ejercería como punto de conexión entre la historia de la locura y la del
encarcelamiento y en la que las teorías de la defensa social —con especial protagonismo
de la escuela belga— aparecen como el engarce idóneo para hacer funcionar de manera
simultánea un sistema de verdad con un sistema de derecho a partir de una determinada
conformación del criminal (Foucault, 2012a, p. 265).
Antes de profundizar en el interés de Foucault por las transformaciones penales del
periodo 1880-1914 y su estrecha vinculación política es necesario que —siquiera de
manera telegráca— pongamos de relieve algunas cuestiones previas en lo referente al
nacimiento de una penalidad de clase a la que el francés hace referencia con su análisis
de una gestión diferencial del ilegalismo en el nacimiento de las modernas penalidades.
Los análisis foucaultianos de la cuestión del ilegalismo se nos antojan fundamentales a
la hora de centrar el abordaje del francés a la cuestión penal. Si bien existen evidentes
diferencias entre el tratamiento de esta cuestión en el curso de 1973, donde a nuestro
parecer se hace especialmente patente la inuencia o las lecturas de los historiadores
marxistas británicos y, posteriormente, en Vigilar y castigar en la que el asunto del
ilegalismo es recuperado desde una visión más política, y quizás menos moral, en este
artículo, por no ser cuanto nos atañe, nos vamos a conformar con unas breves pinceladas
que nos permitan abordar la cuestión principal de manera contextualizada. Los análisis
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foucaultianos, centrados en el nacimiento de una penalidad burguesa orientada a
garantizar y promover la expansión de un modo de producción capitalista que requiere
un orden político-moral burgués, parten de un proceso de diferenciación o ruptura
del equilibrio de los ilegalismos para poner el foco exclusivamente en el ilegalismo
popular propio de las clases subalternas. Esta criminalización del ilegalismo popular
es la culminación de un tratamiento del mismo a partir de una estrategia poliédrica
que concernía varios ámbitos diferenciados, desde una cruzada de des-moralización
previa de determinadas conductas que hasta entonces habían sido toleradas de manera
consuetudinaria, una estrategia policial de persecución y vigilancia centrada en exclusiva
en determinadas poblaciones y, por supuesto, una intensa campaña judicial, legislativa
y punitiva en la cual cobraba sentido una nueva economía del castigo burocrática,
desapasionada y eciente. El ilegalismo popular —exclusivo de las clases subalternas—
supone una amenaza para un naciente orden burgués abarcando, en un primer momento,
cualquier atentado contra la propiedad para, posteriormente, extenderse a toda
conducta improductiva, monopoliza de forma casi exclusiva el nuevo sistema de justicia
penal (Foucault, 1975, p. 198). Las clases subalternas, las poblaciones desposeídas y sus
conductas antieconómicas constituyen el verdadero peligro social, se hace “necesario
poner efectivamente bajo vigilancia a todas las clases populares” (Foucault, 2000, p.
61). La colonización burguesa de la justicia penal como “instrumento para el control
diferencial” (Foucault, 2012b, p. 328) de los ilegalismos ha de comprenderse como
una parte fundamental en un proceso de consolidación del orden burgués2. Las críticas
de los reformadores en esta segunda mitad del XVIII no han de entenderse, apunta
Foucault, desde una óptica humanitaria o lantrópica sino de acuerdo a la realidad
política de un nuevo régimen, todavía con pies de barro, que demandaba una justicia
penal capilar y porosa que penetrara en aquellos oscuros rincones que la ampulosidad
de la penalidad monárquica pasaba por alto. Una nueva justicia penal, llamada a limitar
los excesos del poder Real por su inecacia y sus discontinuidades por cuyas rendijas se
ltraban conductas antieconómicas y pequeños delitos contra la propiedad, requiere de
una serie de reformas estructurales provenientes —es importante señalarlo— de parte
del ámbito jurídico. Los reformadores son, a principios del XVIII, juristas. Las reformas
conciernen al ámbito de la ley, se trata de fundamentar una nueva economía de poder
a partir de un desarrollo legal concebido dentro de la esfera misma de lo jurídico. El
delincuente es —en esta realidad política, social y jurídica— alguien que quebranta el
contrato social y ha de ser castigado en tanto que ha vulnerado su propia condición (de
facto) de ciudadano.
DOI:10.5347/64/2026.813Miguel Ángel Martín Martínez
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