Financiamiento público
| Autor | Abel Perez Zamorano |
| Páginas | 285-307 |
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Como señalábamos en el primer capítulo de esta obra, hacia 1982 nues-
tro país iniciaría el desmantelamiento del Modelo de Sustitución de Im-
portaciones e iniciaría la era de liberalización económica, adoptando el
modelo predominante en el mundo: la economía neoliberal. En virtud
de que la economía dejó de ser “mixta” y se adoptó el “libre mercado”,
los criterios de recaudación y distribución se han modificado. Ahora se
ha introducido con mayor fuerza el principio del “nuevo federalismo”,
que se ha concretado en la llamada “Ley de Coordinación Fiscal”, que
establece los criterios de recaudación y distribución, precisando las res-
ponsabilidades de cada orden de gobierno, con el fin de evitar entre ellos
competencia y duplicidad recaudatorias.
En este apartado nos proponemos estudiar los recursos con que
cuentan los municipios de la Zona Oriente en el marco del “nuevo fede-
ralismo”, variable de la cual depende en buena medida la capacidad de
acción de los ayuntamientos; asimismo, se busca aquí determinar si los
criterios de distribución de los recursos se basan en el principio de justi-
cia distributiva. Estos temas son de gran importancia, pues se trata del
financiamiento, del combustible para poner en marcha el cambio en la
región. Cualquier proyecto de desarrollo debe considerar no sólo el qué
hacer o el cómo hacerlo, sino el monto, fuente y administración de los
recursos necesarios; de lo contrario, el análisis se reduce a un mero ejer-
cicio teórico, a una lista de buenos deseos. Por eso estudiaremos aquí, de
una parte, las fuentes del financiamiento municipal y, de otra, la forma
en que se administran los recursos, procurando evaluar, siguiendo el
mismo esquema comparativo, a la Zona Oriente respecto a las otras re-
giones, no sólo en lo que hace a la historia del financiamiento, sino a las
posibilidades y mecanismos de mejoría.
Capítulo 8
Financiamiento público
Abel Pérez Zamorano
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LA RECAUDACIÓN EN MÉXICO
No queda claro qué gobierno estableció por primera vez en México el
Impuesto Sobre la Renta (ISR). López Gallo maneja su aparición entre
1920-1924. Según él, Obregón declaraba en su último informe de go-
bierno:
Bajo el aspecto económico, nuestro sistema fiscal adolece del defecto de
estar constituido por impuestos indirectos que, en su mayoría, gravan el
consumo […] y sabido es que esta clase de impuestos lesionan los principios
de equidad, porque mientras más se desciende en la escala económica más
se acentúa la falta de equilibrio entre la renta y el consumo. […] La renta,
en efecto, es la mejor medida de las facultades económicas individuales y
colectivas con relación al impuesto.
Sin embargo, su aplicación se atribuye a Plutarco Elías Calles en su
reforma fiscal de 1924; a partir de entonces se aplica este impuesto direc-
to, el más importante, que se conserva hasta hoy.
Actualmente, existe toda una serie de impuestos directos que gra-
van la fabricación y comercialización de distintos insumos y produc-
tos. Es larga la lista, pero el impuesto indirecto más importante es el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), “que grava el consumo de los con-
tribuyentes; no repercute en forma directa sobre los ingresos, sino que
recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se tras-
lada a los consumidores a través de los precios” (CEFP, 2005); es decir,
el comerciante o productor cobra un impuesto sobre ventas a los con-
sumidores y lo entrega después al gobierno. En México, el IVA se em-
pezó a aplicar en los años setenta. Del total recaudado mediante este
impuesto,
el 10 por ciento más rico de la población (el decil X) paga el 37.18 por ciento
(…), mientras que el 10 por ciento más pobre paga el 1.71 por ciento. En
principio, ésta es una estructura progresiva, donde paga más quien más
tiene. Sin embargo, si se considera qué proporción del ingreso representa
ese pago de IVA […], observamos que hay regresividad; así, el 10 por ciento
más rico de la población paga el 6.5 por ciento de su ingreso en IVA, mientras
que el 10 por ciento más pobre paga el 11.4 por ciento de su ingreso (Her-
nández et al., 2009).
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